CIUDAD DE MÉXICO – En un giro judicial sin precedentes, el Juez Federal de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, ordenó este martes la reapertura de las investigaciones contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, por delitos de delincuencia organizada y abuso sexual.
La resolución tumba el polémico “carpetazo” que la Fiscalía General de la República (FGR) había intentado imponer en diciembre de 2025, cuando la institución decidió no ejercer acción penal contra el “Apóstol de Jesucristo”, a pesar de las pruebas presentadas por las víctimas.
El fallo judicial no solo reactiva el proceso penal, sino que pone bajo la lupa la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR. Durante meses, sobrevivientes y organizaciones civiles denunciaron una presunta protección sistemática desde la cúpula de la Fiscalía para evitar que Naasón Joaquín enfrentara la justicia en México, mientras ya cumple una condena de 16 años en California, Estados Unidos.
Las víctimas, representadas por figuras como Sochil Martin y Sharim Guzmán, señalaron que la FGR ignoró deliberadamente testimonios y pruebas de una red de trata que operaba en territorio mexicano.
La decisión del juez Rodríguez Velarde se interpreta hoy como una derrota directa a la estrategia de inacción que mantuvo la Fiscalía durante los últimos años.
La reapertura del caso también amenaza con sacudir la estructura política del país. Históricamente, La Luz del Mundo ha tejido redes de influencia con diversos partidos políticos.
Recordando el polémico concierto en el Palacio de Bellas Artes en 2019, organizado bajo el disfraz de un evento cultural, pero que fungió como homenaje a Naasón Joaquín con la presencia de senadores y diputados de diversas bancadas.
Miembros prominentes de la secta han ocupado cargos públicos, operando como enlaces directos para blindar las operaciones financieras de la organización frente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sumado a los diputados de Morena y el PVEM que son abiertamente miembros de la misma.
Con esta orden, la FGR está obligada a profundizar en la carpeta de investigación 34/2026. El objetivo no es solo juzgar al líder —quien permanece preso en el extranjero— sino desmantelar la estructura de complicidades que permitió que los abusos ocurrieran en México bajo un manto de impunidad política y judicial.
