12 septiembre, 2021

Al menos 26 muertos en Colombia tras manifestaciones

El presidente de Colombia, Ivan Duque, presentó una reforma tributaria que aumentaba los impuestos sobre la renta y productos básicos, con el objetivo de ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

Sin embargo, estas medidas afectarían de manera sustancial a los sectores sociales y obreros, por lo que Sindicatos y agrupaciones laborales, así como organizaciones civiles, comenzaron con movilizaciones pacificas en varias ciudades del país. No obstante, la respuesta del gobierno fue enviar tanquetas, policías y militares a las calles para reprimir a los inconformes.

A través de numerosos videos difundidos en redes sociales, principalmente Tik-tik, se ha documentado el excesivo uso de la fuerza por parte de los elementos de Seguridad, quienes incluso se han enfrentado con militares que han defendido a la población.

También se han evidenciado el uso de armas de fuego en contra de la población desarmada, así como el disparo de gases y balas de goma de manera directa a los manifestantes.

A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril, o de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el 1 de mayo en Bogotá, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

De acuerdo a cifras oficiales, desde el 28 de abril al 3 de mayo, han muerto 18 civiles y un policía en las protestas. Además se han registrado al menos 846 heridos, incluidos 306 civiles.

No obstante, al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas a consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias.  Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones.

A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.

La organización investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y ha documentado cuatro denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública.

Sobre esas denuncias, el director de la Policía, el mayor general Jorge Luis Vargas, aseguró el lunes en una rueda de prensa que hay 26 investigaciones preliminares con las que se pretende aclarar las circunstancias de los homicidios y las agresiones físicas, así como determinar si en esos casos los uniformados de la institución han tenido alguna responsabilidad.

En esa misma intervención, el ministro de Defensa, Diego Molano, eludió dar detalles sobre las muertes pues, según dijo, “debe ser la Fiscalía General la que determine como autoridad responsable y competente cuáles de las víctimas de estos días están asociadas específicamente” a las protestas.

La ONU se dijo profundamente preocupada por la escalada de violencia en diversas partes del país, por lo que hicieron un llamado al Estado para recordar su responsabilidad de defender los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, así como la libre manifestación. 

Los agentes deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego deben ser el último recurso ante una inminente agresión o riesgo de muerte, declaró Martha Hurtado, Portavoz del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU. 

Amnistía Internacional se sumó al reclamo, exigiendo a las autoridades colombianas poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria, dijo AI hoy, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, verificada por su Cuerpo de Verificación Digital.

“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente,” añadió Guevara Rosas.

Este martes 4 de mayo, el grupo de hackers Anonymous, conocidos a nivel mundial por hacer activismo cibernético y apoyar las diferentes movilizaciones de ciudadanos contra los gobiernos alrededor del mundo, pusieron los ojos en Colombia y publicaron una lista con correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional. A través de la cuenta de Twitter Anonymous Colombia compartieron un listado de 168 cuentas distintas de integrantes de las Fuerzas Armadas con sus respectivos correos y contraseñas.

Así mismo, el grupo de hackers anunció que intervino la página de la Presidencia de la República e invitó a los usuarios que tuvieran en conocimientos en tecnología para que se sumaran a la acción.

Anonymous aseguró a través de varias publicaciones que el Ejército está creando una ventana de humo. “Creando pánico asustando que la guerrilla mata, cuando son los mismos militares asesinando y masacrando a su pueblo”, sostuvieron.

Hasta el momento, ni el Ejército, ni el Senado y tampoco la Presidencia se ha pronunciado sobre estos ataques cibernéticos y no se conoce si hay algún tipo de infiltración de información debido a la publicación.

Además, este grupo filtró una conversación en las que se escucha al general del Ejército Colombiano, Eduardo Enrique Zapateiro, el 2 de mayo en Cali, asegurando que habían recibido la orden del presidente Iván Duque para militarizar la ciudad y tomar cartas en el asunto frente a los marchantes.

Anonymous mencionó que sabotearían “cualquier tendencia que no sea relevante o que intente desviar la atención de la sistemática violación de los derechos humanos que se está produciendo hoy en Colombia “. Incluso, le pidieron al presidente Iván Duque que se pronuncie o “seguirán trabajando”.

El pasado 2 de mayo, tras varios días de protestas, Iván Duque retiró del Congreso el proyecto de reforma tributaria, radicado por el Ministerio de Hacienda, y en cambio pidió de manera urgente un nuevo articulado “fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación universitaria a jóvenes de estratos 1,2 y 3, extender el subsidio a la nomina y extender la devolución del IVA”, dijo el mandatario. El Presidente destacó que las líneas que se han evaluado, luego de escuchar a la ciudadanía, incluyendo las propuestas de la Andi, el Consejo Gremial y los partidos políticos son: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crea una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de ahorro estatal.

“Es un momento de proteger a los más vulnerables; es para la construcción y no para la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto. Además nos permite decir con claridad que no habrá IVA para bienes ni servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los vulnerables, las finanzas del país y la reactivación”, afirmó el presidente. Algunos gremios ya se han referido a la propuesta, explicando que ven satisfactoriamente el hecho de un consenso.

Los sindicatos y las organizaciones sociales iniciaron el miércoles protestas en el país de 50 millones de habitantes para exigir al Gobierno de Duque el retiro del proyecto, pero en principio el mandatario se negó con el argumento de que la reforma era necesaria e inaplazable para estabilizar las finanzas públicas y mantener los programas de asistencia social. Sin embargo, el domingo el mandatario finalmente señaló: “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos”.

La reforma fiscal originalmente buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (US$6.294 millones), equivalente a un 2% del PIB.

Uno de los puntos más polémicos era la idea de cobrar impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

La ley proponía, además, imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros rubros hasta ahora exentos.

Para los críticos del proyecto, la respuesta al incremento de los gastos no debía buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana.

El plan también proyectaba un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan.

Quienes tuvieran un patrimonio superior a los US$1,35 millones debían cumplir con otro impuesto -diferente al que pagan de renta- del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio de más de US$4 millones la cifra a pagar sería del 2%.

En los cambios anunciado, el mandatario dijo que había instruido al Ministerio de Hacienda que redactara un nuevo proyecto “en el que no se modifica el IVA en bienes, alimentos, servicios públicos y gasolina” y que “no se amplía la base del Impuesto de Renta”.

Con información de BBC, Amnistía Internacional, ONU, Infobae, La República

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