CUERNAVACA, MORELOS. — El sistema de procuración de justicia en Morelos opera bajo un esquema selectivo y reactivo: si el caso no se vuelve viral, la ley no se mueve. Las recientes denuncias públicas de Paula y Daniela, dos mujeres que tuvieron que exhibir el horror de sus agresiones familiares en redes sociales para ser escuchadas, confirman el abandono institucional que padecen miles de morelenses en una entidad donde denunciar formalmente suele ser sinónimo de archivo muerto.
Burocracia y negligencia: Los casos de Paula y Daniela
El caso de Paula exhibe de forma cruda los fallos del Poder Judicial local. Videos difundidos en plataformas digitales muestran las brutales agresiones físicas y amenazas infligidas por su exesposo, Jorge Francisco Rabadán Torres, cometidas frente a sus cuatro hijos menores de edad. Pese a que la violencia familiar inició en 2020, un juzgado familiar otorgó de manera negligente facilidades de convivencia al agresor. Esto obligó a la defensa a exigir la pérdida de la patria potestad bajo el artículo 202 Bis del Código Penal local, evidenciando que los juzgados civiles fallan sin juzgar con perspectiva de género.
Por su parte, Daniela destapó la impunidad y el desaseo administrativo que impera dentro de la fiscalía de la entidad.
Tras denunciar penalmente a su progenitor, Jaime Colín Montenegro, por acoso, violencia familiar y presuntos delitos sexuales cometidos tras el divorcio de sus padres en 2022, la víctima topó con pared institucional: el personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos le notificó que los antecedentes violentos del agresor, denunciados formalmente en los años 2008 y 2013, simplemente “desaparecieron” del sistema. Sin registros y bajo una severa asfixia económica, la única salida para Daniela fue recurrir al juicio de la opinión pública.
Autoridades: Acciones cosméticas ante una crisis estructural
La respuesta del aparato gubernamental llegó tarde y a remolque del escándalo mediático. Tras la indignación masiva bajo la consigna #JusticiaParaPaula, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, anunció la atracción formal de ambos expedientes bajo instrucciones de la gobernadora Margarita González Saravia. El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y el cuerpo de Abogadas de las Mujeres activaron medidas de contención psicológica y asesoría legal de urgencia.
Sin embargo, para las organizaciones civiles y colectivos feministas de la entidad, esta intervención oportuna no es un reflejo de eficiencia, sino una estrategia de control de daños políticos.
Mientras Paula y Daniela reciben atención prioritaria por la presión de los clics, cientos de mujeres anónimas en Cuautla, Jiutepec, Yautepec y zonas rurales enfrentan cotidianamente a ministerios públicos que minimizan las lesiones, dilatan deliberadamente las órdenes de restricción o revictimizan a quienes acuden a solicitar auxilio.
La dolorosa realidad detrás de las cifras oficiales
Esta simulación y la falta de debida diligencia se traducen de forma directa en vidas rotas en un estado que mantiene activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2015 en ocho de sus municipios, sin resultados tangibles.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos encabeza recurrentemente la tasa de feminicidios más alta de México, superando los 3 casos por cada 100,000 mujeres, triplicando consistentemente el promedio del país.
Datos del INEGI (ENDIREH) muestran que el 69.6% de las mujeres morelenses de 15 años o más han sido víctimas de violencia psicológica, física, económica o sexual a lo largo de su vida.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha documentado de manera independiente un alarmante repunte en las muertes violentas de mujeres, registrando más de 1,600 feminicidios acumulados en las últimas dos décadas en la entidad.
Los casos de Paula y Daniela demuestran que, en Morelos, la justicia formal está rota. Las mujeres de la entidad permanecen atrapadas en un doble calvario: el peligro latente dentro de sus propios hogares y la indolencia de un Estado que solo reacciona cuando el video de una agresión se vuelve tendencia.
