CIUDAD DE MÉXICO — El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma histórica a la Ley de Educación local que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en escuelas de educación básica, abarcando planteles públicos y privados.
Con 47 votos a favor, la modificación elimina de forma definitiva el marco legal anterior que permitía a los estudiantes portar y utilizar estos dispositivos durante las horas efectivas de clases.
La iniciativa dictaminada por la Comisión de Educación responde a un diagnóstico crítico sobre el rendimiento escolar y la salud mental de los menores. Durante el debate legislativo, se expuso que el 75% de los docentes identifica al teléfono celular como el principal factor de distracción dentro del salón de clases.
Los legisladores argumentaron que la medida no busca aislar a los estudiantes de la era tecnológica, sino combatir problemas crecientes como el ciberacoso (ciberbullying), la exposición a contenidos inapropiados, los trastornos de sueño y la pérdida de atención, un fenómeno que según datos de la Unesco puede costar hasta 20 minutos de concentración recuperar.
Excepciones y enfoque pedagógico
La nueva normativa establece un veto general, pero contempla dos escenarios específicos en los que se permitirá el uso de herramientas tecnológicas:
Casos de emergencia: Situaciones de fuerza mayor que pongan en riesgo al estudiante.
Fines educativos: Actividades didácticas estrictamente planificadas y supervisadas por el profesor a cargo.
La reforma mandata a la Secretaría de Educación local y a la Autoridad Educativa Federal a implementar programas de capacitación. El objetivo es que la restricción física de los teléfonos se traduzca en el impulso de un aprendizaje digital crítico, seguro y responsable a través de los recursos institucionales de los planteles.
Siguientes pasos para las escuelas
Tras su aprobación en el Congreso, el decreto será enviado a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
A partir de su entrada en vigor, las direcciones de cada escuela primaria y secundaria de la capital deberán diseñar e implementar protocolos internos para el resguardo de los dispositivos durante la jornada escolar.
