6 mayo, 2021

Polígrafo Mx

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Comienzan los amparos contra registro Biométrico

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones, concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) aprobado hace unos días por el  Senado de la República.

Este amparo, concedido únicamente a Óscar González Abundis para evitar su registro en el padrón de celulares, fue otorgado bajo el argumento de que la entrega de datos biométricos puede no ser idónea para perseguir delitos.

“Recordemos que la finalidad del PANAUT es crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil, para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos”, se lee en el documento.

De un análisis superficial -como el que implica analizar la apariencia del buen derecho- este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, puntualizó.

Será el próximo 27 de abril cuando se conozcan si se concede al quejoso la suspensión definitiva,

El martes 13 de abril de 2021, el Senado mexicano aprobó, con una estrecha votación de 54 a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La nueva ley crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), una base de datos que contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, y los datos biométricos de quienes tengan líneas de celular, entre otra información.

Los datos quedarán a disposición de las autoridades de seguridad y justicia, facilitando así el combate contra determinados delitos, según el Gobierno. Sin embargo, para Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), “esta medida es demagógica, peligrosa y autoritaria”.

“Es demagógica porque es completamente absurdo creer que delincuentes utilizarán líneas de telefonía móvil registradas a su nombre y sus datos biométricos con el fin de cometer delitos”, afirmó García, citado por la agencia AP.

La ley, que entrará en vigencia luego de su promulgación por parte del Ejecutivo, establece un plazo de dos años para que los usuarios que ya cuentan con una línea registren sus datos, y de seis meses para quienes adquieran líneas nuevas.

Los partidos de oposición, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Laborista (PT) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), habían propuesto cambios para, entre otras cosas, eliminar el registro de datos biométricos. Sin embargo, la mayoría oficial de Morena rechazó las modificaciones.

Desde la sociedad civil, la firma Trusan y Roma Abogados interpuso esta mañana un amparo contra la Ley Federal de Telecomunicaciones, que afectará a 122 millones de usuario de telefonía móvil.

De acuerdo con la ley, el padrón deberá contener el número de la línea, fecha y hora en la que se activó la tarjeta SIM así como el nombre o razón social del usuario.

También, incluirá la nacionalidad del dueño de la línea, su número de identificación social y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Al respecto, el abogado Rodolfo Martínez, socio del despacho, explicó a Forbes México que la nueva reforma viola diversos derechos que se consagran en la Constitución general, como la no discriminación y pone en clara desigualdad a las personas.

Sin embargo, expuso que la transgresión más grave es que se vulnera el derecho al acceso a las telecomunicaciones sin interferencia alguna, ya que la nueva ley condiciona el uso de las comunicaciones a la filiación en un padrón.

“Quizá, de las violaciones más importantes a la Constitución federal está el hecho de que el artículo sexto de la Constitución con toda claridad establece el derecho humano de libre acceso a las telecomunicaciones sin injerencia alguna”.

Rodolfo Martínez

“Desafortunadamente en el artículo cuarto transitorio de esta reforma establece que las personas que no formen parte del padrón serán automáticamente retirados del servicio de telefonía móvil, es decir, serán canceladas sus líneas”.

El litigante indicó que la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión carece de efectividad ya que ni siquiera para su implementación en casos de seguridad es capaz de mostrar su pertinencia, pero si su carácter transgresor a la Constitución.

“Es una ley que ya nace muerta en su efectividad y con ella se vulneran los datos personales y además se atenta contra el principio de presunción de inocencia porque prácticamente ahora todos somos criminales por tener una línea de celular”, apuntó.

De igual forma advirtió sobre la incapacidad que ha mostrado el gobierno para la administración de datos personales y garantizar su seguridad.

Martínez explicó que esperan que el juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica en telecomunicaciones otorgue el amparo y suspenda la ley a fin que sus clientes no les sea retirado el servicio de telefonía móvil por no registrarse en el padrón.

El abogado no desestimó que las acciones contra la ley de telecomunicaciones sea escalada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esta instancia establezca si hay anticonstitucionalidad en los preceptos de la nueva reforma.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la R3D, indicó que los ciudadanos tienen que exigir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tratarse de una medida violatoria de los derechos humanos.

“En la R3D nos estamos organizando para que las personas puedan enviar sus peticiones a estos organismos de manera directa”.

El Inai ya se ha pronunciado sobre el tema advirtiendo que el registro de datos biométricos podría representar riesgos para la protección de los datos personales. Sin embargo la CNDH, que encabeza Rosario Piedra, cercana al presidente López Obrador, ha guardado silencio.

Con información de Forbes México, AP, El Sol de México, El Universal y France 24

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