CIUDAD DE MÉXICO – En un fallo que redefine la protección a las familias en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso definitivo hacia la igualdad sustantiva al declarar inconstitucionales diversos requisitos que limitaban los derechos de seguridad social para quienes viven en concubinato.
El Pleno del máximo tribunal determinó que condicionar el acceso a pensiones por viudez o servicios de salud a plazos de convivencia forzosos —como el requisito de cinco años anteriormente exigido por la Ley del ISSSTE— vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la protección integral de la familia.
Adiós a los plazos restrictivos
Bajo el nuevo criterio de la Corte, ya no será indispensable acreditar un lustro de vida común para que la pareja sobreviviente acceda a los beneficios económicos y médicos derivados de la muerte del trabajador o pensionado. Los ministros consideraron que la familia es un concepto dinámico que no debe estar sujeto a plazos arbitrarios que ignoren la realidad de la unión y la solidaridad mutua.
Puntos clave de la resolución
- Igualdad ante la ley: Se elimina la distinción discriminatoria entre matrimonios y concubinatos para efectos de seguridad social.
- Flexibilidad en la acreditación: Si bien se mantiene la necesidad de demostrar una relación estable y pública, la existencia de hijos en común sigue siendo un factor de reconocimiento inmediato.
- Perspectiva de género: La Corte subrayó que estas restricciones afectaban desproporcionadamente a las mujeres, quienes históricamente han asumido roles de cuidado en uniones de hecho sin el respaldo de un contrato formal.
Un mensaje de autonomía
Además de los beneficios sociales, la Primera Sala reafirmó que el concubinato debe respetar la autonomía de sus integrantes. Se estableció que no se puede imponer un régimen patrimonial de manera automática, permitiendo que cada pareja decida sobre sus bienes y proyectos de vida.
Esta resolución obliga a las instituciones de seguridad social y a los congresos locales a armonizar sus leyes para evitar que los ciudadanos tengan que recurrir a juicios prolongados para obtener derechos que, según la Constitución, deben ser universales.
Con esta decisión, la SCJN envía un mensaje claro: la justicia protege el afecto y la convivencia real, situando los derechos humanos por encima de los formalismos burocráticos.
