La última trampa del clan: El plan de los Murat para adueñarse de Oaxaca imponiendo a Ivette Morán de Murat
Hablemos de política, por Diego Martínez
La política oaxaqueña parece atrapada en un bucle temporal donde el apellido Murat pretende consagrarse como una dinastía perpetua. Tras el paso de José Murat y la posterior administración de su hijo, Alejandro Murat, la maquinaria familiar ya diseña su siguiente jugada: imponer a Ivette Morán de Murat como la próxima carta fuerte para la gubernatura del estado. Esta ambición dinástica desafía la madurez democrática de una entidad que clama por renovación, no por relevos conyugales o herencias de sangre.
Es de justicia elemental reconocer el pasado reciente. Durante su gestión al frente del DIF estatal, Ivette Morán desempeñó una labor visible, activa y con un activismo social que conectó con sectores vulnerables. Su paso por la institución asistencial dejó proyectos tangibles y una presencia constante en las comunidades que muchos ciudadanos recuerdan de manera positiva. Sin embargo, presidir un organismo de asistencia social —cuyo rol es principalmente filantrópico y de apoyo— dista abismalmente de poseer las credenciales, la visión de Estado y la autonomía política necesarias para gobernar una de las entidades más complejas, pluriétnicas y desiguales del país.
La estrategia de la dinastía Murat para capturar el poder en Oaxaca nunca se ha limitado a las urnas; su verdadera especialidad es la colonización silenciosa y el quebranto financiero de las instituciones. Cuando el suegro de la aspirante, José Murat Casab, gobernó de 1998 a 2004, no solo consolidó un régimen de abusos y autoritarismo, sino que inauguró una escuela de opacidad financiera, heredando una deuda pública superior a los 4 mil millones de pesos, una cifra escandalosa para la época.
Al dejar el cargo, lejos de retirarse, José Murat se convirtió en el principal factor de desestabilización política en la entidad. Durante el violento conflicto de 2006 en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, Murat operó de manera subterránea y financió activamente a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a la Sección 22 del sindicato magisterial. Su objetivo real era incendiar el estado y derrocar al entonces gobernador como una severa venganza política, luego de que Ruiz Ortiz decidiera cortar de tajo con su influencia y exiliarlo por completo de la vida pública del estado. Incendiar las calles de la capital no fue una lucha por justicia social, sino un chantaje calculado por el control político absoluto.
Esta misma receta de ingobernabilidad se replicó durante el sexenio de la supuesta alternancia de Gabino Cué Monteagudo. Mientras las calles volvían a colapsar bajo el caos social inducido desde las sombras por el propio exgobernador, la dinastía tomaba por asalto las delegaciones federales en Oaxaca, convirtiéndolas en oficinas particulares de su grupo político. El control fue absoluto. La Delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en manos del incondicional muratista Flavio Bayliss, se utilizó para administrar el pulso de la inestabilidad social, mientras que carteras de infraestructura y desarrollo social, operadas por alfiles como Celestino Alonso Álvarez, secuestraron las decisiones presupuestales de la Federación. Desde estos feudos federales, los Murat crearon una estructura paralela de poder con un solo fin oculto: pavimentar el regreso del apellido a través de Alejandro Murat Hinojosa en 2016.
Lo que siguió fue un saqueo institucional de proporciones históricas. Las investigaciones en curso conducidas por la Secretaría de Honestidad indagan al exgobernador Alejandro Murat y a 24 colaboradores cercanos por un presunto desvío de más de 98 mil millones de pesos, el desfalco más grande en la historia de la entidad federativa, ejecutado a través de simulación de contratos, empresas factureras y triangulación de fondos públicos que ya han derivado en la inhabilitación de 19 exfuncionarios de su círculo cercano.
