• Indígenas zapotecas exigieron que Gobierno Federal “deje de hacer uso de la GN y de  elementos del ejército para respaldar a políticos y autoridades corruptas”, que pretenden tomar el control de las tierras para explotar tres concesiones mineras y apoderarse del agua y el bosque.
  • Advirtieron que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, es cómplice del intento de despojo.

Karen Rojas Kauffmann / El Muro Mx

Oaxaca de Juárez.- Comuneras y comuneros zapotecas en resistencia de las comunidades El RebolleroRío Minas y Paraje los Arquitos, de la región de San Pablo Cuatro Venados, Oax., se declararon en “Alerta Máxima” ante la presencia de dos vehículos con varios elementos de la Guardia Nacional (GN) y personas vestidas de civil, este sábado 24, tras haber denunciado en días pasados que el Gobierno del Estado de Oaxaca, estaría preparando actos de represión y despojo en sus territorios con el uso del organismo de seguridad nacional.

“Días atrás hemos denunciado que las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero han llegado a un supuesto acuerdo con instancias del gobierno de Oaxaca para recurrir a la Guardia Nacional y tomar el control de nuestro territorio, para que se pueda dar paso a la explotación de las concesiones mineras que hay en nuestras tierras”, puntualizaron.

En una rueda de prensa realizada el martes 20 de julio en la ciudad de Oaxaca, algunos campesinos acreditaron con documentos oficiales, la posesión de sus tierras.

Los comuneros informaron que el pasado 12 de julio, la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), a través de la Junta de Conciliación Agraria en coordinación con el representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca (SEGOB), José Carlos Fuentes Ordaz; el titular de Acciones de Derechos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Juan de Dios Ortiz Concha; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO); personal de la Procuraduría Agraria (PA); de la Fiscalía General del Estado (FGEO) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades de Cuilápam, en la que, aseguran, el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Rodrigo Jarquín Santos, dió instrucciones al secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, para “atender y dar puntual seguimiento a las problemáticas que se presentan en las comunidades por límites de tierras”.

Sin embargo, durante la reunión, autoridades municipales y agrarias de Cuilápam y de San Pablo Cuatro Venados tacharon a los comuneros zapotecas de invasores y paracaidistas; aunque en una rueda de prensa realizada el martes 20 de julio en la capital del Estado, algunos campesinos acreditaron con documentos oficiales, la posesión de sus tierras.

“Dejamos claro que quienes habitamos en estas comunidades no hemos generado ningún conflicto. Siempre hemos vivido aquí. En todo caso, si hay un conflicto, es porque las propias autoridades, tanto de Cuatro Venados como de Cuilapám, lo han provocado al llegar a ciertos acuerdos por debajo de la mesa sin consulta y sin información hacia las comunidades afectadas”, aclararon.

Los indígenas zapotecas exigieron que Gobierno Federal “deje de hacer uso de la GN y de elementos del ejército para respaldar a políticos y autoridades corruptas” que pretenden tomar el control de las tierras para explotar tres concesiones mineras y apoderarse del agua y el bosque; y advirtieron que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, es cómplice del intento de despojo.

Los comuneros denunciaron que no existe información en las comunidades sobre los acuerdos entre autoridades de Cuilapám de Guerrero, de San Pablo Cuatro Venados y el Gobierno Estatal.

Además, responsabilizaron de cualquier agresión que puedan sufrir las comunidades de El Rebollero, Río Minas y Paraje los Arquitos, al presidente municipal de San Pablo Cuatro Venados, Adelfo Ramírez Ramírez; al síndico municipal, Crescencio Jiménez Ramírez; al comisario de Bienes Comunales, Joaquín López López y a los excomisariados ejidales, Salomón Jiménez y Ángel Ramírez Ramírez, “quienes en los ataques anteriores han actuado en complicidad con las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero”, manifestaron.

Los comuneros denunciaron que no existe información en las comunidades sobre los acuerdos entre autoridades de Cuilapám de Guerrero, San Pablo Cuatro Venados y el Gobierno Estatal, y dejaron en claro que no permitirán la imposición de las concesiones mineras en sus tierras.

Una lista larga de ataques

Los pobladores del municipio de San Pablo Cuatro Venados, han denunciado en diferentes ocasiones la escalada violenta de los ataques que se han perpetrado para disolver su lucha contra las concesiones mineras.

El 6 de julio de 2021, tras el sobrevuelo de un helicóptero rojo AGUSTA-109 POWER, con matrícula XA-HUX, fueron atacados por un grupo que presuntamente portaba armas exclusivas del ejército. En aquella ocasión, los habitantes señalaron que, un día después de la presencia de la aeronave, testigos presenciales registraron que alrededor de 15 vehículos provenientes de la comunidad de Cuilápam, transportaban personas que más tarde, abrieron fuego contra varios campesinos y campesinas que se encontraban labrando sus cultivos.

El 9 de febrero de 2021, 20 personas fuertemente armadas, que se transportaban a bordo de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo, provenientes de las comunidades El Carrizal y Tiracoz, dispararon directamente por 20 minutos a los vecinos de las comunidades de San Pablo Cuatro Venados, ubicadas a sólo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca.

El 31 de mayo de 2019, según una publicación de Avispa Midia, más de 500 personas armadas y con trascabos derribaron sus viviendas y quemaron sus cosechas.

Por estos y otros ataques ‘menores’ se han abierto seis carpetas de investigación ante la FGEO sin que hasta el momento, las investigaciones hallan arrojado resultados.

Este artículo fue publicado por El Muro Mx y replicado con autorización del medio, puedes ver la nota original aquí.

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