12 septiembre, 2021

Juez frena definitivamente la reforma eléctrica

Power substation and pylons with power lines. This image created from multiple images for the better quality

Aunque el juez concedió las suspensiones contra la reforma eléctrica a 2 empresas, indicó que los efectos deben extenderse a todas.

El juez segundo especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó dos suspensiones definitivas contra la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), frenando la intención del gobierno de modificar las leyes a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En días anteriores, Gómez Fierro ya había otorgado suspensiones provisionales en contra de la ley, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir una investigación en su contra. Confrontando de manera directa a los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Con estas medidas, el juzgador frena cualquier cambio en el funcionamiento del sistema eléctrico del país hasta que el Poder Judicial declare si la reforma propuesta por el propio presidente Obrador, es constitucional o no.

Aunque las suspensiones fueron otorgadas por separado a dos empresas, Zuma Energía y Eoliatec, Gómez Fierro estimó que el efecto debe extenderse a todas las compañías participantes del sistema para evitar ventajas a las dos firmas amparadas.

“Debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por una empresa que realiza una actividad regulada en el sector eléctrico, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector”, apuntó el juez.

Ante las medidas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen 10 días para interponer una impugnación ante un tribunal colegiado de circuito, escenario en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer el caso para determinar la constitucionalidad de la reforma.

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