Desde hace varios meses el estado de Chiapas ha sufrido una escalada de violencia sin que ninguna autoridad muestre disposición real de intervenir y buscar una solución, o al menos brindar protección a miles de personas, incluidos niños, niñas y de la tercera edad, que se han visto afectadas.

Tan solo en esta semana, se suscitó un enfrentamiento en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, en donde supuestamente abría sido ultimado Ramón Gilberto Rivera, hijo del Tío Gil, operador del Cártel de Sinaloa, a manos del Cartel Jalisco Nueva Generación en una disputa por la plaza. Además fue asesinado otro líder indígena, grupos criminales desplazaron a miles de habitantes y atacaron a un convoy del ejercito y la policía estatal.

Sin embargo, desde antes del proceso electoral ya se habían registrado varios hechos de violencia relacionados con supuestos grupos del crimen organizado que apoyaban a ciertos candidatos a Alcaldes y Diputados. Incluso el día de la jornada se reportaron ataques armados que dejaron varios muertos y heridos.

A dichos eventos, se suma el asesinato del activista Simón Pedro Pérez López quien había denunciado el acoso que ejercen hacia las comunidades de este municipio, grupos criminales que trafican con armas, droga y personas; en los Altos de Chiapas el pasado cinco de julio.

Según testigos los asesinos circulaban en una motocicleta desde la que dispararon hiriendo de muerte a Pérez López, quien cayó frente a su hijo y decenas de presentes.

El integrante y expresidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, organización conformada por personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y de violencia extrema, tenía solo 35 años, indígena tsotsil que como catequista de la parroquia de Santa Catalina del Municipio de Pantelhó se convirtió en una voz de lucha por su comunidad.

Tras el homicidio, las autoridades de Nuevo Israelita, comunidad donde vivía el líder social, decidieron entrar en las casas abandonadas por supuestos miembros del crimen organizado, donde encontraron explosivos y detonadores.

No obstante, menos de 48 horas después del asesinato de Simón Pedro, la cabecera municipal de Pantelhó fue atacada con armas de fuego durante todo el día, se registraron cortes en las vías de comunicación, así como en los servicios de electricidad, afectando incluso a comunidades cercanas.

De acuerdo a informes de pobladores, desde las 6 de la mañana, personas con pasamontañas y armas de grueso calibre tomaron los caminos que comunican a la cabecera municipal de Pantelhó, disparando contra la cabecera municipal, y detonando explosivos.

Habitantes de este lugar enviaron audios pidiendo auxilio a las autoridades. En los mensajes se escuchan las ráfagas de metralletas y explosiones.

Sobre estos hechos, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas emitió un comunicado donde señala que “tal parece que hay intereses oscuros que genera omisión a las denuncias, se minimiza, se atiende con dádivas y programas que no responden a la situación de fondo.

Volvemos a ver en Chiapas la reactivación de las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados al narco gobierno que han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía”, denuncia en la misiva.

En respuesta a las agresiones, Pobladores de Pantelhó y Chenalhó, decidieron expulsar de esta región a integrantes de los grupos criminales ligados al tráfico de drogasarmas y personas.

Detallaron que por oponerse a las actividades delincuenciales, de marzo a la fecha estos grupos han asesinado en la región de Pantelhó a 12 personas, y desaparecido una más. Por ello, explicaron que habitantes de varias comunidades afectadas por el crimen organizado se unieron, y desde el pasado 7 de julio están intentando expulsar a sus agresores, quienes se refugiaron en la cabecera municipal de Pantelhó.

Explicaron que tal como lo denunciaron en el escrito de fecha 26 de junio de 2021, entregaron a la Secretaría de Gobierno de Chiapas para pedir su intervención, estos grupos están protegidos por las actuales autoridades municipales de Pantelhó; y quienes fueron electas para tomar posesión el próximo mes de octubre.

Detallaron que las autoridades han sido omisas, y por ello decidieron conformarse en lo que llamaron “Defensores del Pueblo”. Esta unión de pobladores llevan dos días apostados afuera de la cabecera municipal de Pantelhó, lugar que -según explicaron- los grupos criminales tomaron como trinchera, y desde donde les disparan a los defensores.

