CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento clave para combatir la gentrificación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó este miércoles ante el Congreso de la Ciudad de México una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional.
La propuesta busca elevar a rango fundamental el derecho a una vivienda asequible y establecer mecanismos estrictos para frenar el aumento desmedido de los alquileres.
Frenar la especulación inmobiliaria
El eje central de la iniciativa, denominada “Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles”, plantea que el incremento anual de los contratos de arrendamiento no pueda exceder el índice de inflación reportado por el INEGI.
Durante la presentación, la mandataria fue enfática al aclarar que no se trata de un congelamiento de rentas, sino de una regulación para proteger la economía de las familias frente a cobros arbitrarios.
Mediación y defensa inquilinaria
La reforma propone la creación de una nueva institución pública: la Defensoría de los Derechos Inquilinarios.
Este organismo tendrá la facultad de regular y supervisar las relaciones entre propietarios e inquilinos. Servir como instancia de mediación para evitar litigios prolongados, así como, prevenir desalojos forzosos y garantizar procesos legales equitativos.
Como parte de la estrategia “Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible”, el proyecto introduce formalmente el derecho al arraigo vecinal. Esta medida busca que los habitantes originarios no sean expulsados de sus barrios debido a la presión del mercado inmobiliario o el fenómeno de la gentrificación, obligando al Estado a priorizar la construcción de vivienda social y la reserva de suelo público en zonas centrales.
Con esta iniciativa, el gobierno capitalino pretende transformar la política de vivienda en una política de Estado permanente, asegurando que el acceso a un techo digno deje de ser un privilegio dictado exclusivamente por el mercado.
