9 mayo, 2022

Protestas del Sector Salud de Oaxaca, ¿derecho laboral o chantaje sindical? 

Hablemos de Política 

Por Diego Martínez 

Una práctica común en los tres niveles de gobierno es la contratación de personal de confianza en toda la estructura administrativa, no obstante, cuando se emplea como bolsa de trabajo para pagar cuotas partidistas, favores personales, políticos o familiares y en contubernio con los representantes sindicales se crean bases sin solvencia presupuestal, tarde o temprano algo saldrá muy mal.  

Tal es el caso de la entidad oaxaqueña, en donde en tan solo 12 años se pasó de 7 mil a 18 mil plazas en el sector salud, de las cuales, más de 5 mil han sido pagadas con recursos que se tomaron indebidamente, de las prestaciones laborales de los trabajadores de base, generando un deficit anual de 1,600 millones de pesos, por lo que la deuda con terceros institucionales (ISSSTE, FOVISSSTE, etc) supera los 9,200 millones de pesos. 

Y aunque el actual mandatario, Alejandro Murat -quien presume que ya se está pagando la deuda- deberá explicar por qué esperó casi al final de su sexenio para denunciar y detener este saqueo, hoy debe asumir el costo social y político de no renovar la contratación de dicho personal y quizás, de tener que iniciar un procedimiento judicial en contra de uno que otro dirigente sindical y varios (ex) funcionarios, incluidos los que hoy trabajan en otras áreas del gobierno estatal. 

Después de mantener bloqueada una de las principales Avenidas de la capital oaxaqueña por 96 días y sus noches, la madrugada de este domingo fueron desalojados los integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca, conformada por cinco organizaciones con cerca de 200 integrantes cada una. 

Dentro de los manifestantes destaca el personal administrativo que fue dado de baja como parte de la reestructuración de los Servicios de Salud de Oaxaca, así como, personal de base formalizado, cuya principal lucha es mantenerse comisionados a su sindicato. 

De acuerdo a los inconformes, sus demandas básicas son el cese de despidos y la recontratación del personal que fue dado de baja al ser parte de un esquema laboral irregular que creció al interior de los Servicios de Salud de Oaxaca por más de 15 años.

El cual quizás continuaría de no ser por la implementación del nuevo sistema de salud federal que busca aglomerar a los servicios estatales en un solo organismo, para brindar -ahora sí- acceso universal y gratuito, a toda la población. Sin embargo, en el caso de Oaxaca, también puso en evidencia una red de corrupción transexenal que ha generado un daño al erario por más de 9 mil millones de pesos, según datos del gobierno estatal. 

Sin duda la “represión” denunciada por miembros de la Coordinadora que mantenían un campamento sobre Avenida Juarez, en donde alegan, había mujeres, mujeres embarazadas y hasta menores de edad, debe ser atendida y certificada por las instancias correspondientes, también los daños causados por el bloqueo que instalaron durante más de tres meses deben ser cuantificado. 

Porque más allá de la legítima defensa de los derechos de sus agremiados que deben emprender ante los embates laborales tanto gubernamentales como empresariales, se tiene que analizar a fondo la responsabilidad jurídica y financiera, de este robo y daño al pueblo de Oaxaca. 

Igual de importante que el detener el constante abuso y exceso por parte de las organizaciones sociales que emplean la movilización para el chantaje y la extorsión, todo ello con cargo al erario público y en flagrante violación a los derechos de la ciudadanía. 

Es cierto que la Constitución consagra el “derecho al trabajo digno y socialmente útil”, así como el de la manifestación, pero también lo hace con el derecho al libre tránsito y a la Salud, pero eso pareciera importar poco tanto al gobierno como a sindicatos. 

Entendemos que la crisis en el Sector Salud de Oaxaca no es algo nuevo y tampoco exclusivo de un solo gobierno, pero sí se ha ido agravando con la complicidad o indiferencia de cada administración, funcionario y líder sindical en turno.

Miles de millones de pesos que debieran destinarse a mejorar la infraestructura, servicios, equipamiento y prestaciones a la ciudadanía, se han perdido en un barril sin fondo llamado sindicalismo y burocracia, sustentada en acuerdos y cuotas políticas. 

Para nadie es secreto que los Sindicatos son de los negocios más redituables a los que uno puede pertenecer, sobre todo cuando se es parte de la punta de la pirámide. Desde altos salarios, prestaciones muy por encima a las de la ley y beneficios laborales adicionales; hasta la venta de plazas, autorización de proyectos o la contratación condicionada de productos o servicios, se convierten en fuentes de ingresos adicionales para muchos de los que logran llegar. 

Basta recordar como ejemplo, el caso del Delegado Sindical en la Dirección de Regulación Sanitaria, Juan Cruz, quien fue separado del cargo junto a seis de sus familiares que también trabajan en la dependencia de salud, por actos de corrupción, que incluían falsificación de documentos, extorsión y nepotismo.

Situaciones similares se repiten al interior de todas las estructuras sindicales, pero las repercusiones que tienen en el sector salud pueden ser devastadores para la sociedad, limitando o condicionando el acceso a miles de personas que no cuentan con otros recursos médicos. 

Por ahora el triunfo es del gobierno de Oaxaca, más no para las y los oaxaqueños, ya que ante las amenazas de volver a manifestarse bloqueando calles hasta que sus demandas sean atendidas, la administración muratista solo tendría como herramienta la fuerza pública o un diálogo que podría resultar estéril para los inconformes, ante la imposibilidad presupuestal para negociar.

Menos después de que el gobierno federal negara una “aportación extraordinaria” de mil millones de pesos para pagar “los logros sindicales estatales”, es decir bonos y demás prestaciones. 

Todo ello mientras la salud de las familias oaxaqueñas ha quedado fuera de la mesa de negociación, en espera de que la federación cumpla con la entrega de medicamentos y material de curación, y el estado asuma su responsabilidad en la contratación de servicios y el brindar equipo adecuado a Hospitales y Centros de Salud, sin ceder a los chantajes sindicales. 

No es una derrota” gritaron al dejar el campamento, “no hay nada más que hacer”, susurraron al abordar sus camionetas. 

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