El “Cártel del Despojo” tiene sus candidatos en la elección judicial 

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Oaxaca.- A unos días de llevarse a cabo el primer proceso electoral judicial en la historia del país, las denuncias por la participación de perfiles vinculados con el crimen organizado y actos de corrupción, han aumentado sustancialmente. 

Como en el caso de Oaxaca, en donde abogados, activistas, víctimas y hasta exfuncionarios públicos, han advertido que el llamado Cártel del Despojo, podría ganar algunos espacios. 

El Cártel del Despojo es una agrupación criminal dedicada al robo de propiedades e integrado por funcionarios públicos, notarios, abogados, empresarios, jueces, magistrados y, supuestamente dirigido por los exgobernadores José y Alejandro Murat.

De acuerdo a las diversas denuncias públicas, dicho grupo tiene a sus propios candidatos y candidatas en el proceso de elección judicial. Siendo  sus principales propuestas el actual Magistrado Roberto Meixueiro y su compañera, Adriana Ramos, quienes buscan la reelección al cargo de Magistrados de Circuito en Materia Civil y Administrativa.

Ambos perfiles competitivos, con preparación y carrera judicial. El primero fue nombrado Magistrado en el 2006, por lo que lleva casi 20 años en el puesto y de no haber competido, hubiera sido removido. La segunda, es Magistrada de Circuito desde febrero del 2020, cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Democracia y, un Doctorado en Derecho por la UABJO. 

Sin embargo, como en muchos casos, la preparación no es sinónimo de honestidad. 

En el caso de Roberto Meixueiro, desde hace varios años ha sido señalado por impulsar una red de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial Federal y local, para beneficiar a empresarios, políticos y abogados en casos de despojos de bienes inmuebles en diversas regiones del estado. Destacando propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y en su zona norte, la de mayor plusvalía en la entidad. 

Por su parte, Adriana Ramos fue denunciada por beneficiar a dos particulares que despojaron 300 hectáreas a una comunidad indígena de Oaxaca, ordenando que el Estado les pagara 6 mil millones de pesos en enero de este año. Unos meses antes de iniciar el proceso electoral judicial. 

Aunado a ello, ambos han sido vinculados a casos como el del exdiputado priista y cercano colaborador de la familia Murat, Juan Vera, acusado de intento de feminicidio con ácido. Así como del exnotario Jorge Merlo, exfuncionario de José Murat y principal indiciado por la desaparición de las identidades de un grupo de hermanos para despojarlos de sus propiedades durante la administración del hoy senador morenista, Alejandro Murat. 

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