CIUDAD DE MÉXICO. El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, solicitó formalmente al Comité de Transparencia de San Lázaro revertir el acuerdo que clasificó como reservada, por un periodo de cinco años, toda la información relacionada con el proceso de selección de las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).
A través de un oficio oficial, el líder parlamentario demandó aplicar el principio de máxima publicidad. Exigió la entrega de versiones públicas de los expedientes de las y los aspirantes evaluados. Esta acción busca neutralizar la ola de críticas de la oposición y de organismos civiles, quienes acusaron opacidad en el blindaje de las evaluaciones, actas y calificaciones del proceso técnico-jurídico.
Los ejes de la confrontación por la transparencia
El conflicto interinstitucional e interpartidista se reactivó tras conocerse el alcance de la reserva dictaminada originalmente por el órgano interno de la Cámara de Diputados:
- El argumento de la reserva: El Comité de Transparencia del Palacio Legislativo justificó el blindaje de cinco años bajo criterios de protección de datos personales de los 369 aspirantes y la salvaguarda de la seguridad nacional en el diseño del árbitro electoral.
- La contraofensiva de la Jucopo: Monreal argumentó en su misiva que la renovación del Consejo General del INE es un asunto de “alto interés público”, por lo que el Poder Legislativo no puede permitirse zonas de opacidad ni sospechas de discrecionalidad.
- El choque en el pleno: Bancadas de oposición y figuras de la minoría parlamentaria ya preparaban impugnaciones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), calificando el veto informativo como un “atentado democrático”.
El impacto en el proceso de selección
La intervención del presidente de la Jucopo obliga al Comité de Transparencia a sesionar de manera extraordinaria para modificar los criterios jurídicos del acuerdo. Fuentes parlamentarias anticipan que el comité cederá a la presión política y técnica de la Jucopo. Esto obligará a la publicación inmediata de los currículums, puntajes obtenidos y dictámenes de idoneidad, omitiendo únicamente datos sensibles de carácter estrictamente personal.
Con esta maniobra, la mayoría legislativa busca legitimar un proceso de designación clave que marcará el equilibrio de fuerzas dentro del Consejo General del INE para los próximos ciclos electorales.
