Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la violación a la libertad de expresión por parte de la Agencia Notimex y su directora, así como los ataques a periodistas que critican su administración; el mandatario atacó a la organización Artículo 19, que se encarga de respaldar la labor de los medios de comunicación y defender la libertad de expresión.

El mandatario aseguró que todos los integrantes de Artículo 19 pertenecen al movimiento conservador que está en su contra y aseveró que puede probar sus dichos, aunque no presentó pruebas en ese momento.

Más tarde, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, publicó a través de Twitter que la organización es financiadas a través de fondos multianuales, otorgados principalmente por fundaciones privadas y gobiernos de Norteamérica y Europa Occidental.

Y en la lista de patrocinadores está el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, recordó que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos contra la Corrupción, un grupo de oposición al gobierno de López Obrador, fue director, por una década, de Artículo 19.

En respuesta, el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo:

“No nos extraña, es la forma de proceder del presidente, la manera de distorsionar la realidad como dimos cuenta en nuestro informe publicado el año pasado, como lo hace todas y cada una de las mañaneras y ahora nos tocó a nosotros; la conversación se va a volcar seguramente, o ya se está volcando sobre Artículo 19, para perder el punto central sobre el cuál estamos hablando que es que desde la agencia de noticias del estado mexicano orquestaron ataques en Twitter en contra de periodistas”.

Aseguró que estos ataques involucraron el uso de recursos públicos, lo que debería derivar en responsabilidades de diversa índole en contra de quienes ordenaron estas campañas: “Pero evidentemente, siguiendo su estrategia de comunicación política, el presidente otra vez distrae, nos vincula con el Departamento de Estado en una narrativa que pretende poner un halo de sospecha sobre el trabajo que hemos desempeñado como organización internacional desde hace 34 años y como oficina regional desde hace 13″.

En torno al señalamiento hecho por el mandatario sobre estar financiada por empresas extranjeras y el Departamento de Estado, Maldonado aseguró que la organización recibe financiamiento de los mecanismos de cooperación de diversos países y fundaciones como es el caso de la Fundación Ford, Estados Unidos, Irlanda, Unión Europea. E hizo hincapié en que el financiamiento no condiciona o impone una agenda programática o política al trabajo realizado.

Dijo que al igual que cuando organizaciones ambientalistas cuestionaron el Tren Maya, el mandatario “trata de voltear la tortilla diciendo que reciben fuentes de financiamiento extranjero las organizaciones que están defendiendo a las comunidades mayas que se oponen a su mega obra”.

Mencionó que el objetivo de estas acusaciones es “sembrar dudas” en torno a la validez de sus investigaciones y que Artículo 19 ha sido sumamente crítica en sexenios anteriores como el de Enrique Peña Nieto por el uso de la herramienta de espionaje ‘Pegasus’, o el del panista Felipe Calderón Hinojosa en cuanto al aumento de la violencia contra los periodistas.

Comentó que el presidente López Obrador no tuvo reparos en el pasado para utilizar sus informes, como sucedió en el debate presidencial de 2012 con los candidatos Enrique Peña Nieto, del PRI, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, en el que utilizó sus cifras sobre publicidad oficial en colaboración con Fundar.

Rechazó que la organización tenga una animadversión contra el actual gobierno mexicano y que a éste -dado que ya no es oposición- le toca hacerse cargo de garantizar el ejercicio periodístico en condiciones de seguridad.

“Hoy el presidente, lo que acaba de hacer, es extenderle carta de impunidad a Sanjuana Martínez, a pesar de la evidencia de que se han orquestado campañas selectivas contra periodistas, extrabajadoras y extrabajadores de Notimex, muchos de ellos contratados por ella”, para que no se confunda el tema con el de la huelga sindical. Mencionó que la propia Martínez ordenó estos ataques desde cuentas particulares y cuentas falsas de Twitter.

Dijo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos retomó las investigaciones presentadas por Aristegui Noticias, Signa Lab y Artículo 19 y las validó a partir de los elementos públicos de información accesibles.

