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Seguridad y Justicia, ¿prioridades en la LXIV Legislatura?

El pasado tres de agosto, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, declaró formalmente concluidos los trabajos correspondientes al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados, uno de los últimos ejercicios antes de concluir su periodo como Legisladores, el cual terminará el 31 de agosto de 2021.

Con ello, iniciará la segunda y última etapa del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo mayor problema desde el inicio de su administración, ha sido la falta de resultados tangibles en materia de seguridad, con más de 90 mil homicidios dolosos en menos de 3 años, de acuerdo a cifras de su propio gobierno.

Ello, a pesar de haber contado con el gobierno más poderoso política, económica y socialmente hablando durante su primer periodo, con un control total sobre el Congreso de la Unión y parcial en el Poder Judicial, lo que le debiera haber permitido establecer de manera solida las bases para el prometido cambio, sobre todo en la lucha contra la corrupción, lograr la pacificación del país y la estabilidad que permita reconstruir el tejido social e impulsar del crecimiento de México y sobre todo, de las familias mexicanas.

Sin embargo, el camino aún parece largo y los retos mayores, con la pérdida de espacios tanto en la Cámara de Diputados Federal como en algunos Congresos locales, Morena deberá negociar tanto con sus aliados que han demostrado en más de una ocasión que no comparten los mismos objetivos, como con la oposición para lograr las reformas prometidas por el titular del Poder Ejecutivo. Y si algo ha quedado claro, es que la negociación política en muchos casos se convierte en extorsión y quien termina pagado siempre es el grueso de la población.

No obstante, según los informes que ha publicado la propia Cámara de Diputados, han existido importantes avances en la legislación en materia de seguridad y justicia, entre ellos los siguientes:

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

El 27 de mayo de 2019 entraron en vigor las reformas emprendidas por la Cámara de Diputados a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituye el concepto de estados por entidades federativas, así como Distrito Federal por Ciudad de México. 

Incorporó el concepto de bases de datos, que son subconjuntos sistematizados de la información contenida en registros nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada.

Asimismo, las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos.

El documento, que la Cámara de Diputados avaló el 23 de mayo de 2019, agrega que el conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información. Además, incluye el concepto de Secretaría como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y Sistema como Sistema Nacional de Información. 

Prevenir violencia y delincuencia en el ámbito social 

Con cambios a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se buscó prevenir la violencia y la delincuencia en el ámbito social, privilegiar la comunicación a través del diálogo, la tolerancia y el principio de no discriminación, y con estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y cualquier modalidad de violencia que la propicie, a través de la educación y el empoderamiento de sus miembros. 

También, recuperar espacios públicos con la participación de la comunidad, incluyendo todos los grupos que la conforman y fortalecer las medidas de detección, prevención y atención del acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres en las escuelas y comunidades, que privilegien la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad. Se aprobó en la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2021 y se publicó en el DOF el 4 de mayo de 2021.

Ley General en materia de Seguridad Privada

La LXIV Legislatura impulsó cambios a la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General en materia de Seguridad Privada. El decreto se aprobó el 14 de diciembre de 2020 y se publicó en el DOF el 28 de mayo de 2021.

Dicha ley deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en el país, así como armonizar y homologar procedimientos y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de estos servicios. También, la coordinación entre éstos en situaciones de emergencia y desastre, y los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.

Guardia Nacional

El 26 de marzo de 2019 se publicó en el DOF el decreto que reformó la Constitución Política, para establecer que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), la cual formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

El documento que fue avalado por la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2019, otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

Ley de la Guardia Nacional

La Ley de la Guardia Nacional, publicada en el DOF el 27 de mayo de 2019, tiene por objeto que la Guardia Nacional realice la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios. Se aprobó el 23 de mayo de 2019. 

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

El decreto, que expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza fue publicado en el DOF el 27 de mayo de 2019. Su propósito es establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. 

También, regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad que ejercen el uso de la fuerza; establecer las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de las instituciones de seguridad.

Normar los esquemas de coordinación operativa para las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y del armamento oficial; brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de esta Ley. Se avaló por diputadas y diputados el 23 de mayo de 2019.

Ley Nacional del Registro de Detenciones 

La Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el DOF el 27 de mayo de 2019 y aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de mayo de 2018, regula la integración y funcionamiento de este Registro y establece los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad.

