12 septiembre, 2021

México registra un estancamiento en materia de Estado de Derecho: WJP

  •  Los 32 estados del país tienen retos importantes en su adherencia al Estado de Derecho, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2020-2021.·        
  • La ausencia de medidas de justica abierta y digital para operar por medios remotos y colaborativos con la ciudadanía durante la pandemia afectó el funcionamiento de los sistemas de justicia penal. ·        
  • Datos muestran un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos; los puntajes de la libertad de prensa y del espacio cívico cayeron en 16 entidades.·       
  •  En una escala que va del 0 al 1, los estados con los puntajes más altos son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36). 

Ciudad de México.- El World Justice Project (WJP) presentó por tercera ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas. 

El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 fue presentado por Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho en el WJP, y Leslie Solís, Investigadora del WJP.

En el evento virtual participaron Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI, Jesús Moya, Auditor Mayor del ISAF de Sonora, Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP; así como las y los titulares del Poder Ejecutivo de Guanajuato, Sonora, y Yucatán; y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB. De acuerdo con Alejandro González, “el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 brinda datos robustos y hallazgos accionables para informar los diagnósticos y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en planes y programas de las 32 entidades federativas”. 

En su tercera edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,300 especialistas en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes.

Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal. 

Para Leslie Solís, “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”.

Agregó que “la brecha entre los puntajes de los 32 estados y el puntaje idóneo sigue siendo extensa. Todos los estados del país tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto”. Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36). 

Asimismo, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10. También, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42). 

La justicia penal fue el factor más afectado por la pandemia

Se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal.

Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia (sub-factor 8.2) y el debido proceso (sub-factor 8.4). 

Los datos sugieren que la falta de medidas oportunidas y propicias de Justicia Abierta y Digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, los cuales eran necesarios durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria.

La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias.

En este contexto, las entidades con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios de justicia por medios digitales durante la pandemia de COVID-19, sufrieron las mayores caídas en este factor. 

Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público (medido en el indicador 8.1).

Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación (que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la ENVIPE 2020). 

Los contrapesos más efectivos se vieron debilitados

Los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes de 16 entidades en el sub-factor 1.5, desde la última publicación del Índice.

A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.  

Lorenzo Córdova resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones.”  

Blanca Lilia Ibarra agregó que “las instituciones autónomas responden a una exigencia ciudadana de contar con órganos técnicos, especializados e independientes como factores de equilibrio del poder.” 

Jesús Ramón Moya resaltó la importancia de contar con datos en la toma de decisiones: “todos conocemos la frase que: lo que no se mide, no se puede evaluar.

En ese sentido, con las disposiciones normativas actuales, existe una gran cantidad de información que se pone a disposición de la sociedad. Y esa información es la que nos permite poder abonar a la rendición de cuentas.” 

La seguridad sigue siendo un reto

La seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante 2020.  

No obstante, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados. La medición de ausencia de delitos (medido en el indicador 5.2) mejoró en 26 estados del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas de la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019. 

Uso de datos, factor clave para el avance en el Estado de Derecho

Las y los titulares del Poder Ejecutivo de Guanajuato, Sonora, y Yucatán; y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de SEBOG, coincidieron en la importancia que el Estado de Derecho tiene para sustentar el desarrollo del país, así como en la necesidad de contar con datos y evidencia robustas para informar las políticas públicas para su fortalecimiento.

 Acerca Índice de Estado de Derecho en México

El Índice de Estado de Derecho en México es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país.

Es la tercera edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de Derecho en las entidades federativas. Once estados ya usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.

El Índice de Estado de Derecho en México también está incluido en documentos de planeación a nivel federal, como el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024. 

La intención del WJP es que el Índice sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.

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