12 septiembre, 2021

Gobierno de Oaxaca protege a abogado denunciado por despojo

El pasado primero de mayo fue detenido Enrique Toro Ferrer, exprocurador del Estado de Oaxaca y abogado de la familia Murat; acusado por secuestro, tortura y despojo de un bien inmueble propiedad del columnista gráfico José Bolaños. 

El colaborador del periódico El Imparcial y de varios medios digitales fue golpeado, torturado y privado de su libertad por ordenes del ex funcionario, quien aseguró cumplía instrucciones del gobernador, el priista Alejandro Murat Hinojosa. 

De acuerdo a la denuncia que presentó el afectado, Toro Ferrer instruyó que hombres armados ingresaran a su domicilio ubicado en la zona centro de la capital oaxaqueña, en donde fue víctima de todo tipo de vejaciones, para después ser presentado ante el seudo abogado, quien sin reparo alguno aseguró que era protegido y respaldado por el mandatario oaxaqueño, y cuya instrucción había sido la de apropiarse de la propiedad del también empresario, valuada en varios millones de pesos por su ubicación y dimensiones. 

Sin embargo, tras ser liberado por su secuestrador, José Bolaños acudió a la Fiscalía General del Estado a cargo de Arturo Peimbert Calvo solicitando la intervención de las autoridades, por lo que al tratarse de un hecho delictivo en curso, se desplegó un operativo resultando con la captura de Enrique Toro y varios hombres más, quienes habrían sido los autores materiales de las agresiones y el despojo. Todos ellos siendo detenidos dentro del inmueble en cuestión. 

Dada la visibilidad mediática que obtuvo el caso, el gobierno del estado intentó deslindarse permitiendo el arresto del abogado de la familia gobernante, no obstante, desde su ingreso al Reclusorio, recibió un trato especial con beneficios que no goza ningún otro reo. Todo ello por instrucción del gobernador Alejandro Murat, aseguran los denunciantes.

Desde traslados constantes a centros médicos privados, como el aislamiento del resto de la población, acceso a teléfonos, equipos de computo y una dieta especial, Toro Ferrer ha sido privilegiado por su cercanía con la familia Murat, particularmente con el exgobernador José Murat Casab, quien ha sido señalado como el verdadero autor de diversos despojos que realizó Toro Ferrer en su nombre. 

Desde edificios, casas, departamentos hasta hoteles y haciendas, habrían sido botín de los atracos cometidos protegidos por la impunidad que otorga el poder gobernante. Creando una red de complicidad que lo ha mantenido fuera del alcance de la Ley desde hace varios años.

Hecho que se podría repetir el próximo 30 de julio, fecha impuesta por la jueza María de Jesús Morales Barcena para resolver las solicitudes del imputado para llevar su proceso en libertad, fallo que de acuerdo a varios juristas involucrados en el caso, podría ser a su favor por actos de corrupción. 

Dicha solicitud ya ha sido rechazada por otros jueces, no obstante, el apoyo desde el Poder Ejecutivo y las presiones desde la Ciudad de México, en donde despacha Murat Casab, podrían cambiar esa resolución, otorgando la libertad a Toro Ferrer y comprobando una vez más, que la impunidad es el sello de la familia Murat y del gobierno de Oaxaca. 

Ante esta situación, los afectados, que han ido aumentado desde el inicio del caso, hacen un llamado a las autoridades federales para que no permitan un atentando más en contra del Estado de Derecho y sobre todo, de la sociedad oaxaqueña, quien ha tenido que aguantar durante décadas el saqueo de los recurso del estado y además, los despojos a particulares por parte de Toro Ferrer y sus cómplices.

Ya que esta no es la primera vez que se le denuncia, incluso el exdirector del Registro Público de la Propiedad, Jorge Merlo, ha declarado que él mismo denunció al hoy indiciado por falsificar documentos para despojar diversas propiedades tanto en la capital como en otras regiones de la entidad, empleando para ello el nombre de José Murat Casab. 

Sin embargo dichas denuncias nunca prosperaron. 

Se suma la supuesta falsificación de documentos notariales, empleando el sello del Notario numero 100, Arturo Vásquez Urdiales, quien señaló directamente a Enrique Toro Ferrer, como el autor de dichas falsificaciones, cuyo objetivo era legalizar el despojo de diversos predios, casas e incluso edificios, empleando a su propia esposa como prestanombres, método que ha repetido en diversos casos para lograr sus cometidos. 

Pese a existir las pruebas y denuncias suficientes para no permitir la liberación del señalado, los abogados de los agraviados temen que la jueza Morales Barcena haya sucumbido ante chantajes o sobornos, para aceptar la solicitud de llevar el proceso en libertad, lo que se podrá corroborar o desmentir, este viernes a las 10 de la mañana en la audiencia de Toro Ferrer. 

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