30 junio, 2022

Oaxaca, sistema de corrupción 

Oaxaca, sistema de corrupción 

Oaxaca, en el sureste mexicano, es referente mundial de cultura, tradiciones y riqueza natural. Sin embargo, también es un ejemplo de pobreza y marginación, realidades estrechamente vinculadas a un factor: la corrupción. 

Desde hace varios sexenios, el estado ha vivido un estancamiento social y económico en donde el desarrollo y la riqueza se limita al círculo cercano del gobernador en turno. Quien permite el saqueo desmedido de los recursos económicos y naturales de las ocho regiones, ya sea por complicidad o ignorancia. Y la actual administración no es la excepción. 

Cuentas Públicas reprobadas por la falta de transparencia en el ejercicio del erario; obras de infraestructura sin concluir y sin recursos para ello; decenas de empresas “fantasma” con contratos millonarios; despojos inmobiliarios y millones de pesos sin comprobar ante instituciones federales e incluso organismos internacionales como el Banco Mundial, son solo algunas de las denuncias que enfrenta el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.  

No obstante, desde el inicio de su gestión se instauró una red de corrupción que le ha permitido al mandatario originario del Estado de México, así como a docenas de funcionarios y autoridades municipales en las dos entidades, actuar con total impunidad, enriqueciéndose a costa del bienestar de las familias oaxaqueñas. 

Pero para entender cómo funciona la protección institucional que se ha brindado a la política de saqueo que impera en Oaxaca, se debe empezar por analizar el propio Sistema diseñado para combatir la corrupción en el estado. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Comité Coordinador del SNA está integrado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, los titulares de la Auditoria Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Secretaría de la Función Pública, así como por la Comisionada Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la Judicatura y el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Además, existe una Secretaría Ejecutiva integrada por un titular y los miembros del Comité de Participación Ciudadana, a excepción de su Presidente y cuya misión, es “fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Dicho esquema se ha replicado en las entidades federativas con el objetivo de brindar a la ciudadanía y a los órganos autónomos, mayores herramientas y coordinación que permita alcanzar resultados tangibles en la lucha contra la corrupción bajo el proceso de prevención, fiscalización, detección y en su caso, sanción. 

No obstante, en algunos estados como es el caso de Oaxaca, el combate a la corrupción ha sido señalado como una simulación, sobre todo tras diversas denuncias presentadas tanto en el Pleno Legislativo, como en los tribunales, pero que han sido ignorada, desechadas o incluso justificada por las instituciones responsables de erradicar este mal social. 

El 20 de mayo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, reglamentaria del artículo 120 de la Constitución local y el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La Ley establece que el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción estará integrado por el Comité Coordinador y el Consejo de Participación Ciudadana; teniendo por objeto “establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos, y aplicar en el ámbito local los generados por el Sistema Nacional Anticorrupción para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Además, según su artículo sexto, “las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción son obligatorias y deberán ser implementadas por todos los entes públicos”, siendo la Secretaría Ejecutiva quien dé seguimiento a su implementación.

Este Comité debe ser presidido por el representante del Consejo de Participación Ciudadana e integrado por el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), el de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Cargos que en su mayoría, son ocupados por personajes cercanos al gobernador Alejandro Murat y su padre, el exgobernador José Murat Casab. 

En el OSFE, Guillermo Menchu Velázquez quien fuera exsecretario de Finanzas durante la administración de Murat Casab, ocupó el cargo hasta hace unas semanas. 

La Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa la ocupa Manuel Velasco Alcántara, cercano colaborador de José Murat y Vocero de Alejandro Murat durante su campaña electoral en el 2016. 

En el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, la relación es mucho más estrecha ya que quien fuera su titular María Antonieta Velásquez, es ahijada del gobernador, Alejandro Murat. Aunque el IAIP ahora es el “OGAIPO”, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual está a cargo de José Luis Echeverría Morales, quien fungió como subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno en la administración de Murat Hinojosa. 

Otro de los miembros de la Comisión Coordinadora es José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien incluso ha justificado la contratación de empresas boletinadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por incurrir en el supuesto del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual advierte la posible comisión de delitos a través de la emisión de comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para cumplir con los servicios, productos o bienes contratados, llamadas comúnmente como “factureras”. 

