Escuelas particulares abandonan Grupo de Trabajo con el Gobierno Federal

* • Cinco Asociaciones con representatividad en todos los niveles educativos y en toda la República Mexicana, sostienen que el proceso para la elaboración de la NOM 237 es autoritario, parcial y poco transparente.

Ciudad de México.- Las Organizaciones representantes de Escuelas Particulares, Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); Alianza para la Educación Superior (ALPES); Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE – ANEP); Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI); y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), decidieron abandonar el Grupo de Trabajo para la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020”.

A través de un comunicado conjunto, las agrupaciones señalaron que el proyecto de Norma Oficial Mexicana elaborado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo “regular los servicios que brindan las escuelas particulares para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente justificación”, generará una sobrerregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la Educación Particular, lo que afectará los bolsillos de las familias y desaparecerá a las escuelas particulares más pequeñas, “además de crear un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras”.

Asimismo, indicaron que contrario a lo manifestado públicamente por Jesús Cantú, Titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, el proceso que él denomina como de “construcción” de la NOM 237, dista mucho de ser “participativo”, “inclusivo” y “de atención e incorporación” de las preocupaciones de quienes prestamos servicios educativos desde instituciones particulares.

Denunciaron que los representantes del Gobierno Federal que participan en este proceso: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), así como asesores externos del gobierno, “han marginado la participación de quienes representamos a instituciones particulares; han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de “autoridad”; y han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de “expulsar” sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la transmisión”.

“Pese a que fuimos invitados a ser parte del proceso, como dictan las reglas de normalización, nuestra participación ha sido de convidados de piedra, porque no sólo no se toman en cuenta nuestras aportaciones y señalamientos sobre la gravedad que enmarcan los criterios impulsados, sino que se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando”, indica la misiva.

A todo esto -agrega- se suman las irregularidades procedimentales, pues al término de cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, no se han compartido las minutas y la autoridad insiste en denominarlas como “acuerdos”, a pesar de no serlo porque no nos han permitido incluir nuestra oposición al respecto.

Comentaron que que para participar en las reuniones de trabajo fueron obligados a firmar un convenio de confidencialidad y un código de ética que los “amordaza para no compartir abiertamente todas las irregularidades inherentes a la NOM-237 y que han sido expuestas por todas las asociaciones, organizaciones, federaciones e instituciones, tanto en los comentarios enviados en respuesta a la consulta pública, así como en el Grupo de Trabajo”.

En lo que toca a los temas de fondo, es importante señalar que la prestación de servicios educativos, está claramente normada en la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Educación Superior (LEGS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consecuencia, la Secretaría de Economía (SE) y la PROFECO carecen de facultades para emitir normas en materia educativa.

Es decir, toda supervisión y sanciones que cometan las instituciones educativas particulares están estipuladas en la Ley General de Educación. Por lo tanto, no tienen por qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y que la Ley de Protección al Consumidor le prohíbe, explica el documento.

En conclusión, las organizaciones tomaron la decisión “congruentes con nuestras convicciones y comprometidos con la educación”, de abandonar dicho Grupo de Trabajo para seguir enfocando sus esfuerzos “en lo que hacemos y a lo que nos dedicamos: impartir educación y preparar el regreso a clases en puerta”.

Deja un comentario