CIUDAD DE MÉXICO – En una decisión trascendental para el federalismo mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única autoridad con facultades constitucionales para revisar el uso de recursos federales ejercidos por los municipios.
Con este fallo, el máximo tribunal del país pone un alto a la intervención de los Congresos estatales, sus órganos técnicos de fiscalización y las fiscalías locales, quienes ya no podrán auditar ni sancionar el manejo de fondos provenientes de la Federación en el ámbito municipal.
La resolución surge tras el análisis de controversias constitucionales interpuestas por diversos ayuntamientos, entre ellos Contla de Juan Cuamatzi y Atlangatepec, que impugnaron leyes locales por invadir competencias federales.
Los ministros concluyeron que, bajo el marco de los artículos 79 y 116 de la Constitución, la vigilancia de partidas como el Ramo 33 o el Fortamun recae exclusivamente en la instancia federal.
Puntos clave de la resolución:
- Exclusividad Federal: La ASF es la instancia primaria para auditar el gasto federalizado.
- Convenios Obligatorios: Los estados solo podrán intervenir en estas revisiones si existe un convenio de coordinación previo y vigente con la ASF.
- Invalidez de sanciones locales: Las autoridades estatales carecen de competencia para determinar responsabilidades administrativas o penales derivadas del mal uso de estos recursos específicos.
- Autonomía Municipal: El fallo busca evitar la duplicidad de fiscalización y proteger la autonomía de los ayuntamientos frente a posibles presiones políticas desde los gobiernos estatales.
A partir de este criterio, las auditorías locales deberán limitarse estrictamente a la revisión de recursos propios (impuestos municipales) o fondos de origen estatal.
Expertos señalan que esta medida ordena el sistema de rendición de cuentas, aunque obliga a la ASF a fortalecer su capacidad operativa para cubrir la supervisión de los más de 2,400 municipios del país.