A esta postura se suma el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas, quien fue nombrado en junio del 2017 pero hasta la fecha no ha podido entregar mayores resultados en la lucha contra la corrupción justificándolo con la falta de recursos económicos, materiales y humanos, e incluso responsabilizando al Fiscal General por ello. 

No obstante, durante los últimos meses sí ha contado con los recursos para investigar y presionar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en quienes recae la Presidencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; así como al Comité que los designó. 

Todo ello por un conflicto entre el Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, José Esteban Bolaños Guzmán, hermano de Raúl Bolaños Guzmán, uno de los más cercanos colaboradores de Murat Casab, así como padre del actual Senador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué, quien antes de ser designado como legislador se desempeñaba como secretario particular del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

El último espacio en el Comité lo ocupa el representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, quien ha sostenido públicamente una confrontación con el grupo afín a la familia Murat. 

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana está conformado por cinco integrantes, Sandra Maribel Méndez Cruz quien fue electa como Presidenta del Consejo, cargo que ocupará por un año en el que estará acompañada de Lisette Soriano González quien ejercerá como Consejera por un periodo de tres años; Félix Pérez Lucas quien estará por un periodo de cuatro años; Claudia Rubí Ríos Palacios por un periodo de cinco años y Juan Pablo Morales García quien formaría parte de este órgano por un periodo de dos años, sin embargo presentó su renuncia aludiendo motivos personales, por lo que dejó una vacante que aún se mantiene en la incertidumbre. 

Los Consejeros y Consejeras fueron seleccionadas por medio de una convocatoria emitida por el Congreso local como parte de una reestructuración al interior del Sistema Anticorrupción, en donde se determinó extinguir al Comité de Participación Ciudadana para dar vida a este nuevo organismo. 

Dicha decisión así como el proceso, fue señalado por estar plagado de irregularidades e incluso el gobernador emitió un veto total al decreto que crea la la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, creando diversas controversias legislativas, jurídicas y administrativas. 

Por un lado, los miembros del extinto Comité de Participación Ciudadana, encabezados por Pablo Munguía Gaytán quien continúa ejerciendo funciones con apoyo de funcionarios y algunos legisladores afines al gobierno estatal, así como del Secretario Técnico, quien continúa autorizando el pago de salarios y prestaciones para este organismo. 

Y por el otro, a los nuevos Consejeros y Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, quienes al igual que algunos integrantes de la Comisión de Selección, han denunciado ser víctimas de intimidaciones, violencia laboral, económica y psicológica, teniendo que solicitar medidas cautelares para proteger su integridad física, familiar y patrimonial. 

Entre los afectados se encuentra Juan Carlos Chávez Martínez, miembro de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y uno de los críticos más activos a la forma en que opera el citado organismo. Así como la propia Presidenta del Consejo del Consejo de Participación Ciudadana, Sandra Maribel Mendez Cruz, con quienes conversamos para conocer a detalle la situación que se vive en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Te compartimos parte de esas entrevistas:

Polígrafo: Buenas tardes Juan Carlos, por favor, ¿nos puedes contar qué está pasando con el Sistema de Combate a la corrupción?

JC: Quisiera ponerte un poquito en contexto de todo el tema de anticorrupción de Oaxaca, porque creo que todo eso es una forma de entender por qué nos están persiguiendo.

En todos los estados hay un sistema estatal del combate a la corrupción, que está integrado por varios órganos. Uno de ellos es el Comité coordinador y aglutina, digamos en la parte más arriba de la estructura, a servidores de alto nivel. Por ejemplo, al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, al Consejo de la Judicatura, a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, al órgano garante de trasparencia, etc.  

Yo siempre digo, son todas las autoridades que conforman este comité, y ellos bueno, deberían estar, digamos trabajando para que funcione este sistema, para que combatamos la corrupción. Y luego, hay otro órgano ciudadano que se llama Consejo de Participación Ciudadana y, bueno, yo he tenido el honor y esa responsabilidad de formar parte de la Comisión de selección del Consejo de Participación Ciudadana y, entonces, nosotros elegimos a cinco ciudadanos porque hubo una reforma constitucional, hay un decreto constitucional que extingue al anterior Comité de Participación Ciudadana y, entonces ahorita se llama Consejo de Participación Ciudadana, debo decir dando origen al Consejo y a nosotros.

