CIUDAD DE MÉXICO.— En un fallo que debilita la fiscalización electoral centralizada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por cuatro votos contra uno, que el Instituto Nacional Electoral (INE) carece de competencia para investigar la presunta campaña anticipada de los coordinadores estatales de Morena.
Con esta resolución, la mayoría de los magistrados optó por el formalismo geográfico antes que por la realidad política, fragmentando una denuncia de carácter nacional en pequeños pleitos locales.
La decisión de la Sala Superior sepultó el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el único voto disidente y la única voz en el pleno que se atrevió a señalar el elefante en la habitación. Rodríguez Mondragón advertía lo evidente: las designaciones de Morena bajo la etiqueta de “coordinadores” no son hechos aislados ni espontáneos, sino que configuran una estrategia nacional y sistematizada de posicionamiento anticipado que vulnera la equidad de la contienda.
Sin embargo, al ordenar que las quejas promovidas por Movimiento Ciudadano (MC) sean desmenuzadas y enviadas a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de cada estado, el TEPJF incurre en una riesgosa atomización de la justicia electoral. En la práctica, enviar estas denuncias a las autoridades locales diluye el impacto de la investigación.
Los OPLEs, históricamente más vulnerables a las presiones de los gobernadores en turno y con capacidades técnicas e institucionales inferiores a las del INE, difícilmente podrán evaluar el impacto real de una maquinaria partidista que opera a nivel federal.
Aunque la mayoría de los magistrados se apresuró a aclarar que este fallo no representa una absolución para los implicados de Morena, el mensaje de fondo es de una alarmante permisividad.
Al desarticular la facultad de atracción del INE sobre estrategias nacionales disfrazadas de procesos locales, el Tribunal Electoral abre una peligrosa ventana de impunidad.
Mientras el árbitro nacional queda atado de manos por la burocracia competencial, el partido en el poder consolida una fórmula probada: hacer campaña permanente al filo de la ley, sabiendo que la justicia electoral prefiere mirar la letra pequeña antes que el panorama completo.
