25 noviembre, 2022

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CNDH acredita violaciones a los derechos humanos de José Eduardo Ravelo

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Justicia de Yucatán para que continúe con la investigación del posible homicidio y abuso sexual de José Eduardo Ravelo, un joven de 23 años, a manos de policías de Mérida en julio pasado.

El organismo autónomo señaló en un comunicado que, tras integrar un expediente, encontró elementos que permitieron evidenciar violaciones graves a los derechos a la vida, la libertad e integridad personal y la seguridad jurídica.

Aunque según la FGR, no existió tortura en contra del joven veracruzano, pero la CNDH acreditó lo contrario e incluso, la muerte sería atribuible a autoridades del estado, pues también hubo uso excesivo de la fuerza por el arresto del 21 de julio de 2021.

La CNDH contó con elementos suficientes para acreditar violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura

Y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida

Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán, tras el arresto y la supuesta tortura, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.

Pese a esto, el 13 de agosto cuatro agentes acusados de agredir al joven quedaron libres porque el juez consideró que no había pruebas suficientes en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el 18 de agosto de 2021 la madre presentó una denuncia y se inició la investigación por el posible delito de tortura.

A finales de agosto, se realizaron la exhumación del cadáver y la necropsia. En octubre, la FGR concluyó que Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención” y descartó que haya existido tortura o violación sexual por parte de los policías.

Frente a ello, la CNDH pidió a la fiscalía estatal continuar con la investigación, “a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables”.

Asimismo, pidió practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

Del mismo modo, recomendó trabajar con la FGR en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos contra el joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso a la justicia.

La CNDH también pidió colaborar ampliamente en la presentación y el seguimiento de las quejas que se formulen ante la Contraloría de la fiscalía estatal, por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia, y solicitó al ayuntamiento de Mérida ofrecer una disculpa pública a la familia de la víctima, así como reparación del daño con una indemnización.

Para la comisión, los afectados deben ser inscritos en el registro de víctimas para tener acceso a recursos de este fondo, y debe darse seguimiento a las quejas contra las autoridades que fueron omisas en brindar asistencia médica al joven por las lesiones que sufrió.

Versión de la FGR se desmorona

El pasado 28 de octubre de 2021, la FGR concluyó con estudios periciales que Ravelo Echavarría no fue torturado ni sufrió violación durante su arresto o mientras estuvo encarcelado.

“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, aseguró la dependencia ministerial.

Añadió que el cuerpo fue exhumado y se determinó que las lesiones fueron de alguien que se resistió a ser asegurado. También se conoció su estado de salud, el cual se reservó por respeto a la víctima.

La necropsia practicada arrojó que el joven falleció debido a una neumonía que no estuvo relacionada con traumatismo alguno durante su detención. Pero se investiga una posible negligencia médica por parte de personal que atendió al joven en el Hospital General de Yucatán.

Además, sí hubo presiones por parte del personal de la Fiscalía de Yucatán para ejercer acción penal en contra de policías municipales de Mérida, de modo que la FGR ha procesado esta parte del caso.

Sin embargo, la CNDH acreditó un estudio donde se demuestra que Ravelo Echavarría murió por un trauma de tórax cerrado y por una contusión pulmonar bilateral severa, las cuales fueron causadas por contusiones que infligieron agentes de la Policía de Mérida.

De igual forma se determinó que la necropsia al cadáver del joven por la Autoridad Responsable el 3 de agosto de 2021, no fue apegada a protocolos de actuación pericial.

Otro informe sobre las lesiones infringidas al detenido, precisó que aquellas contusiones en la parrilla costal de ambos lados y en las escápulas, corresponden al tiempo de su arresto.

Responsabilidad municipal

La CNDH también solicitó al Presidente municipal de Merida, el panista Renán Barrera Concha, ofrecer una disculpa pública a familiares del joven por violaciones a derechos humanos como la libertad e integridad personal, incluido el uso de la fuerza que llevó al fallecimiento. Aunado a ello se pagará una compensación considerando la gravedad de los hechos.

Los hechos

La detención de José Eduardo Ravelo ocurrió el pasado 21 de julio, luego de que arrojara un pedazo de concreto al interior de un local. En algún punto del trayecto, como en los separos, se acusó que fue violado. Algo que la FGR ha descartado.

María Ravelo Echeverría, madre del joven llegó a Mérida dos días después de que su hijo fuera liberado. Ambos acudieron a la Fiscalía de Yucatán y el médico legista determinó enviarlo al hospital, donde finalmente falleció el 3 de agosto debido a la gravedad de sus heridas; la causa de muerte: síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo.

Cuatro días más tarde, la madre llevó el ataúd con el cuerpo a las afueras del Palacio de Gobierno del estado y pidió justicia. Horas después se detuvo a cuatro agentes municipales. El caso conmocionó al país desde la península por supuestas causas de brutalidad policial, pero la FGR apuntó a quienes atendieron al paciente y aquellos que presionaron para, presuntamente, fabricar culpables.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la intervención ministerial y de la Secretaría de Gobernación federal. Aseguró que no habría impunidad y volvió a señalar vejaciones por parte de policías.

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