Balazos y Sindicatos: La Tragicomedia de la Central de Abastos de Oaxaca
Por Mario Juan Rosón
En la Central de Abastos de Oaxaca, donde los puestos de jitomate deberían ofrecer frescura, la clientela recibe hoy un plus de adrenalina: 15 detonaciones al mediodía, cortesía de dos “sindicatos” más cercanos al narcomenudeo que a la defensa de derechos laborales. La Confederación Libertad, autodenominada “gestora de seguridad”, arribó con sus gorros de beisbol y actitud de cobradores; poco después, CATEM Joven –versión junior del matonismo sindical– llegó a defender a los extorsionados. El resultado fue un intercambio de balas que, por milagro, sólo dejó vehículos con cráteres y un par de lesionados leves. Nada grave para un país donde el gatillo fácil viene etiquetado como “método de presión”.
El sindicalismo oaxaqueño, que nació a finales de los setenta con la Sección 22 del SNTE (ahora CNTE) como baluarte de maestros rurales hastiados de pizarrones rotos, se transformó en una telaraña de cuotas y “coadyuvancias” políticas. Lo que inició como lucha por escuelas dignas devino en un lucrativo sistema de extorsión: 500 pesos diarios de “derecho de piso” para que un vendedor de chiles no tenga que renovar zapatos cada vez que un proyectil decide aterrizar en su puesto.
La policía municipal, siempre puntual… para el aplauso, observó el tiroteo desde un costado; apenas se acumularon casquillos, las patrullas de la Estatal y la AEI aterrizaron para limpiar la escena y cerrar la calle. Sin detenidos —“las investigaciones apenas empiezan”, jokearon—, y con la promesa de un comunicado oficial que iluminará la penumbra de la impunidad. Mientras tanto, comerciantes y compradores salen de compras con chaleco antibalas y copia de pasaporte, por si mañana cambian los “métodos de reclamo”.
Pero la Central de Abastos es sólo la punta del iceberg. El “Cartel 22” ya tiene imitadores: la Sección 07 de Salud, experta en bloqueos de hospitales y robos hormiga de medicamentos, y la 35 de burócratas, adicta al cierre indulgente de oficinas cuando el liderazgo sindical dispensa “legítimas” protestas. El asesinato del exadministrador de los Servicios de Salud de Oaxaca no fue un accidente: fue un avance de temporada de esta serie real en la que los líderes sindicales fungen de capos con placa oficial.
Gobiernos estatales y municipales no son ajenos al festín. Entre financiamientos discrecionales y tokens de “apoyo social”, compran lealtades que se compran caras: auditorías que duermen el sueño de los justos, carpetas de investigación que el tiempo deshoja hasta el olvido y jueces tan rápidos para archivar como lentos para impartir justicia. Al final, la “comisión de honor y justicia” brilla por su ausencia en los pasillos del poder y en los discursos oficiales.
Para Mario Juan Rosón, este fenómeno no es un incidente menor, sino el síntoma de un sindicalismo devorado por la impunidad y la simulación. La Central de Abastos de Oaxaca, otrora núcleo de abasto regional, se ha convertido en un ring donde el derecho laboral pelea con la ley del plomo. El resultado: una parodia violenta que espanta a comerciantes honestos, espolea a compradores temerosos y llena de burlas los portales de las redes sociales.
¿Cuál es la cura? Ni la represión improvisada ni los operativos de ocasión bastan. Hace falta repensar el sindicato desde su raíz: transparencia absoluta en sus finanzas, mecanismos reales de rendición de cuentas y la expulsión de cualquier líder que confunda su nómina con un fondo de inversión delictivo. Requiere justicia expédita, sin cuellos blancos ni treguas políticas, y un ciudadano que deje de normalizar el “¡así somos!” como excusa para la violencia.
Mientras el gobierno desliza promesas a un micrófono y los sindicatos convierten cada plaza en una ventanilla de cobros, Oaxaca vive su propia tragicomedia. Y aunque los balazos no sean tan dramáticos como un culebrón televisivo, la audiencia real –los oaxaqueños– ya paga la entrada.
Mario Juan Rosón aconseja: si vas a la Central, mejor lleva chiles secos y paciencia infinita. Aquí, el precio de la mercancía resulta económico comparado con el costo de la impunidad.
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