Es bajo este contexto de alarmante opacidad donde se debe analizar la gestión de la propia Ivette Morán al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca. Lejos de la narrativa oficial de un voluntariado filantrópico y desinteresado, el organismo operó con presupuestos inflados que sirvieron como una pasarela de imagen personal. Es sumamente fácil proyectar una imagen de cercanía social y colgarse medallas de empatía cuando los recursos públicos fluyen sin restricción ni un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
Durante el último año del sexenio de su esposo, el Congreso del estado destapó un desproporcionado incremento de recursos: el DIF Oaxaca tenía asignado un presupuesto de 374 millones de pesos, pero para el tercer trimestre de ese año ya se habían devorado más de 807 millones de pesos, representando un incremento de más del 215 por ciento que fue destinado a la promoción de la imagen pública y el confort de la primera dama.Los órganos de fiscalización locales y las denuncias parlamentarias apuntaron directo a la total opacidad en el manejo de estos recursos extras. Gran parte del financiamiento se justificó como “gastos de representación y viáticos personales” para supuestas giras asistenciales de unidades móviles, pero en los portales públicos de transparencia se omitieron intencionalmente los hipervínculos a los informes obligatorios de comisión. A esto se sumaron los constantes reclamos ciudadanos que acusaban que las jugosas ganancias del Monte de Piedad del Estado —organismo sectorizado cuyos recursos no estaban sujetos a auditorías estrictas en el sexenio pasado— eran entregadas íntegras a la oficina de Morán sin comprobar de forma legal su destino social, sirviendo como una gigantesca caja chica sin fiscalización real mediante el uso de adjudicaciones directas a sobreprecio.
A esta opacidad financiera se sumó un agravio directo a la identidad cultural del estado: las denuncias penales por plagio, robo de textiles tradicionales y apropiación cultural indebida. Colectivos de artesanas indígenas alzaron la voz para denunciar penalmente a Ivette Morán por utilizar la infraestructura, las giras oficiales y la plataforma del DIF estatal con el fin de beneficiar a su marca privada de ropa, Moravy. Bajo una falsa narrativa de apoyo y empoderamiento, la marca incurrió en el despojo intelectual de los diseños colectivos de comunidades de la Mixteca, Tuxtepec y la Sierra Juárez, mutilando y recortando lienzos tradicionales para confeccionar prendas de alta moda comercializadas a precios exorbitantes. Mientras el erario público financiaba la pasarela personal de la primera dama y su negocio privado, las y los artesanos oaxaqueños enfrentaron una sistemática explotación laboral, recibiendo pagos miserables que no correspondían al valor real de sus piezas, convirtiendo el patrimonio cultural de los pueblos originarios en un botín mercantil para la familia gubernamental.
La persistente ambición de imponer a Ivette Morán de Murat como candidata a la gubernatura tropieza con una realidad identitaria que el dinero y el marketing político no pueden comprar: el profundo sentido de pertenencia de la sociedad oaxaqueña. Oaxaca, con su inmensa complejidad pluricultural, sus 570 municipios y sus profundas heridas históricas, necesita con urgencia una gobernadora o un gobernador que sea originario del estado. No se trata de un simple requisito legal, sino de una demanda de dignidad y de conocimiento real del territorio. El estado no puede seguir siendo el premio de consolación o el laboratorio de personajes desarraigados que solo ven a la entidad como un trampolín político o un botín familiar.
Gobernar Oaxaca requiere haber caminado sus comunidades sin el cobijo de un séquito oficial, entender los sistemas de usos y costumbres sin necesidad de un manual de antropología y haber vivido las carencias de las regiones desde la realidad cotidiana, no desde el confort del privilegio foráneo. El activismo asistencial que Morán de Murat presume carece de legitimidad propia porque fue, en esencia, un guion perfectamente armado. Una coreografía de relaciones públicas financiada por el erario, diseñada con precisión milimétrica para simular una supuesta preocupación por el bienestar de la entidad. Las sonrisas ensayadas para la fotografía y las entregas de apoyos programadas no sustituyen la falta de raíces ni el verdadero entendimiento de las necesidades de los pueblos originarios.
Oaxaca no es una puesta en escena ni sus habitantes son extras de un videoclip electoral. Tras décadas de soportar los saqueos, las estrategias de ingobernabilidad fabricadas desde las sombras por José Murat y los desfalcos gubernamentales, el estado exige respeto. Intentar heredar la gubernatura de Oaxaca por la vía matrimonial no es un proyecto de continuidad social; es la urgente jugada de una dinastía para recuperar las instituciones fiscalizadoras y la fiscalía local, sepultar los expedientes penales que los persiguen y garantizar que los miles de millones de pesos desaparecidos queden blindados por la impunidad y el auto-perdón familiar. La próxima página de la historia oaxaqueña la debe escribir alguien que comparta el origen, el destino y el dolor de su gente. El poder político en Oaxaca debe regresar a sus verdaderos legítimos dueños: los propios oaxaqueños.