“No es un informe atípico ni con dedicatoria a nadie; de hecho el informe es sumamente extenso sobre la situación de los derechos humanos en México, habla de la desaparición, la tortura, ejecuciones extrajudiciales debido proceso, libertad de expresión en términos amplios, la libertad religiosa, es decir, aborda tópicos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos en el país en esto que es una crisis de derechos humanos que vivimos desde hace mucho tiempo”, mencionó.

Maldonado recordó que el estudio fue presentado en dos entregas, la primera en mayo y la segunda en junio de 2021 donde se encontró que “de manera directa, la hoy directora de Notimex da órdenes e instrucciones directas de atacar a través de Twitter“. El segundo informe, titulado ‘La guerra está en Twitter‘ retomó las palabras utilizadas por la directora de la agencia de noticias, Sanjuana Martínez.

Por su parte, la directora de Signa Lab del ITESO, Rossana Reguillo, defendió el rigor utilizado en el estudio presentado en mayo de 2020. Mencionó que se analizaron ocho mil tuits que arrojaron cuatro cuentas con comportamiento atípico, utilizaban fotografías personales de las cuentas de los extrabajadores de Notimex y se dedicaban al acoso sistemático y orquestado con el fin de hacer daño. En menos de cuatro días realizaban cerca de 200 tuits.

“Lo que se hizo fue una descarga de un período de tiempo para encontrar lo que nosotros llamamos patrones atípicos de divulgación de tuits”, precisó.En caso Notimex Signa Lab detecto patrones atipicos de divulgacion, con cuentas vinculadas con la Red AMLORossana Reguillo, coordinadora de Signa Lab, informo que durante la investigacion del caso Notimex encontraron patrones atipicos de divulgacion de tuits, con cuentas que se coordinaban con la Red AMLO.

Su estrategia estaba dirigida selectivamente contra los extrabajadores y la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea. No se trataba de algoritmos sino de personas que operaban intencionalmente y coordinada utilizando estas cuentas, mismas que eran replicadas por automatismos o ‘bots’.

Signa Lab concluyó que esta conducta era una violación a los derechos humanos, particularmente a la libertad de expresión. En un segundo estudio constataron que las cuentas de Artículo 19 y, Aristegui Noticias y la personal de Reguillo recibieron 280 mil tuits de ataque.

Señaló que tras la intervención del presidente, ha empezado a recibir ataques en su cuenta de Twitter y negó que su análisis sea sesgado. “Quienes dicen eso, es porque no han leído los informes”, concluyó.

A la defensa de las agrupaciones civiles, se sumaron más de 160 organizaciones de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación, junto con más de 400 activistas y periodistas, quienes expresaron su apoyo.

Por medio de una misiva, el grupo condenó las declaraciones que López Obrador realizó en contra de Artículo 19, refiriendo que esos comentarios “deslegitiman el trabajo de la organización”.

“Reconocemos el alto y comprometido desempeño que ha realizado la organización y su equipo durante más de una década. Su trabajo profesional y necesario hace de Artículo 19 un referente en el país y la región para la defensa y garantía de la libertad de expresión, el derecho a la información, y la protección a las y los periodistas y comunicadores”, lee la carta.

“Los señalamientos del presidente en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores y periodistas abonan a la polarización existente en el país, y a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran”, agrega.

Los firmantes de la carta, entre los que figuran organizaciones como Amnistía Internacional, Red de Periodistas de a Pie, Transparencia Mexicana e Impunidad Cero, al igual que colectivos de España, Argentina y Brasil, también acusaron a Andrés Manuel López Obrador de “fragilizar el debate público y la rendición de cuentas”, y poner en riesgo a profesionales “comprometidos en hacer avanzar el estado de derecho en el país”.

Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe expresó su “repudio total” a los comentarios del presidente en contra de Artículo 19, “lo que sólo muestra una alarmante intolerancia a la crítica y el trabajo de derechos humanos en el país más peligroso para el periodismo en la región”.

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