En lo que podría ser considerado un paso más en la militarización del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador buscará una reforma constitucional para que la Guardia Nacional salga de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta propuesta, junto a otras reformas que plantea López Obrador, se presentaron a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios con quienes el Jefe del Ejecutivo federal se habría reunido en días pasado en un discreto encuentro.
Durante esta reunión que tuvo lugar en el Museo Kaluz, el mandatario afirmó que el país tendrá estabilidad económica y les planteó tres reformas constitucionales que tiene en mente para la segunda mitad de su sexenio: una electoral, otra para fortalecer a la CFE y la otra que busca incorporar a la Guardia Nacional a las fuerzas armadas.
Aunque dicha reforma constitucional requeriría de una mayoría calificada (dos terceras partes de cada cámara del Congreso de la Unión) para su aprobación y el aval de 17 legislaturas locales, podría ser una realidad dados los resultados del pasado proceso electoral.
La Guardia Nacional se creó en marzo de 2019 con un carácter civil, por lo que fue adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando del general en retiro Luis Rodríguez Bucio. Cuenta con un estado de fuerza de 101 mil 257 elementos, de los cuales 59 mil 549 provienen de la Policía Militar; 16 mil 351 de la Policía Naval y 25 mil 357 de la extinta Policía Federal, es decir, siete de cada 10 agentes son militares.
Sus principales labores son seguridad pública y actividades de apoyo a las operaciones de autoridades federales y estatales, lo que ha sido rechazado por expertos y defensores de derechos humanos que consideran estas medidas como un proceso de militarización del país.
En mayo de 2020 entró en vigor el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que durante los cinco años siguientes, en tanto la institución desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente sólo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
No obstante, al presentar la reforma para crear la Guardia Nacional en noviembre de 2018, López Obrador pretendía que la corporación tuviera mando militar y dependiera de la Defensa Nacional, pero ante las presiones de la sociedad civil, el dictamen para reformar el artículo 21 constitucional se modificó acordando que sería una institución de carácter civil y con mando civil.
Sin embargo, en los artículos transitorios de la Ley en Materia de Guardia Nacional se determinó que en los primeros cinco años de su operación, dependerá de la Sedena y Semar “para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.
En lo que compete a la Comisión Federal de Electricidad, dijo que buscará aumentar su competencia frente a las empresas privadas y mantener en marcha los planes de generación de energía propia y limpia a través de las hidroeléctricas.
Mencionó que buscará eliminar la figura de diputados plurinominales, así como mantener una autoridad electoral autónoma para seguir fortaleciendo la democracia mexicana, aunque destacó la participación ciudadana en esta labor.
En el encuentro con empresarios, de acuerdo con funcionarios de Palacio Nacional, el Presidente sólo estuvo acompañado por Alfonso Romo, quien a pesar de haber dejado la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República funge como su principal enlace con ese sector.
Por parte del sector empresarial asistieron Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; Alberto Torrado Martínez, presidente ejecutivo y director general de Alsea; José Antonio Pérez Antón, director general de Grupo ADO.
También Joaquín Vargas, dueño y presidente de MVS; Rogelio Zambrano Lozano, presidente del Consejo de Administración de Cemex; Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce); Agustín Coppel, presidente de Grupo Coppel; Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex.
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Posadas; Daniel Servitje, presidente del Consejo de Administración de Bimbo; Blanca Treviño, presidenta y CEO de Softtek; Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Grupo Cinépolis; Eugenio Madero, vicepresidente del Consejo de Rassini y Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa.
(Con información de Milenio, El Universal y Agencias)
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