MÉXICO — El sistema político mexicano enfrenta una crisis institucional tras la desclasificación de una acusación federal en los Estados Unidos que vincula al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con una red de protección al narcotráfico.
En respuesta, las dirigencias del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han demandado su separación inmediata del cargo para que enfrente las investigaciones en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación: Red de “Narcopolítica” y 10 funcionarios señalados
El Departamento de Justicia estadounidense formalizó cargos por conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Se les acusa de haber recibido apoyo electoral del Cártel de Sinaloa en 2021 a cambio de impunidad operativa.
Entre los nombres destacados en la acusación se encuentran:
-Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República y exsecretario general de Gobierno.
-Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
-Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General del Estado.
-Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
-Gerardo Mérida Sánchez: Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
-Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: Mandos de la policía de investigación.
El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas como “calumnias que carecen de veracidad y fundamento”. A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que demostrará su inocencia y enmarcó la acusación como un ataque político contra la denominada “Cuarta Transformación”.
Por su parte, el Gobierno Federal y las bancadas de Morena en el Congreso han cerrado filas con el sinaloense.
El coordinador de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal, aseguró que las acusaciones tienen un “tinte político” y subrayó que no existe obligación legal para que Rocha se separe del cargo mientras no se presenten pruebas concluyentes en México.
Los legisladores oficialistas sostienen que la soberanía nacional debe respetarse frente a lo que consideran una ofensiva judicial extranjera sin precedentes.
La oposición ha calificado al gobierno estatal como un “narcogobierno” y ha solicitado formalmente al Senado la desaparición de poderes en Sinaloa. Legisladores como Lilly Téllez y Ricardo Anaya señalaron que este caso representa un “punto de quiebre” en la historia del país y exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe de inmediato sobre las solicitudes de extradición que podrían derivarse de este proceso judicial en Nueva York.
Por su parte, la FGR confirmó la recepción de solicitudes de detención con fines de extradición, pero aclaró que analizará si existen pruebas fundamentadas antes de proceder.
