Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva en contra de la política que ha implementado el gobierno de México a través de la Secretaría de Energía (Sener), limitando la participación del sector privado en la generación de energías renovables.

Los abogados de la asociación civil Defensa Colectiva, quienes llevan el caso, explicaron que esta resolución es la primera concedida contra la política que la Sener publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de una adicional contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril.

Este recurso frena ambas políticas en lo que llega el fallo final sobre la constitucionalidad de los acuerdos, que bloqueaban la interconexión de nuevos generadores renovables con el argumento de garantizar la “confiabilidad” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la pandemia, expuso la abogada Miriam Grunstein.

Los argumentos legales fueron “principalmente el derecho al ambiente sano de los mexicanos, también el derecho a poder elegir diversos proveedores de energías, entre ellos los de energías renovables y limpias, y también de seguridad energética”, comentó Grunstein, también consultora de Brilliant Energy Consulting.

Los acuerdos de Sener y Cenace ponen en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81, 500 empleos en el país, de acuerdo con las asociaciones de compañías energéticas en México.

En particular, la política de Sener usaba la “confiabilidad” para negar permisos a las energías renovables porque son “intermitentes”, detalló César Rincón, socio fundador de Defensa Colectiva.

“Lo que está permitiendo el juez es que sí puedan operar y puedan interconectarse y obtener permisos nuevos las nuevas fuentes de energías renovables a base del viento y del sol”, expuso Rincón.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el Gobierno mexicano, que primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar “un trato justo” para CFE frente a los privados.

Ciudadanos también se han organizado al denunciar que México se aleja de sus compromisos ambientales internacionales.

“Queremos insistir porque esto es un asunto de salud pública de la mayor importancia, incluso hablamos de que es altamente contradictorio que, en un contexto de una enfermedad respiratoria grave, se insista que los hidrocarburos deben ser el combustible de preferencia”, argumentó Grunstein.

El fallo definitivo sobre ambos acuerdos tardaría dos o tres meses, estimó la abogada.

El asunto, según Rincón, podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque la Sener y el Cenace deberán justificar la constitucionalidad de sus acciones.

“Lo que se está discutiendo aquí son asuntos de trascendencia nacional en donde prácticamente se está determinando si la nación debe ir en vías de cumplir con sus obligaciones internacionales de reducir los gases de efecto invernadero”, precisó.

Adicional a los efectos prácticos, la política ha afectado el clima de inversión en México al “proyectar una imagen de muy poca seriedad”, indicó Grunstein.

Por ello, destacó la independencia del Poder Judicial. “Nos da especial gusto la independencia del juzgador porque en un ambiente de autoritarismo como este podríamos tener juzgadores medrosos del poder presidencial”, reflexionó.

Con información de EFE.

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