Retienen a recién nacida de pareja triqui en hospital de CDMX; acusan racismo y criminalización de sus
CIUDAD DE MÉXICO. – Una recién nacida de la comunidad indígena triqui fue entregada a sus padres tras permanecer retenida durante siete días en el Hospital Pediátrico Peralvillo. La separación ocurrió luego de que el personal médico y ministeriales catalogaran la falta de un documento burocrático como un presunto delito, desatando acusaciones de violencia institucional.
El conflicto inició cuando Laura Ramírez dio a luz en su domicilio de la colonia Doctores. Días después, ella y el padre, Gabino Santiago, acudieron al hospital capitalino para que la menor recibiera atención médica básica y el tamiz neonatal. Al no contar con una hoja de alumbramiento por haber parido en casa, la institución médica les negó la salida de la bebé y notificó al Ministerio Público bajo la sospecha de un robo de infante.
Ante las protestas de la comunidad a las afueras de sus instalaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una declaración donde defendió su procedimiento bajo el argumento de proteger el interés superior de la infancia. La dependencia informó que inició una investigación para determinar la filiación de la menor al carecer de registros oficiales, por lo que ordenó una prueba de ADN obligatoria y turnó el resguardo temporal al DIF local hasta obtener los resultados positivos que permitieron la entrega.
Colectivos civiles y defensores de derechos humanos criticaron duramente el actuar de las autoridades, señalando que el caso evidencia un claro racismo estructural y la criminalización de las prácticas culturales de los pueblos originarios. Acusaron que la actuación del hospital y de la Fiscalía vulneró directamente el derecho a la identidad, el principio de no discriminación y la Ley General de Salud, la cual prohíbe explícitamente la retención de pacientes o recién nacidos por cuestiones administrativas.
Asimismo, señalaron que la separación forzada constituyó violencia de género e institucional, al obstaculizar la lactancia materna y generar un daño psicológico severo a la madre. Tras recuperar a su hija, los padres formalizaron denuncias penales en contra del personal involucrado y exigieron una reparación integral del daño, además de una disculpa pública por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
