Diputados aprueban dictamen sobre Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia
• Avalado en lo general y en lo particular, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con modificaciones, el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, reglamentaria del párrafo décimo tercero del artículo 21 de la Constitución Política.
Por 324 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, fueron avalados en sus términos los artículos reservados del dictamen y las propuestas de modificación presentadas por los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana, así como la aceptada por la Asamblea.
Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, luego de su aprobación en lo general y en lo particular.
La ley, producto de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
La legislación subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.
Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.
En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.
Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.
La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.
Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.
Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.
La diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño advirtió que en realidad la ley es un mecanismo legal para justificar el espionaje: “Todas y todos seremos espiados; se busca imponer un régimen totalitario que nos quiere controlar. La ley es una amenaza al derecho a la privacidad e intimidad. El espionaje va en serio; es desnudar la vida de las y los mexicanos”.
El priista Emilio Lara Calderón consideró que el nuevo sistema busca la vigilancia máxima, un control absoluto sin filtros judiciales, sin contrapesos ni transparencia, que busca clasificar de manera indefinida el espionaje, con la excusa de que es un asunto de seguridad nacional.
Mientras que el emecista Juan Ignacio Zavala, defendió los términos del dictamen al asegurar que “el tema de la inteligencia y la investigación del delito ha sido parte toral y fundamental” para el partido naranja.
La iniciativa fue objeto de críticas por parte de especialistas y organizaciones civiles. De acuerdo con José Flores, director de la organización R3D, se corre el riesgo de que se consolide una infraestructura de vigilancia sin precedentes, donde el Ejército podría intervenir comunicaciones y procesar información personal sin controles judiciales ni democráticos.
Con información de MX Diputados, Aristegui Noticias y Agencias
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