CIUDAD DE MÉXICO.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó una presunta red de corrupción y simulación de contratos en el sistema electoral mexicano que involucra un gasto de casi 9 mil millones de pesos entre 2014 y 2026. Los recursos fueron concentrados por solo dos grupos empresariales a través de licitaciones manipuladas y el uso de empresas fantasma.
Al presentar la segunda entrega de los informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, anunció el inicio de una investigación de oficio para deslindar responsabilidades tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
De acuerdo con el informe gubernamental, de los 8 mil 870.3 millones de pesos bajo investigación, un total de 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a contratos firmados directamente con los OPLES estatales, mientras que el resto vincula a dependencias centrales del INE y otras áreas de la administración electoral.
El modus operandi consistía en simular competencia en los procesos de licitación pública. Una vez asignado el contrato, la empresa ganadora subcontrataba los servicios con firmas pertenecientes al mismo consorcio. La auditoría descubrió que estas compañías carecían de infraestructura básica y personal para operar, registrando en algunos casos menos de cinco empleados o nóminas inexistentes.
Asimismo, la investigación técnica detectó vínculos financieros directos entre servidores públicos de los organismos electorales y los consorcios beneficiados. El esquema se apoyó también en operaciones por 21.3 millones de pesos con empresas factureras cuyas certificaciones ya fueron revocadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hernández Palacios Cardel afirmó que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias y no se limitará a las oficinas centrales. Adelantó que, una vez consolidados los expedientes y las pruebas de inteligencia financiera, la ASF procederá penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos fiscales y patrimoniales.
