12 septiembre, 2021

Empresarios y Tribunal Agrario de San Luis Potosí violentan derechos de ejidatarios

  • Denuncian parcialidad del Tribunal Unitario Agrario de San Luis Potosí en beneficio de empresarios y corporativos. 

A través de una falsa Asamblea ejidal, un grupo de empresarios en contubernio con autoridades administrativas y judiciales, intentan despojar 621 hectáreas del Ejido de Laguna San Vicente en el municipio de Villa de Reyes en San Luis Potosí, para dar un uso comercial y residencial a la zona, denuncian ejidatario.

De acuerdo a los afectados, en junio de 2016 se realizó una supuesta Asamblea en donde se avaló el cambio de uso de suelo de estas tierras convirtiéndolas en Parcelas y reconociendo como propietarios a diversos personajes del ámbito empresarial que han hecho gala de influencias en todos los niveles de gobierno. 

En la misma Acta de la supuesta Asamblea, se les reconoció el dominio pleno de esas parcelas, es decir, se autorizó para que dejaran de formar parte de la superficie social y se convirtieran en tierras de propiedad privada. 

Entre los empresarios involucrados se señala directamente a: 

  • FERNANDO PABLO VILLAREAL BALLESTEROS. 
  • GUSTAVO ALFONSO LOZANO ARDINES, 
  • JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, 
  • EDUARDO MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ. 
  • MANUEL SAINZ DE LA HIDALGA. 
  • JULIO CESAR MEDINA TOVAR. 
  • EDGAR ANTONIO MEADE DE ZAMACONA. 
  • ENRIQUE ZADAL CERDEIRA. 
  • JOSE ANTONIO VALLARTA PORRAS. 
  • FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON. 
  • EDUARDO CERRILLO ALEMAN
  • ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ
  • JOSE ANTONIO ALANIZ NIEVES.
  • ANDRES DE LOS SANTOS PIZZUTO. 

Sin embargo, esta Asamblea nunca se llevó a cabo, siendo una simulación acordada entre los empresarios y los integrantes del Comisariado Ejidal. Pero lo que generó mayor inconformidad fue el supuesto pago que se hizo a la comunidad vendiendo a $30.00 pesos el metro cuadrado, el cuál en ese entonces oscilaba en un valor real de al menos $250.00 pesos, el cual se vio considerablemente elevado con la llegada de los desarrolladores, quienes han vendido el metro cuadrado hasta en $1,000 pesos. 

Al notar dichas irregularidades, los ejidatarios comenzaron indagar sobre la supuesta Asamblea, dando cuenta que el Acta de la misma, no existía, hecho que fue denunciado en su momento ante la Procuraduría Agraria, al Notario Público y al Registro Agrario Nacional, solicitando se expidiera dicha Acta, la cual apareció hasta diciembre del 2017, gracias a un requerimiento hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Con ello, se inició la demanda de nulidad del Acta ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, sin embargo, los afectados señalan que ni la Magistrada que inició conociendo del Juicio Lilia Isabel Ochoa Muñoz, ni el actual Magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, han querido fijar medidas precautorias para mantener las cosas en el estado en que se encontraban en el momento de la demanda. 

Ante esta negativa de la autoridad agraria, a los empresarios se les reconoció tanto en el Registro Agrario Nacional, como en el Registro Público de la Propiedad, otorgándoles un número catastral que les ha permitido hacer transmisiones de los predios, por lo que ahora se amplía la demanda en contra de otras empresas como:

  • Caminos y Obras Hidráulicas del Río Bravo, S.A. de C.V.
  • Red Station Group, S.A. de C.V.
  • Francisco de Jesús Mieres Fernández, Presidente de Grupo Andrade, I. de A.P.
  • Construcciones y Desazolves Beet, S.A. de C.V.

Todo ello, aseguran, en colusión con autoridades responsables del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el Director del Instituto Registral y Catastral en el estado de San Luis Potosí, y el Director de Catastro Municipal de Villa de Reyes.

Fue hasta marzo del año pasado, cuando el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario dictó las medidas precautorias, pero únicamente para que se hicieran “anotaciones marginales”, pues según él no puede hacer más al respecto. 

Por su parte, con la complicidad de las autoridades, los empresarios han comenzado a extraer materiales para avanzar con sus construcciones y desarrollos urbanos, violando los derechos de los ejidatarios. 

Además, por la dilación del juicio que ha tardado 4 años evitando llevar a cabo la audiencia de Ley, el proceso se ha plagado de irregularidades, ya que al estar avaladas las transmisiones de titularidades, las demandas se han tenido que estar ampliando constantemente. Aunado a la pandemia que suspendió los procesos judiciales, así como al deceso de varios ejidatarios y el pago (muy por dejado de lo justo) que otros han aceptado al no ver avances en el proceso judicial. 

El próximo lunes 23 de agosto del 2021, se llevará a cabo en el Tribunal Unitario Agrario número 25 de la ciudad de San Luis Potosí, la audiencia jurisdiccional del expediente 1239/2017, correspondiente a la nulidad del acta de Asamblea General de Ejidatarios realizada de manera ficticia por los integrantes del Comisariado Ejidal a favor de los empresarios, quienes podrían salir beneficiados gracias a la parcialidad por parte de la autoridad, advierten los afectados. 

Por ello, realizarán una manifestación pacífica para expresar la inconformidad del proceder del Tribunal Unitario Agrario, en donde también denunciarán la falta de protección a sus derechos y por el contrario, la parcialidad a favor de los empresarios, señalando como responsables a la Magistrada Lilia Isabel Ochoa y ahora al Magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco.  

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