Oaxaca.- La renovación de cinco magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha generado diversas reacciones al interior de la vida política del estado, sobre todo por la posible designación de un exfuncionario señalado por grupos feministas, como uno de los responsables de la impunidad que mantiene el caso de la saxofonista María Elena Rios, quien fue atacada con ácido por órdenes del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández.
De acuerdo a denuncias hechas por la propia Maria Elena Ríos, así como grupos feministas que brindan acompañamiento a diversos casos de violencia de género y feminicidios, el ahora candidato a ocupar uno de los cargos más importantes dentro del Poder Judicial de Oaxaca, Alejandro Magno González Antonio, incumplió con sus funciones como Vicefiscal y Fiscal del Estado, al permitir que las agresiones hacia las mujeres permanecieran en total impunidad, por medio de tráfico de influencias y demoras en las labores de investigación.
A través de un desplegado publicado en diversos medios de comunicación, las activistas señalaron las omisiones de Magno González para brindar atención a las denuncias por violencia de género y, cuestionaron su perfil para ocupar el cargo al que aspira, indicando que no cumple con los requisitos que marca la Ley, como el no haber sido Fiscal general del estado, en el año anterior a su nombramiento, como lo marca el Artículo 101, fracción VI, de la Constitución local.
Respecto a su labor en la Fiscalía General, también cuestionaron su actuar en el caso de la fotoperiodista, María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada en Juchitán de Zaragoza, durante el proceso electoral del 2018, y cuyo feminicidio permanece impune, ya que según las defensoras de derechos humanos, Alejandro Magno estuvo “coludido” con el exfiscal Rubén Vasconcelos Méndez, para ocultar información relevante a la familia de la joven de 27 años.
La demanda para no aprobar el nombramiento propuesto por el Ejecutivo, está dirigida a las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, la cual es integrada por las morenistas Elisa Zepeda Lagunas, Magaly López Domínguez y Karina Espino Carmona, así como por la priista María Lilia Arcelia Mendoza Cruz y el representante del Partido del Trabajo, Noé Doroteo Castillejos, quienes deberán presentar las ternas ante el Pleno, el cual tendrá hasta el 27 de octubre para tomar una decisión.
Entre el resto de aspirantes a magistrados se encuentran Berenice Ramírez Jiménez, Kyryat Masedany Flores Sánchez, Juan Carlos Díaz Carranza, Genaro Cruz Cruz, Jorge Armando Félix Toledano, Alejandro Magno González Antonio, María Antonia Esteva Domínguez, Oswaldo Pacheco Ramírez y Manlio Rigoberto Hernández Domínguez.