Hablemos de Política
Por: Diego Martínez Sánchez
Hay cinismos que no solo insultan la inteligencia ciudadana, sino que dinamitan por completo cualquier discurso oficial de honestidad. Lo que ocurre hoy con Alejandro Murat Hinojosa es el ejemplo perfecto de cómo la simulación y el amiguismo político se imponen por encima de la justicia.
El exgobernador de Oaxaca, quien dejó al estado sumido en la quiebra y el abandono total, enfrenta investigaciones formales por un presunto y descomunal desvío de $98,000 millones de pesos.
El chiste o la burla, se cuenta solo. El hombre que saqueó Oaxaca bajo el cobijo del PRI, hoy duerme tranquilo como un legislador federal arropado por la bancada de Morena.
Para entender este escenario, hay que recordar que el ascenso de Murat al poder fue un fraude de origen y un capricho dinástico operado desde la comodidad del Estado de México, entidad de la que es nativo.
Al ser originario de Naucalpan, la Constitución de Oaxaca le impedía legalmente competir por la gubernatura. Fue ahí donde intervino la mano de su padre, el también cuestionado exgobernador José Murat Casab, quien doblegó o compró, al Congreso local para que los diputados modificaran la Constitución a conveniencia mediante el polémico “derecho de sangre”.
Así fue como modificaron la ley para heredarle el estado a un foráneo, una aberración que el máximo tribunal del país terminó validando bajo una severa contradicción institucional.
Ya instalado en el poder, su gabinete operó el saqueo a través de un esquema masivo de empresas fantasma plenamente identificadas y fichadas por el SAT. Lo verdaderamente grotesco surgió durante las auditorías de las dependencias locales, donde los funcionarios de Murat justificaron la contratación de estas firmas inexistentes con un argumento desvergonzado. Aseguraron ante los órganos fiscalizadores que la ley de adquisiciones no les prohibía explícitamente contratar empresas boletinadas. Bajo ese cobijo legaloide, pulverizaron los recursos destinados a los sectores más vulnerables e indefensos del estado.
La evidencia de este masivo desfalco presupuestal quedó grabada en el paisaje oaxaqueño en forma de 119 obras públicas completamente abandonadas, pagadas con créditos millonarios aprobados de forma exprés.
El monumento al descaro es el nuevo Centro Cultural Álvaro Carrillo, un cascarón inservible de más de 500 millones de pesos que Murat utilizó inconcluso, montando una escenografía provisional de madera y tablones solo para simular la entrega de su último informe de gobierno. A esta burla se suman 105 obras fantasmas en planteles educativos dañados por los sismos de 2017; las constructoras ligadas al mandatario cobraron los fondos de reconstrucción, abandonaron los trabajos y dejaron a miles de niños tomando clases a la intemperie.
El saqueo presupuestal convivió con la operación de una red mafiosa dentro del Registro Civil y oficinas de Catastro de su entera confianza, dedicada a falsificar identidades y documentos oficiales para arrebatarle viviendas y terrenos de alto valor a particulares.
Paralelamente, auditorías detectaron un quebranto superior a los $3,000 millones de pesos en los Servicios de Salud estatales por la falta de pago de cuotas de seguridad social, sumado a un desabasto crítico de medicamentos.
Por si fuera poco, investigaciones internacionales vinculan directamente a Murat con tramas de corrupción en España por presuntos sobornos en adjudicaciones de obra pública.
Incluso la administración sucesora denunció que el muratismo heredó otra deuda oculta y sin comprobar por $6,878 millones de pesos adicionales.
Sin embargo, a pesar de tener más de un centenar de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción, el partido oficialista decidió premiar a Murat con fuero constitucional y mandarlo como operador político al estado de Nuevo León.
Su desembarco en el norte encendió un choque frontal con Movimiento Ciudadano y el gobierno estatal de Samuel García, desatando una severa confrontación con la emecista Mariana Rodríguez, quien no dudó en calificar públicamente a Murat de corrupto. El conflicto escaló rápido al fango digital cuando legisladores afines al exgobernador de Oaxaca respondieron atacando al entorno familiar de Rodríguez, detonando una intensa réplica en redes sociales donde Ivette Morán, esposa de Murat, intervino públicamente para defender al hoy senador de la autollamada Cuarta Transformación.
Pero el verdadero fondo de toda esta puesta en escena radica en la incesante e insaciable ambición de una dinastía dispuesta a exprimir los recursos públicos a través de cualquier vía.
Para asegurar su retaguardia, el exgobernador colonizó al Partido Verde infiltrando a sus operadores y fieles sirvientes; el ejemplo más emblemático es Raúl Bolaños Cacho Cué, quien pasó de ser el sumiso cargamaletas de Murat a convertirse en senador y actual diputado de la franquicia del tucán, brincando de los votos del PRI a los de Morena sin el menor pudor.
Pero el cinismo mayor del Clan Murat apunta a la joya de la corona. La desvergonzada pretensión de postular a Ivette Morán como candidata al gobierno de Oaxaca. En un grotesco intento por repetir el fraude de origen de su esposo, la maquinaria muratista ha tratado de ocultar las verdaderas raíces de Morán —quien de acuerdo con registros oficiales y su propia semblanza de marca nació en la Ciudad de México— con la burda intención de inventarle una nueva narrativa indigenista y un supuesto origen oaxaqueño, sembrado a la fuerza en el Istmo de Tehuantepec.
El plan familiar es transparente: heredar el estado como si fuera un rancho privado mediante una farsa de identidad, demostrando que para esta dinastía, el fuero y el engaño colectivo son el único legado que verdaderamente importa.
Para ello, buscan replicar la formula que emplearon durante los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cué: incendiar Oaxaca para crear un escenario de ingobernabilidad. Aunque en esta ocasión, pareciera que el actual mandatario Salomón Jara Cruz, está dispuesto a hacerles frente.
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