CIUDAD DE MÉXICO. — El sistema de justicia de la Ciudad de México vuelve a exhibir su faceta más selectiva y complaciente frente al poder económico. Lo que inició como un litigio laboral ordinario se ha transformado en un preocupante ejemplo de cómo la maquinaria penal del Estado puede ser utilizada como una extensión del brazo jurídico de un gigante corporativo. El encarcelamiento de la abogada laboralista Irene León Escamilla, quien suma más de 21 meses bajo prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, enciende las alarmas sobre la criminalización de la defensa de los derechos de los trabajadores.
El origen del caso es nítido pero incómodo para el gran capital. La abogada León Escamilla cometió lo que en el México del influyentismo parece ser un “delito” imperdonable: ganar un juicio laboral en contra de Grupo Herdez, obteniendo incluso un amparo firme a favor de su cliente. La respuesta de la multinacional, poseedora de inmensos recursos y conexiones, no fue acatar el laudo de las autoridades laborales, sino activar una feroz contraofensiva penal.
A través de una cuestionable acusación de fraude procesal, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a cargo de Bertha Alcalde Luján, actuó con una celeridad pocas veces vista para los ciudadanos de a pie, encarcelando a la litigante. La asimetría del conflicto es obscena: por un lado, una de las empresas de alimentos más ricas e influyentes del país; por el otro, una profesionista cuyo único pecado fue ejercer su labor jurídica con eficacia.
La actuación de las autoridades locales no solo es deficiente, sino que roza la complicidad institucional. El uso sistemático de dilaciones procesales, el diferimiento constante de audiencias y el mantenimiento prolongado de una medida tan drástica como la prisión preventiva sugieren una estrategia deliberada para desgastar a la defensa y enviar un mensaje de castigo ejemplar. No se trata de la búsqueda de justicia, sino de una represalia corporativa que utiliza el aparato punitivo del Estado para amedrentar a quienes se atreven a litigar contra los consorcios que se asumen intocables.
Defender la actuación de Irene León Escamilla es, hoy en día, defender el ejercicio libre e independiente de la abogacía en México. Si ganar un juicio laboral contra una empresa multimillonaria es motivo suficiente para perder la libertad en un proceso penal plagado de opacidad, el mensaje para los defensores de los derechos laborales es devastador. Mientras el Poder Judicial local mantenga bajo rejas a una abogada por el simple hecho de hacer su trabajo, la justicia en la capital seguirá teniendo el color del dinero.
