Por Diego Martínez / @diegomtzsanchez
El pasado 8 de marzo, millones de mujeres en todo el mundo alzaron la voz exigiendo justicia y un alto a la violencia. A la violación de sus derechos y libertades.
Y aunque en algunos países este llamado se ha transformando en políticas públicas y acciones de gobierno que atiendan el problema de fondo, en otros, no solo ha sido ignorado por las autoridades, incluso lo han demeritado y distorsionado al grado de convertirlo en un problema político electoral. Tal y como es el caso de México, en donde el propio presidente ha denunciado sin pruebas que el movimiento feminista es manipulado desde grupos de oposición a su gobierno.
Y aunque se han autodenominado como un gobierno humanista, liberal e incluso feminista, durante las manifestaciones de pasado lunes, pudimos observar la verdadera naturaleza de lo que prometio ser la esperanza de México.
El blindaje de Palacio Nacional y la indiferencia presidencial, sumado a un fuerte operativo policial en la capital mexicana resultó en varias mujeres policías heridas, así como manifestantes y periodistas detenidas. Acusadas claro, de atentar en contra de la paz nacional, pero ignoradas en sus demandas por vivir en plena libertad.
Mientras que en algunos estados como Aguascalientes, gobernado por el PAN, la policía que debiera cuidar y proteger a la ciudadanía, fue denunciada por perseguir y encarcelar de manera ilegal a las mujeres que salieron a protestar.
Tan solo en enero de este año, fueron asesinadas 307 mujeres pero solo 67 fueron catalogados como feminicidios.
En el 2020, según cifras oficiales, 3,723 mujeres fueron asesinadas con violencia, de los cuales solo 967 son investigados como feminicidios, mientras que 2,783 son catalogados como homicidios dolosos.
A estas preocupantes cifras podemos agregar los más de 220 mil delitos de violencia familiar y el 99% de impunidad en delitos de violencia sexual en contra de mujeres.
Hoy nos queda claro que la política gubernamental para atender la creciente violencia en contra de las mujeres y la impunidad que la acompaña, es simplemente no hacer nada y culpar al pasado sin responsabilizarse por las omisiones o acciones del presente, como la designación de candidatos acusados por violación y abuso sexual.
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