Lenia Batres Guadarrama, la ministra más costosa del máximo tribunal, mantiene a su cargo una nómina de 94 colaboradores que representa un gasto aproximado de 5 millones de pesos mensuales al erario.
Los datos oficiales de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirman que la denominada “ministra del pueblo” sumó 14 nuevas contrataciones en su ponencia durante el último año, consolidándose como la integrante con el equipo de apoyo más grande y caro de todo el tribunal.
Esta expansión contradice de forma directa los discursos institucionales de austeridad republicana y ha desatado una intensa revisión sobre el uso de los recursos destinados a la justicia en el país.
El robusto equipo de trabajo financiado por el presupuesto de la SCJN no se compone únicamente de asesores directos, sino que incluye una amplia red de dictaminadores especializados en la proyección de sentencias.
La nómina mensual de la oficina se distribuye entre 32 secretarios auxiliares, 25 técnicos operativos, 15 auxiliares, 9 secretarios de estudio y cuenta, 7 profesionales operativos y 6 asistentes, convirtiéndose en una de las estructuras internas más pesadas de la administración judicial.
Mientras tanto, el actual ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz opera bajo un esquema de reestructuración que redujo al personal de la presidencia en un 35%, estableciendo que el resto de las ponencias se mantengan en un promedio regular de entre 45 y 61 integrantes.
A pesar de contar con este histórico despliegue de personal, el rendimiento y la eficiencia jurídica de la ministra han sido objeto de severas críticas en las sesiones del pleno, donde sus proyectos han sufrido reveses importantes por inconsistencias técnicas o inviabilidad constitucional.
Entre los tropiezos legales más polémicos destaca su propuesta en la Contradicción de Criterios 49/2026, donde defendió la postura de cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ahorros de las Afores heredadas por familiares de trabajadores fallecidos.
Esta iniciativa fue rechazada por el pleno y fuertemente criticada por diversas organizaciones de juzgadores, como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), las cuales advirtieron que la propuesta vulneraba el derecho fundamental a la seguridad social y atentaba de forma directa contra el patrimonio familiar.
Asimismo, la ministra provocó una fractura histórica e inédita dentro del tribunal al intentar imponer la figura de la “cosa juzgada fraudulenta” en uno de sus proyectos, con la intención oculta de reabrir juicios y sentencias que ya estaban firmemente cerrados. A pesar de que una abrumadora mayoría de ministros votó en contra de esta medida por violar el principio constitucional de certeza jurídica, Batres protagonizó un tenso reclamo y se negó rotundamente a modificar el párrafo 52 de su texto.
Estos desencuentros legales, sumados al rechazo de sus proyectos por el pleno judicial, alimentan los cuestionamientos de los analistas, quienes señalan que la millonaria inyección de recursos en su ponencia no ha logrado traducirse en una producción de sentencias sólidas que respeten el marco constitucional.
