Oaxaca se mantiene como uno de los estados con mayores obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la salud, una crisis que no es fortuita, sino consecuencia directa de decisiones políticas pasadas.
La situación actual es el resultado de una responsabilidad compartida entre el Estado y el gobierno federal, cuyo punto de quiebre se remonta al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
Fue bajo su administración cuando el sistema de salud estatal fue entregado a la Federación, una transición realizada sin una planeación que amortiguara las consecuencias sociales, priorizando en su lugar los beneficios personales y políticos que hoy sitúan al exgobernador priista como senador bajo las siglas de Morena.
De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional 2024, basada en datos de INEGI, el 43.9% de los oaxaqueños carece de acceso a servicios de salud. Esta cifra sitúa a la entidad entre las cinco con mayor rezago a nivel nacional, superada solo por Chiapas, Puebla, Michoacán y Morelos.
Este dato confirma que, a pesar de la federalización de los servicios, millones de personas siguen en el desamparo en una entidad donde la dependencia del sistema público es vital debido a la dispersión poblacional y los niveles de pobreza.
La fragilidad operativa es el rostro más visible de esta entrega institucional. El Índice de Competitividad Estatal del IMCO reporta que Oaxaca dispone de apenas 0.5 camas hospitalarias por cada mil habitantes, uno de los registros más bajos del país, sumado a una crítica escasez de médicos especialistas.
A este panorama se añade la barrera geográfica. El Sistema de Información de Derechos Sociales del INEGI identifica a Oaxaca como uno de los estados con mayores tiempos de traslado hacia unidades médicas debido a la compleja orografía y la falta de conectividad carretera.
En cuanto a insumos, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 refleja una persistente insatisfacción en la disponibilidad de medicamentos.
Aunque el Gobierno de Oaxaca reporta una reducción estadística en la carencia de servicios entre 2022 y 2024, la realidad en las clínicas muestra que el aumento en los padrones no se ha traducido en una mejora de la capacidad instalada.
La falla de fondo es estructural. Estar registrado en una institución federal o estatal no garantiza una consulta, una cirugía o un fármaco.
Ante este escenario, el desafío para ambos órdenes de gobierno no es solo ampliar la burocracia de los padrones, sino revertir el daño causado por una entrega administrativa que buscó dividendos políticos y dejó a Oaxaca en una vulnerabilidad extrema, donde el derecho a la salud sigue condicionado por el territorio y la capacidad económica de las familias.
