MÉXICO — El sector salud del país enfrenta una profunda reestructuración tras confirmarse la eliminación de 824 claves de medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Con esta medida, el catálogo oficial se redujo drásticamente de 2,753 a 1,929 opciones disponibles, una decisión que ha encendido las alarmas entre médicos y legisladores, pero que el Gobierno Federal defiende como una estrategia regulatoria para garantizar el abasto real en los hospitales.
La reforma obliga al personal médico de instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar a recetar exclusivamente los fármacos autorizados que se encuentren físicamente “en existencia” en las farmacias institucionales, bajo los lineamientos de los nuevos Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM).
Esta medida transforma directamente la experiencia del paciente en la farmacia del hospital. Hasta hace poco, un médico podía prescribir un fármaco específico basándose en su criterio clínico; si la farmacia no lo tenía, el paciente recibía un vale de desabasto o debía esperar a que se surtiera.
Con las nuevas reglas, el sistema informático bloquea las claves eliminadas y aquellas sin inventario, impidiendo que el médico genere la receta digital. Esto significa que el usuario solo saldrá del consultorio con medicamentos que el hospital tiene físicamente listos para entregar en ese momento, eliminando las recetas pendientes pero reduciendo drásticamente las opciones de tratamiento disponibles para enfermedades complejas.
La Secretaría de Salud federal justificó el recorte argumentando que el catálogo requería una depuración urgente por obsolescencia tecnológica. De acuerdo con las autoridades, el 21% de los fármacos de atención primaria y el 41% de los tratamientos hospitalarios eliminados eran fórmulas superadas por alternativas más modernas, seguras y eficientes.
El gobierno sostiene que reducir las claves optimiza las compras consolidadas y evita la emisión de recetas de medicamentos que los hospitales no pueden surtir. Afirman, además, que la medida no responde a un criterio de austeridad presupuestal, sino a una unificación de criterios clínicos para elevar la calidad de la atención.
En la otra acera, diputados de la Comisión de Salud y diversas asociaciones médicas han calificado la medida como un intento de “institucionalizar el desabasto”.
Los críticos denuncian que limitar las opciones médicas amarra las manos de los especialistas, arrebatándoles la autonomía clínica para prescribir tratamientos personalizados cuando el fármaco de almacén no funciona.
Organizaciones de pacientes expresaron su preocupación por la desaparición de terapias combinadas y medicamentos innovadores. Advierten que la eliminación de estas claves impactará directamente a personas con enfermedades crónicas, diabetes, VIH y padecimientos de alta especialidad, quienes podrían ver interrumpidos sus tratamientos o ser obligados a costearlos por su cuenta en el sector privado.
El decreto ya se encuentra en marcha en las unidades médicas del país, mientras los gremios de salud exigen mesas de revisión técnica para evaluar el impacto real de esta reducción en la salud de la población.
