En su primera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020 del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un presunto daño al erario por 588 millones 840,000 pesos. Esta cifra se desprende de 125 auditorías a diversas Secretarías, empresas del Estado y programas federales.
De ese monto, 466.24 millones, equivalentes a 79.8% del total, están pendientes por aclarar su destino o, en su caso, ser reintegrados a las arcas del gobierno. Únicamente 122.59 millones de pesos fueron comprobados en el transcurso de las revisiones de la ASF.
Prácticamente la mitad del monto total por comprobar corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De acuerdo con las 11 auditorías que le practicaron, 283.72 millones tuvieron observaciones por daños o perjuicios. Solo 5.48 millones de esa cantidad han sido comprobados y reintegrados. El resto está pendiente de aclaración.
Otras dependencias auditadas, y cuyos resultados fueron dados a conocer en esta primera entrega, fueron las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación, así como las empresas estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior lo informó el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, por medio de una conferencia en la plataforma digital Zoom, en donde presentó la primera entrega de los Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.
En lo que calificó un informe con “observaciones de buena fe”, el auditor superior, David Colmenares Páramo, detalló también que se presentaron 125 informes de supervisión, de los cuales se emitieron 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, siete promociones de comprobación fiscal y 37 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias.
Explicó que a la Cuenta Pública 2020 se le harán mil 523 auditorías y que las siguientes entregas se harán en octubre, la segunda; y en febrero, la tercera y última parte.
De esta primera parte, precisó que se realizaron 104 auditorías de cumplimiento, cuatro de desempeño, una combinada de cumplimiento y desempeño, 16 de cumplimiento y de inversiones físicas.
También informó que 15 de las auditorías fueron realizadas a dependencias, nueve a entidades coordinadas sectorialmente, una a entidades no sectorizadas, cuatro a órganos desconcentrados y 96 a entidades federativas y a la Ciudad de México.
Por su parte, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones para apuntalar la fiscalización, el control y correcto ejercicio de los recursos públicos, aseguró la diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI), secretaria de esta instancia legislativa.
Velasco González recordó que la revisión y análisis de las Cuentas Públicas es obligación y facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que por las circunstancias en las que opera el Congreso debido a la emergencia sanitaria, se cumple este mandato utilizando las herramientas tecnológicas, “para posteriormente recibir de manera física la primera entrega de los informes de la Cuenta Pública 2020.
“Reconocemos el trabajo de la ASF para desarrollar el proceso de fiscalización superior a partir de los primeros días del año en curso y refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó la legisladora.
“Demostramos nuestro interés de seguir sumando esfuerzos y capacidades para que la fiscalización y evaluación del ejercicio del gasto público”, agregó.
Velasco González reiteró el reconocimiento a la ASF por los resultados y trabajo profesional ejercido, que compromete a la Cámara de Diputados a seguir trabajando para entregar resultados a la sociedad.
El Diputado Daniel Gutiérrez destacó que este es el último informe que se entregará a la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, reconociendo la labor de la Auditoría Superior de la Federación cuya función -dijo- es fiscalizar la Cuenta Pública de los Poderes de la Unión, órganos autónomos, estados y los municipios, por lo que debe ser ejercida con los principios de legalidad, imparcialidad y sobre todo confiabilidad.
Señaló que analizarán a mucho detalle los informes, formularán las observaciones pertinentes y darán seguimiento puntual a las observaciones y procedimiento en el caso de las irregularidades, para fortalecer el “trabajo profesional” que la Auditoria ha realizado.
Añadió que la objetividad e imparcialidad de los informes debe ser una premisa imperativa en toda labor de fiscalización, pidiendo que se erradique todo sesgo político.
El gobierno se ha distinguido por la política social -añadió- por lo que considera fundamental para la democracia fortalecer la eficiencia, la confianza y la credibilidad de la Auditoría Superior, y posicionarla como pilar fundamental de la transparencia, rendición de cuentas y del sistema nacional anti corrupción en el país.
Durante su participación, Colmenares Páramo comentó que en los últimos tres años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado denuncias ante las autoridades correspondientes por desfalcos a la Hacienda pública por 18,000 millones de pesos.
Aunque precisó que algunas de las denuncias presentadas, corresponden a revisiones anteriores a su gestión. Todas se realizaron ante la Fiscalía General de la República, así como ante la Fiscalía Anticorrupción.
“Durante el periodo del 2018 al 2021,—que coincide con la gestión de Colmenares— hemos presentado un total de 101 dictámenes técnicos en materia de cumplimiento financiero, que derivaron en denuncias de hechos por un monto superior a 18,000 millones de pesos… El monto de las denuncias presentadas en este periodo, supera 60% del total acumulado desde la creación de la ASF”, detalló Colmenares Páramo.
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