- El aparato del gobierno ha contribuido a generar un clima de violencia, ataques e intimidación contra la prensa oaxaqueña
- Nueva ley de periodistas: ¿una mordaza para periodistas y personas comunicadoras de la Costa, Istmo, Mixteca, Cuenca, Sierra, Cañada y demás regiones?
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“Acuérdense de su compañero muerto”. Esa fue la más reciente amenaza recibida por un grupo de periodistas en Oaxaca mientras cubrían una protesta. No es una frase suelta ni el exceso verbal de alguien enojado. Es la confirmación de que, en Oaxaca, ser periodista o persona comunicadora sigue siendo un oficio de riesgo y que ese riesgo crece al mismo ritmo en que el Gobierno del Estado deja pendientes las acciones necesarias para enfrentarlo.
En el Oaxaca de hoy, recordarles a reporteros, mientras realizan una cobertura, que uno de sus compañeros fue asesinado es una amenaza.
Es intimidación. Y, sobre todo, es la evidencia brutal de que el asesinato de un periodista ya puede ser utilizado para intentar callar a otros.
Desde que el gobernador Salomón Jara se reunió con periodistas oaxaqueños para abordar el asesinato de Alejandro Leyva, la lista de agresiones, hostigamientos e intimidaciones contra el gremio no ha dejado de crecer.
Y cada nuevo ataque tiene un denominador común que ya no puede seguir maquillándose con comunicados de buena voluntad: la inacción y la omisión de las autoridades estatales.
UNA MESA QUE NUNCA VOLVIÓ A INSTALARSE
Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla. Antes de su muerte había denunciado amenazas y persecución y responsabilizó públicamente al gobernador y a otros funcionarios en caso de que algo llegara a sucederle.
El 24 de julio, el gobernador recibió formalmente una propuesta integral para instalar un Comité Estatal de Atención y Protección Integral a Periodistas y Personas Comunicadoras.
Aquel día, el gobernador reconoció públicamente que su administración tenía la responsabilidad de garantizar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y aseguró que quien agrediera a un periodista tendría que responder ante la ley.
La respuesta a las propuestas del gremio fue la que ya conocemos de memoria en este país: recepción cordial, buena disposición discursiva y pocos compromisos concretos materializados.
Cuatro días después, en una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno y las coordinaciones de Derechos Humanos y Comunicación Social, el propio gobierno ofreció como respuesta un genérico “Sistema Estatal de Atención a los Medios de Comunicación”, una estructura que, frente a la propuesta jerárquica y concreta presentada por el gremio, resultaba claramente insuficiente.
Se habló de una mesa inmediata de trabajo encabezada por la Secretaría de Gobierno; de reuniones con periodistas el primer lunes de cada mes; de trabajar una nueva legislación de protección; de revisar la creación de un comité especializado; de extender las reuniones a las regiones del estado y de involucrar a autoridades municipales para garantizar condiciones para el ejercicio periodístico.
No eran favores solicitados por periodistas. Eran obligaciones del Estado.
Y, a partir de ese momento, ocurrió algo fundamental: el Gobierno de Oaxaca quedó formalmente advertido del riesgo.
Por eso cada agresión, hostigamiento o ataque criminal posterior tiene ahora un peso político distinto.
La siguiente reunión de seguimiento, programada para el 7 de agosto en Palacio de Gobierno, simplemente no se realizó.
Se pospuso. Y el tiempo siguió corriendo.
LAS AGRESIONES NO SE DETUVIERON
El 8 de agosto, Rey David Jiménez García, director de Salina Cruz Sin Censura, recibió llamadas con amenazas de muerte después de difundir una videocolumna crítica sobre presuntas irregularidades municipales. ARTÍCULO 19 documentó el caso y solicitó protección urgente e investigación. Posteriormente, el Gobierno de Oaxaca otorgó seguridad temporal mediante elementos de la Policía Auxiliar mientras se resolvía la intervención del Mecanismo federal. Esa reacción debe reconocerse.
Pero reaccionar después de una amenaza no sustituye una verdadera política preventiva que evite que el periodista llegue a ese punto.
El 17 de agosto ocurrió algo todavía más inquietante, porque la confrontación provino del propio entorno gubernamental. ARTÍCULO 19 documentó y calificó como estigmatizantes las expresiones dirigidas contra Juan Carlos Zavala, corresponsal de El Universal en Oaxaca, por parte del titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, durante una conferencia de prensa.
La organización advirtió que este tipo de discursos oficiales puede generar un ambiente hostil e incrementar el riesgo contra periodistas.
