CIUDAD DE MÉXICO — El ambicioso plan de control digital del Gobierno federal enfrenta una doble crisis de legitimidad y operación. Al día de hoy, 3 de junio de 2026, el panorama para el registro obligatorio de telefonía móvil de cara a la fecha límite del 30 de junio revela un marcado rechazo ciudadano, fallas tecnológicas crónicas y el inicio de una inminente batalla en el Poder Judicial.
A pesar de la advertencia oficial de que el próximo 1 de julio se suspenderá el servicio a las líneas no vinculadas, las cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones exponen un rezago crítico. De los más de 150 millones de líneas móviles activas en el país, apenas una fracción menor al 32% ha completado el trámite normativo. Esto perfila un potencial apagón de conectividad para millones de mexicanos y pone en jaque la viabilidad política de la reforma.
El frente judicial: Aguascalientes abre la puerta al amparo
El descontento social por la entrega obligatoria de la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificaciones oficiales mutó rápidamente en una estrategia de litigio estratégico. Esta semana se confirmó la admisión de los primeros juicios de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito. El caso punta de lanza se originó en Aguascalientes, donde un ciudadano impugnó con éxito los alcances regulatorios de la medida al considerar que vulnera los derechos fundamentales a la privacidad, la seguridad de la información y la protección de datos personales.
Fuentes del sector constitucionalista señalan que este recurso abre la puerta a un efecto dominó de suspensiones. Argumentan que las solicitudes de “prueba de vida” mediante reconocimiento facial, sumadas a las recientes fallas de ciberseguridad reportadas en portales de operadores como Telcel, otorgan elementos suficientes para que la justicia federal otorgue la protección constitucional contra el corte de la línea.
El fantasma de la inconstitucionalidad
Para el Poder Ejecutivo, esta medida representa un pilar de su estrategia de seguridad pública orientada a mitigar delitos de alto impacto como la extorsión telefónica. Sin embargo, para los analistas de políticas públicas y gobernanza, el proyecto evoca de forma directa los fracasos legislativos del pasado:
- El antecedente del REAUT (2008–2011): Su base de datos terminó filtrada y a la venta en el mercado negro.
- El revés del PANOUT (2022): La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró formalmente inconstitucional bajo la premisa de que “controlar y supervisar a los seres humanos” a través de un padrón telefónico no es constitucionalmente válido (Acción de Inconstitucionalidad 82/2021).
Sin margen de maniobra en el Congreso
A pesar de que el Senado de la República evaluó a inicios de año una propuesta técnica para postergar la fecha límite hasta 2028 debido a la exclusión de comunidades rurales e indígenas sin conectividad, la postura del bloque oficialista se ha mantenido inflexible. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reiteró que no habrá prórrogas de último minuto.
El dilema político actual es mayúsculo. Si el Gobierno ejecuta la suspensión masiva el 1 de julio, se arriesga a paralizar la actividad económica de millones de usuarios de prepago. Si decide dar marcha atrás o si el Poder Judicial congela la aplicación mediante suspensiones definitivas, significará un costo político severo y un nuevo fracaso en el intento del Estado por regular el entorno digital de los ciudadanos.