Por ello, la mañana de este jueves 8 de julio, unos 2 mil indígenas de los municipios Pantelhó y Chenalhó salieron de sus comunidades para buscar refugio y así evitar ser atacados.

Algunos de los indígenas desplazados se dirigieron a la parroquia de Chenalhó, y otros a la comunidad Acteal, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Pantelhó.

En el caso de Pantelhó, cientos de pobladores han abandonado sus comunidades y se refugian en casas particulares y albergues de la cabecera municipal.

Pobladores de Nuevo Israelita dieron a conocer que se sienten en riesgo, que temen agresiones por parte de grupos criminales, quienes ahora están teniendo una fuerte presencia no solo en el municipio de Pantelhó, sino también en Simojovel, Chenalhó, Aldama, y en general en esa región.

Los reciben a balazos

Ante este escenario, este mismo jueves elementos del Ejército, Guardia Nacional Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) intentaron ingresar al a zona sin embargo fueron recibidos a balazos durante un operativo en el Pantelhó, Chiapas, lo que dejó ocho elementos lesionados.

La emboscada ocurrió aproximadamente a las 9:00 horas, cerca de la comunidad La Esperanza.

Fuentes castrenses informaron que los heridos fueron trasladados en ambulancias aéreas a Tuxtla Gutiérrez para ser atendidos de manera urgente.

“Elementos del grupo interinstitucional fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego, resultando lesionados ocho de ellos, mismos que fueron trasladados en ambulancias aéreas a un nosocomio en Tuxtla Gutiérrez para su atención urgente”.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias de investigación tendientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”, detalló la La SSyPC.

De acuerdo a reportes locales, cuatro de los heridos son integrantes de la Policía estatal y los otros cuatro forman parte del Ejército mexicano.

Autoridades han señalado que las agresiones son por parte de un grupo conocido como “Los Ciriles”, una supuesta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación, que se dedica al tráfico de armas, droga y personas.

Sin embargo, pobladores aseguran que fue en el periodo preelectoral de este 2021, cuando empezaron a asesinar a líderes comunitarios y agentes rurales que los denunciaron ante autoridades del gobierno estatal, a quienes pidieron su intervención.

Esto tras la difusión de una fotografía donde aparecen en la Secretaría de Gobierno de Chiapas, los agentes rurales que llegaron a pedir auxilio, y fue cuando los grupos criminales recorrieron varias comunidades asesinando al menos 11 personas, entre ellas Rubicel Pérez, uno de los ciudadanos que denunció los hechos criminales del grupo que dirige Mario Jiménez López y por lo que fue asesinado.

Narcomunicipio

Pedro Pérez había participado en una serie de reuniones con las autoridades de las comunidades de Pantelhó, de las que salió un documento publicado por Chiapas Paralelo, en el que denuncian el secuestro de las comunidades de Pantelhó por grupos armados que se dedican al trafico de drogas, armas, personas y recursos naturales. Causando desplazamientos forzados en once comunidades del municipio y matando al menos, a once personas en tres años. 

El documento denuncia la participación de policías estatales y municipales en los grupos armados con nombres y apellidos de los políticos locales que los apoyan.

Afirma que la violencia en Pantelhó se agudiza en ocasión de cada elección: ocurrió en 2018 como en 2021, cuando los pobladores fueron amenazados de muerte para que votaran por el PRD.

Indica que este año la situación más preocupante se ha dado en la comunidad de San José Buenavista Tercero, donde por la confrontación entre militantes de distintos partidos dos personas fueron asesinadas y unas 60 se tuvieron que desplazar. De acuerdo con las autoridades de las comunidades, algunos integrantes de estas agrupaciones vienen de otros estados, como Campeche y Sinaloa. 

El documento responsabiliza además a la Presidencia Municipal y al grupo armado por cualquier cosa suceda a los denunciantes; no obstante, nueve días después de que se entregó la denuncia a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, Simón Pedro Pérez López fue asesinado. 

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