Zavala presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos.
El funcionario quizá no ordena una agresión. Pero puede contribuir a construir el clima en el que otro se siente autorizado para agredir. Ahí radica una de las responsabilidades más graves del poder público.
Después vino Ernesto Rojas Ayuzo.
El periodista denunció amenazas y hostigamiento y responsabilizó públicamente al secretario de Gobierno, quien negó haber ordenado persecución alguna y sostuvo que las actuaciones de su dependencia tuvieron una finalidad institucional y de protección.
Esa negativa debe consignarse con la misma claridad que la acusación.
Precisamente porque existen versiones enfrentadas, lo que corresponde es una investigación independiente y no una guerra de declaraciones.
El 3 de septiembre se conoció otro episodio alarmante.
El reportero Graciano Gómez Lescas fue retenido durante casi 24 horas mientras realizaba una cobertura en San Sebastián Río Hondo y denunció amenazas con machetes. Finalmente fue liberado tras la intervención de autoridades, incluida la Secretaría de Gobierno y la Guardia Nacional.
Y al día siguiente llegó la advertencia frente a Semovi:
“Acuérdense de su compañero muerto”.
¿Cuántas señales necesita un gobierno para entender que enfrenta un problema estructural?
UNA LEY QUE SE COCINA A ESPALDAS DEL GREMIO
Lo más grave no es solamente lo que el gobierno no ha hecho.
También preocupa lo que, entre integrantes del gremio, podría estarse preparando sin una participación amplia de periodistas y personas comunicadoras.
Ha trascendido que en el Congreso de Oaxaca avanza una iniciativa de ley de protección elaborada en coordinación con un grupo reducido y que dicha propuesta contemplaría proteger exclusivamente a “periodistas”, dejando fuera a las “personas comunicadoras”.
Si esa información se confirma, sería gravísimo.
Particularmente porque, en las regiones del estado, lejos de las redacciones de la capital, son frecuentemente las personas comunicadoras quienes se exponen de manera directa a la violencia en zonas de conflicto comunitario, político, agrario o social.
La protección de la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia profesional otorgada por el Estado.
Mucho menos en una categoría reservada para quienes alguien decida reconocer oficialmente como “periodistas”.
Existen además hechos que alimentan las dudas sobre la transparencia del proceso.
En una reunión con la diputada Tania Caballero, promotora de una de las iniciativas presentadas ante el Congreso, ella preguntó a un integrante del comité provisional del gremio, en referencia a la propuesta impulsada por una asociación civil.
“¿Cómo le vamos a hacer para que sólo aparezcan periodistas?”
La frase no puede ser tomada a la ligera.
Porque detrás de esa pregunta existe un problema de fondo: ¿quién pretende decidir quién merece protección y quién debe quedar fuera?
Días después, capturas de WhatsApp mostraron otra situación difícil de explicar.
Mientras el comité provisional aseguraba no haber recibido las iniciativas legislativas prometidas, la propia diputada escribía, el 20 de agosto, que creía que “ya se las habían dado”.
Cuando el comité solicitó posteriormente esas iniciativas al Congreso, la respuesta consistió únicamente en dos hojas simples con un pequeño informe sobre el estatus de las propuestas.
Nada más.
Y entonces surgen más preguntas.
Que un integrante con voz dentro del comité provisional participe simultáneamente en otro proceso relacionado con una propuesta legislativa no representa, por sí mismo, irregularidad alguna.
Pero sí existe una obligación elemental de transparencia hacia sus propios compañeros.
Lo que todavía no está suficientemente claro es cuál es el texto completo de esa propuesta, quién está organizando los nuevos foros, cuál será su metodología, quién podrá participar, cómo serán incorporadas las personas comunicadoras de las regiones y qué relación guarda ese proceso con las iniciativas que ya existen en el Congreso.
La unidad del gremio, condición indispensable para negociar cualquier legislación de protección realmente efectiva, no puede fracturarse justamente cuando más se necesita.
Y esa fractura tampoco debe ser aprovechada por quienes desde el poder deciden con quién sentarse a dialogar, a quién escuchar y a quién dejar fuera.
Una ley oaxaqueña que estableciera una categoría cerrada y excluyera a comunicadores comunitarios, digitales o independientes no sería una modernización.
Sería legislar mirando al periodismo del siglo pasado.
Existe además una circunstancia que obliga a una explicación adicional.