Amplió causales del fuero

Reformó los artículos 108 y 111 de la Constitución Política y estableció que durante el tiempo de su encargo el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 

El 2 de septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reformó los citados artículos, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de febrero de 2021

Extinción de dominio

Los cambios a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política, publicados en el DOF el 14 de marzo de 2019, aumentan los ilícitos para aplicar la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial derivado de hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

Establecen que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.

Será procedente la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, faltas cometidas por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

También expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformó leyes secundarias, con el propósito de instalar un nuevo régimen que permita hacer de la recuperación de activos una política de Estado, y contemplar el principio de retrospectividad para que la aplicación de la extinción de dominio se realice sobre bienes de origen ilícito sin consideración de temporalidad. 

El nuevo ordenamiento publicado en el DOF el 9 de agosto de 2019, regula la extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las entidades federativas, el procedimiento correspondiente y los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Asimismo, los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, y los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Prisión preventiva oficiosa

Armonizó diversas normas legales en materia de prisión preventiva oficiosa, para dar cumplimiento a un mandato de la reforma al artículo 19 constitucional, de 2019. 

Incorporó, como causas de procedencia de prisión preventiva oficiosa, los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación y a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito.

Además, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y sobre armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El decreto publicado en el DOF el 19 de febrero de 2021, precisa que los imputados por la comisión de alguno de los previstos durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa y para la investigación, persecución y sanción será aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Libro Primero del Código Penal Federal.

También se sancionará a quien dañe, perjudique, destruya, interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito. 

El juez ordenará prisión preventiva oficiosa a las y los imputados por los delitos de servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar sanciones, cuando se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión y cuando la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud.

Defraudación fiscal y facturas falsas

Otras reformas fueron a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y del Penal Federal, a fin de combatir a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas.

Incluyeron dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los de contrabando y su equiparable; defraudación fiscal y su equiparable y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El decreto se publicó en el DOF el 8 de noviembre de 2019.

Poder Judicial de la Federación

Con reformas a la Constitución Política, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de marzo de 2021, se fortaleció a las instituciones del Poder Judicial de la Federación para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el nepotismo, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Los cambios crean los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito y los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito. Establecen la obligatoriedad de las sentencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y de las Salas por mayoría de 4 votos.

Crea la Escuela Federal de Formación Judicial adscrita al Consejo de la Judicatura Federal, regula el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal y modifica el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad.

Asimismo, el 22 de abril de 2021 aprobó el decreto que expidió las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de reestructurar la organización y funcionamiento del PJF y fijar las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional.

El documento, publicado en el DOF el 7 de junio de 2021, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministras o ministros y funcionará en Pleno o en Salas. El presidente o la presidenta de la SCJN no integrará Sala. Subraya que el Pleno velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes.

Especifica que la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación será de observancia general y tiene por objeto sentar las bases para el desarrollo de la Carrera Judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del PJF, así como regular todas aquellas cuestiones que inciden directamente en el funcionamiento de la misma.

Fiscalía General de la República

Expidió la Ley de la Fiscalía General de la República y abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación y demás personas servidoras públicas de la FGR, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política.

Estableció como principios rectores de la Fiscalía: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de la niñez y adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género. El decreto se publicó en el DOF el 20 de mayo de 2021.

Publicidad de las resoluciones

La reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el DOF el 13 de agosto de 2020, incorporó la obligación de los poderes judiciales Federal y de las entidades federativas de poner a disposición de manera pública la versión de todas las sentencias que emitan, a efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad de las resoluciones.

Permitirá que medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad judicial, y así poner al descubierto la corrupción judicial. También, evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia.

Ley de Amnistía

Expidió la Ley de Amnistía en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

Ello, por los delitos cometidos en los siguientes supuestos: de aborto, en cualquiera de sus modalidades; de homicidio; contra la salud; por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas; de robo simple y sin violencia cuando no amerite pena privativa; de sedición. 

Los posibles beneficiados deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia que tenga el inculpado sea la primera, que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal, y no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley. Dicho decreto se publicó en el DOF, el pasado 22 de abril de 2020.

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