La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que la mayoría de las agresiones a candidatos no tiene una motivación electoral y que la violencia registrada en el actual proceso está focalizada y no generalizada.  

“Los hechos que han ocurrido, afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral.

“Son hechos reprobables, sus autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero, hasta donde tenemos información, no tienen una motivación electoral”, afirmó la funcionaria en reunión con los presidentes de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES). 

A su parecer, derivan de los conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

Lo mismo, dijo, pueden obedecer a las demandas de organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, que en muchas ocasiones utilizan la coyuntura electoral para presionar, en ocasiones de maneras violentas. 

“Los problemas que enfrentamos son, así puedo afirmarlo, hechos o incidentes focalizados, que afectan muy pocos municipios y muy pocas casillas electorales. En ningún caso esos hechos o incidentes ponen en riesgo la validez de una elección distrital o en un estado.

“Los casos en que se podría afectar una elección municipal son contados. Creo que sobran dedos de las manos para dar cuenta de ellos”, aseguró.

Sánchez Cordero destacó que ya dio instrucciones a los representantes de la Segob en las 32 entidades federativas, para atender los requerimientos que los distintos institutos electorales o los vocales del INE lleguen a tener, “desde hoy, el domingo, y en los días siguientes”.

De acuerdo a la empresa Etellekt, hasta mayo se habían reportado 784 agresiones a candidatos y políticos, con 89 víctimas mortales. De estos, 35 eran aspirantes a un cargo de elección popular.

Las entidades que sumaron más agresiones son: Veracruz con 16 asesinatos, Oaxaca con 11, Guerrero con 8 y Guanajuato con 7.

Además de Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y Sonora, es decir, cinco de los 15 estados, hay 40 municipios en alerta roja de seguridad por el crimen organizado, donde incluso se ha impedido la organización de las campañas.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se han abierto al menos una carpeta de investigación al día desde que inició el proceso electoral en septiembre del año pasado.

(Con información de Reforma, ADN 40 y Diario 24 Horas) 

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