Congreso de Oaxaca emite exhorto para verificar cuentas anónimas; alertan riesgos para la denuncia ciudadana y la libertad de expresión
Con 30 votos a favor, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó por unanimidad un exhorto presentado por la diputada de Morena, Sandra Daniela Taurino Jiménez, que solicita a autoridades digitales y electorales detectar y verificar perfiles anónimos en redes sociales.
El objetivo formal es combatir la violencia política de género, requiriendo incluso a la empresa Meta Platforms, Inc. información técnica para identificar a los operadores de dichas cuentas.
Si bien la legisladora argumentó que el anonimato en internet no debe ser un escudo para la impunidad ni una herramienta para violentar a las mujeres en la vida pública, defensores de derechos digitales y constitucionales advierten que el mecanismo abre la puerta a la censura indirecta y debilita una garantía democrática clave: el derecho al anonimato.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos de derechos humanos defienden el uso de perfiles reservados en entornos digitales como una herramienta legítima de autoprotección.
Históricamente, el anonimato permite a periodistas y activistas investigar y difundir información sobre redes de corrupción, desvíos de recursos y nexos delictivos sin sufrir agresiones físicas o persecución judicial.
Por otra parte, permite a la ciudadanía común señalar abusos de poder o negligencias institucionales desde sus comunidades sin el temor a perder su empleo, enfrentar represalias o sufrir intimidación por parte de actores políticos locales.
Para evitar que este exhorto legislativo se convierta en una herramienta de intimidación contra la crítica legítima, especialistas recuerdan que las agencias gubernamentales o electorales no pueden actuar de manera unilateral.
Cualquier solicitud de datos personales o direcciones IP a empresas tecnológicas como Meta requiere forzosamente de una denuncia formal y la orden de un juez de control.
Las autoridades judiciales están obligadas a desechar los casos donde un funcionario intente revelar la identidad de un crítico, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que los servidores públicos tienen un umbral de tolerancia mucho más alto al escrutinio social.
De acuerdo con diversos informes de la organización civil Artículo 19, este tipo de medidas se inscribe en un contexto de constantes tensiones legislativas y judiciales en México que impactan negativamente la libertad de expresión.
La organización ha señalado que múltiples iniciativas de ley y puntos de acuerdo promovidos en el Congreso Federal y en Congresos locales, con frecuencia impulsados por representantes del partido Morena, buscan regular el entorno digital de formas que debilitan las garantías individuales de la ciudadanía.
Estos esfuerzos legislativos, combinados con un incremento en el uso de demandas por daño moral e investigaciones penales contra voces críticas, son catalogados por defensores de derechos humanos como mecanismos de acoso judicial que inhiben el debate democrático y limitan el flujo de información en el espacio público.
