En su informe 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló que el gobierno de México desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores.
Derivado del decretó emitido en mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avalando el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.
El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas”, estableció el organismo.
Añade que el gobierno reaccionó a la pandemia de Covid-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. También aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres, reportó Amnistía Internacional.
Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”, resumió.
El documento menciona que solo el año pasado se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los que 969 fueron investigados como feminicidios.
De acuerdo con el informe, el Estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido de Veracruz, Colima y Morelos.
Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260,067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197,693 en todo el 2019.
En este sentido destaca el recorte del gasto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, detalló y del Instituto Nacional de las Mujeres, que redujo en julio 75% de su presupuesto operativo (151 millones de pesos).
“El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”, indica el estudio.
Añade que al finalizar el año, 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” seguían vigentes en 18 entidades federativas del país, precisó, y “no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género’’.
Destacó que las restricciones asociadas al Covid-19 afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en la región, siendo México “el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020.
“Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año”, señaló el reporte.
“En mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno. La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos”.
Bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo fideicomiso se disolvió en octubre y sus fondos pasaron al presupuesto público general, 1,313 personas pudieron mantener medidas de protección: 887 defensores de los derechos humanos y 426 periodistas.
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