12 septiembre, 2021

México demanda a empresas estadounidenses por venta de armas

El Gobierno de México presentó de manera formal una demanda civil en las Cortes Federales de Boston, Estados Unidos, en contra de 11 empresas fabricantes de armas, a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.

ya que se ha concluido que son conscientes de que sus productos son objeto de tráfico y uso ilícito en contra de civiles y autoridades de nuestro país, priorizando la mercadotecnia para promover armas con mayor letalidad sin mecanismos de seguridad. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha cargo e Marcelo Ebrard, confirmó dicha acción, la cual tiene el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.

El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17.000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos.

“Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”, señala Exteriores en un documento en el que explica la demanda, preparada en los últimos dos años.

El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que ―según estimaciones de la Cancillería― podría alcanzar el 2% del PIB de México. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.

De acuerdo a especialistas en el tema, el primer reto para el Gobierno mexicano será demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos.

Aunque la administración de Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este año la llamada ley de inmunidad que protege los intereses de las principales empresas, para impulsar una legislación más sensata y que restrinja la presencia generalizada de armas en territorio estadounidense.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que México “no busca interferir en la política de Estados Unidos” sobre armas y que el proceso judicial involucra únicamente a las empresas. La Cancillería dio un aviso a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México sobre sus intenciones al presentar esta demanda. Los funcionarios mexicanos lo han calificado como un “acto de cortesía”, aunque no han recibido una respuesta formal de sus contrapartes estadounidenses.

El canciller ha insistido en que la demanda civil no sustituye a los esfuerzos políticos y al diálogo con Washington para atender el problema. “El Gobierno de México reclama que, derivado del comercio negligente, las armas llegan a nuestro país con mayor facilidad y alimentan el poder de fuego de organizaciones criminales”, se lee en un comunicado. El reclamo es que las empresas no solo no están haciendo los controles necesarios para saber a quién le venden esas armas, también están sacando cuantiosas ganancias. “Son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas”, señala el documento, “ [pero] siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad ni trazabilidad”.

Las sociedades demandadas incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros.

Las ventas anuales de estas firmas a clientes en México, según el Gobierno mexicano, rebasan las 340.000 armas al año.

La acción civil, vista como un acto “sin precedentes” por parte de la Cancillería mexicana, se anuncia un día después de la visita de Ebrard a El Paso (Texas) para conmemorar la matanza de agosto de 2019, en la que fueron asesinadas 23 víctimas, la mayoría de origen mexicano, por parte de un supremacista blanco.

Sumándose al posicionamiento del gobierno mexicano, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena, señaló que “la lucha contra el tráfico de armas debe ser una responsabilidad compartida entre países para frenar la delincuencia organizada trasnacional“.

Precisó que la labor de controlar, regular y limitar el flujo de armas entre particulares es una responsabilidad directa e ineludible que compete al orden estatal, mencionando que la delincuencia organizada no distingue fronteras ni límites territoriales y dada su capacidad de operación ha aprovechado los vacíos legales para llevar a cabo su actividad. 

“Mientras nuestro país cuenta con una robusta legislación en materia de portación de armas de fuego y explosivos por parte de particulares. En Estados Unidos la regulación en la materia, así como su tradición jurídica, ha colocado de manera constante en las mesas de debate la discusión acerca de su regulación”, espetó la legisladora.

“Resulta lamentable que, mientras libramos una importante lucha contra la inseguridad y el delito, en Estados Unidos fabricantes privados lucren con la libre venta y disposición de armas, lo que ha servido de pauta para que a nuestro país lleguen en los últimos 10 años 2.5 millones de armas contrabandeadas de manera ilegal”, añadió.

Por último, en nombre de a Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura, se pronunció de manera abierta en favor de las acciones legales emprendidas por el Gobierno Federal ante el Tribunal del Estado de Massachussets, reafirmando su compromiso con la paz y la seguridad, así como con un importante control legal, a fin de erradicar el grave problema de tráfico de armas que afecta a nuestro país.

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