Si un compañero que forma parte del denominado comité provisional surgido después del asesinato de Alejandro Leyva; participa simultáneamente en otro proceso legislativo, no existe impedimento para hacerlo.
Lo que sí existe es una obligación elemental de transparencia frente al colectivo del que forma parte. Una propuesta que pretende proteger al gremio no puede permanecer escondida del propio gremio.
Y mucho menos puede construirse una ley que termine dejando fuera precisamente a quienes trabajan en las zonas de mayor vulnerabilidad.
OTRO ATAQUE CRIMINAL CONTRA UN PERIODISTA: UNA ADVERTENCIA QUE NO DEBE SER TRATADA COMO SIMPLE RUMOR
En días recientes, un columnista relató algo todavía más perturbador.
Según su testimonio, una fuente vinculada al ámbito gubernamental le recomendó cuidarse porque existiría preocupación ante la posibilidad de una nueva agresión letal contra un periodista, supuestamente orientada a generar una mayor desestabilización política.
La versión requiere corroboración independiente y no puede asumirse como un hecho probado.
Pero desecharla automáticamente también sería un error. Una advertencia de ese nivel no debe terminar archivada como simple rumor.
En análisis de riesgo, una información semejante obliga a verificar, cruzar fuentes y activar mecanismos de prevención.
Si alguna autoridad dispone de información relacionada con una posible agresión contra un periodista, tiene la obligación de actuar antes de que aparezca otro cuerpo.
No después.
LA RESPONSABILIDAD ES DEL GOBIERNO, NO DE LAS VÍCTIMAS
Ninguno de estos hechos, analizado de manera aislada, bastaría para atribuir al gobierno la autoría de todas las agresiones.
Pero juntos revelan otra clase de responsabilidad: la responsabilidad política e institucional derivada de la falta de prevención, respuesta integral y continuidad de los compromisos asumidos.
Un gobierno que recibe una propuesta técnica de protección y no la transforma en una política pública efectiva; que pospone sus propias mesas de diálogo; que no construye una respuesta integral con todo el gremio; que permite que surjan dudas sobre procesos legislativos desarrollados sin suficiente transparencia, y que sigue sin ofrecer resultados contundentes sobre el asesinato de un periodista semanas después de los hechos, no puede alegar sorpresa cada vez que un nuevo comunicador es amenazado, hostigado o agredido en cualquier región del estado.
El derecho internacional es claro en este punto, y Oaxaca no puede seguir actuando como si no lo conociera.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH establecen que la obligación estatal frente a la violencia contra periodistas no se agota en perseguir el delito una vez cometido.
También existe un deber de prevención. El Estado debe establecer mecanismos institucionales capaces de impedir que la violencia vuelva a ocurrir.
El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad parte precisamente de ese principio: la violencia contra quienes informan no puede combatirse únicamente después de ocurrida.
Y en México, la propia Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contempla medidas de prevención y protección, no únicamente respuestas posteriores a las agresiones.
Un ambiente en el que ya circulan entre columnistas versiones sobre intereses que buscarían desestabilizar al propio gobierno mediante nuevos hechos de violencia criminal contra la prensa, versiones que, sean ciertas o no, revelan un clima de temor real dentro del gremio, debería ser motivo suficiente para que el Gobierno del Estado actuara con urgencia, transparencia y verdadera voluntad política.
En cambio, lo que observamos son mesas pospuestas, compromisos pendientes y dudas crecientes sobre una legislación que podría nacer excluyente.
Oaxaca tuvo, y todavía tiene, la oportunidad de convertirse en punta de lanza nacional en materia de protección a periodistas y personas comunicadoras.
Pero esa oportunidad se está cerrando.
Cada nueva amenaza recibida por un reportero es también una alerta de todo lo que sigue pendiente.
Y mientras el Gobierno del Estado no convoque, no proponga soluciones concretas y no dialogue de manera abierta con periodistas y personas comunicadoras de todas las regiones de Oaxaca, la responsabilidad política por el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión seguirá creciendo.
Porque la responsabilidad por una agresión corresponde, en primer término, a quien amenaza, hostiga o ataca.
Pero el Estado tiene otra responsabilidad que no puede evadir: PREVENIR.
Y cuando una autoridad conoce el riesgo, escucha las advertencias, promete actuar y aun así no construye mecanismos eficaces para impedir nuevas agresiones, ya no puede limitarse a mirar hacia otro lado.
Después de Alejandro Leyva, nadie puede decir que no estaba advertido.
CON EL BRAZO IZQUIERDO / Froylán Méndez Ferrer
Afiliado al SINMCO
