Senado avala Plan Estratégico de la FGR 2026-2029: Estas son las nuevas prioridades contra el crimen
CIUDAD DE MÉXICO – Con el objetivo de transformar el modelo de investigación criminal en el país, el Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la gestión de la fiscal Ernestina Godoy.
El documento, que servirá como hoja de ruta para los próximos tres años, marca un giro en la política criminal de México al transitar de un modelo reactivo a uno basado en inteligencia y priorización de casos.
La nueva estrategia se cimenta en tres pilares fundamentales diseñados para abatir la impunidad:
- Enfoque en Delitos de Alto Impacto: La FGR dejará de dispersar recursos en delitos menores para concentrar su capacidad operativa en el combate al feminicidio, la desaparición de personas, la extorsión y el secuestro.
- Protocolos de Género Obligatorios: Una de las medidas más relevantes establece que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada, de inicio, bajo el protocolo de feminicidio, garantizando una perspectiva de género transversal en las fiscalías.
- Investigación Científica: Se fortalecerá la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mediante el uso de nuevas tecnologías y análisis de datos para desarticular las estructuras financieras de la delincuencia organizada, más allá de las capturas individuales.
La aprobación contó con el voto a favor de Morena y sus aliados, así como de Movimiento Ciudadano, quienes destacaron que el plan dota a la Fiscalía de herramientas modernas para enfrentar la crisis de violencia.
Por su parte, las bancadas del PAN y el PRI optaron por la abstención. Aunque coincidieron en la necesidad de modernizar la institución, expresaron su preocupación sobre la autonomía real de la Fiscalía, señalando que la ejecución del plan debe mantenerse libre de criterios políticos para asegurar una justicia imparcial.
Con esta aprobación, la FGR inicia una fase de reestructuración administrativa que busca, según el documento oficial, “acercar la justicia a las víctimas y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia”.
