Desde el inicio de su carrera política, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, ha sido señalado como operador de empresas factureras, incluso por el propio gobernador de la entidad.

También se le vincula por lazos familiares con reconocidos líderes del crimen organizado a quienes supuestamente habría ayudado en el blanqueo de capitales.

Sin embargo, con su postulación por la gubernatura de la capital industrial del país y su creciente aprobación, las acusaciones se convirtieron rápidamente en investigaciones en cursos, llegando a su familia directa y política.

De acuerdo a una investigación federal, la esposa, el padre y el suegro de Samuel García, están implicados en una red de transferencias bancarias por más de 180 millones de pesos, que no cumplen con los procedimientos fiscales correctos. Así como, otras operaciones que no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que de confirmarse darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos.

Desde el 2019, García Sepulveda es investigado por operaciones sospechosas, como depósitos por 26 millones de pesos provenientes de Grupo Renok SA de CV, una empresa fantasma identificada por el SAT; otros 171 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y retiros por más de 17 millones de pesos en efectivo entre 2018 y 2020.

Las irregularidades vinculadas con Samuel García han generado que los bancos emitan alertas a la autoridad hacendaria ante el riesgo de blanqueo de recursos pero no habían afectado su vida pública, no obstante la extensión hacía su familia podría complicarle el panorama al senador con licencia.

Una de las personas revisadas es su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a quien no se le localizaron declaraciones anuales de impuestos, pese a que en sus cuentas registra operaciones y depósitos por montos considerables.

Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, Rodríguez Cantú recibió depósitos por 1 millón 371 mil pesos a través de 60 transferencias bancarias con el sistema SPEI. El dinero fue enviado desde la cuenta de una empresa que, según la indagatoria, cuenta con tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero, entre ellas una por presentar transacciones que se alejan del perfil manifestado.

En los mismos años la joven también recibió depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto de millón 114 mil 20 pesos en sucursales bancarias de San Pedro Nuevo León. Sin embargo, de acuerdo a las indagatorias, Cantú no tiene registro de actividades comerciales o laborales.

Rodríguez Cantú aparece como socia de dos empresas con razón social BE BACANO INC S. DE R.L. de C.V. y MIMIMER S.A. de C.V., las cuales no generan reportes financieros y parecen estar inactivas.

Otra alerta fueron los 2.94 millones de pesos que la esposa del candidato a gobernador pagó con su tarjeta American Express en solo medio año, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

Además, se identificó al menos una transferencia vía SPEI por 136 mil pesos desde la empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, de la que su esposo es socio, la cual también tiene una alerta en el sistema financiero por desviaciones en su comportamiento transaccional.

Derivado de todo lo anterior existen dos alertas por operaciones inusuales emitidas por las áreas antilavado de los bancos en el sistema financiero en contra de Mariana Rodríguez Cantú.

También se investiga a Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre de Mariana y suegro de Samuel García. Esto debido a su vínculo con presuntas operaciones inusuales y nexo con empresas fantasma

De acuerdo con un modelo de riesgo diseñado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar posible lavado de dinero, Rodríguez cuenta con una puntuación de 6.35 en una escala del 1 al 10, el cual se considera muy alto. Esto como resultado de operaciones y nexos directos con empresas de alto riesgo.

Por ejemplo, aunque Rodríguez reporta ser un empresario dedicado a la venta de inmuebles, se detectaron transferencias a sus cuentas por más de 6 millones 200 mil pesos por pago de honorarios asimilados a salario. Estos provienen de empresas que no tienen nada que ver con dicho giro y que cuentan con alertas de operaciones inusuales en el sistema financiero.

La indagatoria federal también alcanza a Samuel Orlando García Mascorro, padre del candidato a gobernador de Nuevo León, quien es identificado como sospechoso de posible evasión fiscal.

Al igual que su hijo, Mascorro es accionista de las sociedades García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC., que a su vez son accionistas de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V..

Compañías implicadas en transferencias bancarias y posible triangulación de recursos por más de 170 millones de pesos.

La empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC cuenta con una alerta de las áreas antilavado por desviaciones en su comportamiento transaccional histórico, y su liga con otras empresas también reportadas.

Dicha firma cuenta con una tarjeta de consumo American Express cuyo beneficiario es García Mascorro, con la que en poco más de un año se registraron consumos por más de 14 millones de pesos, los cuales también han sido alertados como una posible actividad vulnerable al lavado.

La indagatoria federal también identifica como un punto a revisar una serie de transferencias por más de 3 millones 703 mil pesos que García Mascorro hizo hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos y Chile.

Por su parte, Samuel García ha reiterado que están dispuestos a aclarar cualquier operación si la autoridad lo solicita, negando estar implicados en hechos irregulares.

Con información de Animal Político

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