12 septiembre, 2021

Piden que Senado acompañe acciones para frenar tráfico ilegal de armamento

  •  Demanda de México contra empresas que fabrican armas en Estados Unidos es valiente e histórica, pero también jurídicamente posible: senador Israel Zamora.

El senador Israel Zamora Guzmán, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, llamó a “multiplicar las actividades interparlamentarias” con Estados Unidos, que sirvan de apoyo a la demanda de México para frenar el tráfico ilegal de armamento, que en nuestro país ha provocado el empoderamiento de la delincuencia organizada y el incremento de la violencia.  

Afirmó que la decisión del Gobierno mexicano de demandar a un grupo de empresas que fabrican armas en los Estados Unidos no sólo es valiente e histórica, sino que “llega en un buen momento”, porque en ese país hay un debate muy fuerte sobre la necesidad de establecer controles más estrictos para la venta de armas. 

Zamora Guzmán dijo que, desde el Senado, que es el órgano del Congreso de la Unión, encargado de analizar la política exterior, se tienen que impulsar encuentros con legisladores norteamericanos, a fin de “buscar una legislación común que nos sirva para atacar este problema”. 

“Hay un dicho que dice que mientras los países pobres ponen los muertos, los ricos ponen las armas, y esa es una realidad que ya identificó el propio Departamento de Estado”, que en un informe reciente señaló que 70 por ciento de las armas decomisadas en México tienen como origen ese país. 

El legislador asentó que en Estados Unidos ya se identificó esta responsabilidad “y creo que lo que ha faltado es impulsar el tema en la agenda bilateral”, que México tenga mayor participación, incluso en los medios de comunicación de la Unión Americana, para sumarse al debate de cómo resolver el problema de la venta de armas sin controles que afecta a ambas naciones. 

Con este recurso, nuestro país “pone el dedo en la llaga” y es algo que sin duda va a generar mucha polémica, porque es la primera vez que un gobierno extranjero demanda, en las cortes estadounidenses, a la industria armamentista, la más poderosa del mundo.  

Además, “cierra la pinza”, porque involucra al Poder Judicial de Estados Unidos en la colaboración que los poderes Ejecutivo y Legislativo norteamericanos tienen con México para atender el tráfico de armas.  

Pero también, reconoció el senador, abre la Caja de Pandora, porque esta industria poderosa contraatacará al Gobierno mexicano, desde un punto de vista legal y en sus críticas hacia la forma en que se atiende la violencia en nuestro territorio.  

Sin embargo, Israel Zamora recordó que jurídicamente sí hay antecedentes en los que un gobierno extranjero demandó a empresas estadounidenses en su país: “recordemos que hubo una demanda del gobierno de la India en contra de Pfizer”.  

“Cuando se resolvió ese asunto, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que los gobiernos extranjeros sí tienen personalidad para presentar demandas civiles en contra de empresas norteamericanas, por medio de un principio que rige las relaciones diplomáticas y que se conoce como el principio de cortesía”.  

Además, el recurso jurídico interpuesto por México abona a la confrontación mediática que se registra en la Unión Americana por la discusión del Estatuto federal de 2005, con el que el Ejecutivo de ese país “protegió o blindó” a las empresas que comercializan y producen armas, para que no pudieran ser demandadas por las víctimas de estos artefactos.  

“Hay un debate muy fuerte en Estados Unidos respecto de un control más estricto de las armas y, en este contexto, México tiene una gran oportunidad, sobre todo con los demócratas que, por ejemplo, en Nueva York, ya están impulsando una ley, que permita que las víctimas sí puedan demandar, por la vía civil, a este tipo de empresas”.  

Es una situación que jurídicamente es posible, esperemos que haya sido bien planteada la demanda, y que los jueces o los magistrados le den la razón al Gobierno mexicano.   

El Senado, agregó, debe acompañar esta decisión del Gobierno y la Fiscalía General de la República, así como las locales, tienen que concentrar la información sobre todas las armas de origen americano que han sido utilizadas en crímenes cometidos en nuestro país.  

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