26 noviembre, 2021

Aprueban desafuero de Diputados de Morena y PT acusados de abuso sexual y enriquecimiento ilícito

En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles retirar el fuero constitucional al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México por abuso sexual en contra de dos menores de edad. Así como al Diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Alonso Toledo, señalado por corrupción y enriquecimiento ilícito.

Con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, los legisladores decidieron retirar el fuero al diputado Huerta, quien ahora deberá responder ante la justicia.

Saúl Huerta, diputado morenista cuenta con dos denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México por abuso sexual a menores.

Con este trámite, la Presidencia de la Cámara baja pone a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al legislador para que sea presentado ante un juez y se proceda penalmente en su contra.

“Ha lugar para proceder penalmente en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona”, dictó la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri.

Instalados en Jurado de Procedencia, en sesión extraordinaria, en el pleno y desde la tribuna parlamentaria del Palacio Legislativo de San Lázaro, la representante de la Fiscalía, Laura Borbolla Moreno, expuso que se presentaron las pruebas “legales, contundentes y sólidas” para determinar que hubo “abuso de confianza” y el uso de bebidas alcohólicas de parte del legislador para abusar sexualmente del menor.

En la fase de alegatos, la representante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Angelina Borbolla, mencionó los dos casos por los que investigan al diputado federal: uno se registró el 30 de junio de 2019, cuando el legislador se aprovechó de la vulnerabilidad en la que se encontraba el joven, pues este había ingerido sustancias que no le permitieron resistir a la conducta.

El otro caso ocurrió el 21 de abril de 2021, en un hotel de la colonia Juárez, en la CDMX, en donde el legislador “realizó una conducta delictiva con apariencia del delito de violación equiparada agravada, siendo la víctima un menor de edad”. Tras ello, el joven solicitó ayuda de la policía, y esta acudió para detener al legislador; sin embargo, salió libre, porque apeló a su fuero constitucional.

“En cada uno de los eventos que le son atribuidos al investigado, Benjamín Saúl Huerta aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriéndoles, incluso, a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos, y la del encargo como diputado federal, ya que les ofreció que lo acompañaran a la CDMX con el pretexto de conocer este recinto (Cámara de Diputados)”, dijo la representante de la Fiscalía.

El abogado defensor del diputado Huerta Corona, Pavel Arenas Landgrave, acusó que “la acción de la Fiscalía carece de legitimidad”, porque se violó el principio de presunción de inocencia y que hubo faltas al debido proceso judicial.

Otro de los abogados, Juan José Salazar Hernández, también reclamó que se faltó al proceso, porque “se filtró información a los medios, videos, y se hizo un linchamiento previo del acusado”.

“La elaboración del dictamen fue desaseado, tiene cero de calificación. Tendrán que esconderlo o quemarlo, no se sustenta la procedencia de este trámite”, sostuvo.

Por los diputados, el presidente de la Sección Instructora -la encargada de hacer el dictamen- Pablo Gómez, de Morena, expuso que “darle contenido político es del pasado, ya cambiamos, esas cosas ya se fueron, estamos apegados a la legalidad. “No es mandar a la cárcel a nadie, sino permitir que la justicia diga. Nosotros no somos la justicia”.

Tras la resolución, la Fiscalía celebró la medida apuntando que el fuero no puede oponerse a la justicia. Ni mucho menos ser escudo para transgredir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de la CDMX aseguró que continuará el proceso penal en contra de Huerta “con firmeza y profesionalismo, con estricto apego al debido proceso y los derechos humanos”.

Previo a la discusión en el Pleno, Mauricio Toledo informó que este miércoles temprano presentó la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como diputado federal.

En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, el legislador pidió “licencia por tiempo indefinido”, antes de iniciarse su proceso de desafuero, argumentando que se vio obligado a tomar esta decisión debido a que las autoridades no garantizan un trato justo e imparcial.

“La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”, señaló el funcionario acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, su petición no fue agendada en la sesión de este miércoles, y su desafuero fue el segundo tema a tratar, después del caso del diputado Saúl Huerta, por lo que su proceso continuó en el Pleno.

Durante la exposición del caso, el abogado defensor, Epigmenio Mendieta Valdés mencionó que las acusaciones en contra de su cliente son un ataque político y pidió desechar el proceso de desafuero. El jurista argumentó que los señalamiento no obedecen a un hecho reciente, sino de varios años atrás, por lo que llama la atención que se estén investigando hasta el día de hoy, insinuando que de ahí parte el interés político.

Además, indicó que el posible delito ya podría estar prescrito o incluso haberse cometido cuando Toledo no era funcionario público, puntos que a su consideración, la Fiscalía ha ignorado.

Por su parte el representante de la Fiscalía, Israel Cevallos Orozco, reiteró que cuentan con una investigación basada en elementos objetivos que deben conducir ante las autoridades competentes, para que sea ella quien decida sobre la acreditación del delito y la responsabilidad, rechazando el interés político que señaló la defensa.

El Presidente de la Comisión Instructora, Pablo Gómez, explicó que los servidores públicos tienen ante la Ley una condición distinta respecto a la ciudadanía en cuanto a sus ingresos, porque ellos tienen que demostrar la licitud de los ingresos, porque ellos manejan recursos públicos. Además tienen la inmunidad procesas penal, pero principalmente, porque en ellos se deposita el ejercicio de poderes públicos.

Comentó que la solicitud hecha por el Ministerio Público para retirar el fuero es para que se pueda acudir a un juzgado a plantear un posible delito, aclarando que el proceso de desafuero no es un juicio.

En nombre del Grupo Parlamentario del PT, bancada a la que pertenece Toledo, el Diputado Benjamín Robles Montoya intentó justificar su negativa para apoyar el proyecto de desafuero, no obstante, para evitar participar en la votación abandonaron el Pleno.

El Diputado Alfonso Ramírez Cuellar pidió a sus compañeros morenistas votar por el sí al desafuero, apuntando que el legislador Mauricio Toledo ya se encuentra fuera del país para no afrontar sus responsabilidades ante la Ley.

Tras varias participaciones de legisladores de Morena y del PRD, antiguo partido del imputado, a favor de retirar el fuero constitucional, la Mesa Directiva sometió a votación el Acuerdo a discusión, obteniendo 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones.

Con ello, se declaró la procedencia de la acción penal en contra del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

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