Bueno, ¿qué hace el Consejo de participación ciudadana? pues aglutina a todos los ciudadanos que quieran combatir la corrupción en Oaxaca. Y bueno, nosotros como órgano colegiado, nosotros tenemos un cargo honorífico. Es importante decirlo, porque viene a colación lo de mi tuit, en redes sociales, en donde yo manifiesto que estamos siendo perseguidos por el fiscal anticorrupción. Entonces a nosotros nos giran un oficio que está dirigido al Congreso del estado, en donde están solicitando los datos personales y digamos, formas de localizarnos como órgano ciudadano. Es un despropósito, porque la Fiscalía no tiene atribuciones.

Hay tipos penales que se deberían de perseguir en el estado de Oaxaca y nosotros, bueno no se configura ningún tipo penal ni tampoco somos servidores públicos, como para que la Fiscalía anticorrupción nos esté persiguiendo.

Entonces hay un uso faccioso de las instituciones, en este caso de la Fiscalía anticorrupción, tratando de intimidarnos, como vulgarmente dicen, tratan de acalambrarnos.

Polígrafo: ¿A qué cree que obedezca esta situación? 

JC: Bueno, hay mucha gente que me pregunta, y ¿por qué les están haciendo eso?. La verdad es que nosotros no tenemos vela en el entierro de nada, de manera de hipótesis, es porque nuestro coordinador Erick Gómez forma parte de la UABJO, y en esta persecución política que hay de la UABJO, pues a todos los comisionados que tiene afiliación pues los quieren amedrentar. Yo la verdad no estudié en la UABJO, entonces, esa es una hipótesis. 

La otra hipótesis es que el contralor del estado Jesús Díaz Navarro le pidió a José Emilio Iruegas, perseguirnos y como vulgarmente dicen, meternos este calambre, este susto, de que la Fiscalía nos está persiguiendo y está preguntando por nosotros, pues para que nadie les diga nada. 

Salió el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción, de transparencia internacional y México está en los últimos lugares Y ¿por qué no avanzamos en el tema del combate a la corrupción? Irónicamente, los órganos encargados de ayudarnos a combatir la corrupción son los más corruptos. 

Entonces, en un uso faccioso de las instituciones, la Fiscalía que ni siquiera tiene atribuciones para investigamos. porque somos ciudadanos, somos un órgano ciudadano que fue electo por el Congreso del estado. 

El pretexto es una notificación contra la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, en contra de nosotros, que somos 9 ciudadanos y nos están buscando. Y la fiscalía no tiene atribuciones para perseguir ciudadanos, nosotros no percibimos ningún sueldo, es un cargo honorario, es decir, no nos han dado ni un peso. Pero lo hacemos con mucho gusto, porque creemos en las instituciones.

La Fiscalía se ha puesto en este papel de perro de caza, tratando de buscar a los ciudadanos, tratando de asustarnos, la verdad es que no tiene atribuciones y, es un despropósito, es un sin sentido, y por eso yo salí a manifestar públicamente que estamos siendo perseguidos, porque a final de cuentas es una institución del gobierno actual y bueno, esa es la consigna de la Contraloría y del gobierno del estado. 

Mi papá siempre dice, el que nada debe, nada teme. Nosotros somos ciudadanos, no somos ni servidores públicos, entonces, todo eso se da en un contexto. Y también tiene que ver mucho con la renuncia de Juan Pablo Morales, es un académico al que elegimos, porque tenia las credenciales para ser consejero, pero renunció, porque Díaz Navarro empezó con su control con el sistema anticorrupción, le dio la instrucción, a los antiguos, o al ex Comité de participación ciudadana, le dijeron, ¿saben qué? Ustedes sigan trabajando; por lo que hay una usurpación de controles por parte de este extinto Comité de Participación Ciudadana. 

Entonces, no nos han dejado trabajar, nos han intimidado, y luego, se viene también el tema del secretario técnico, José Esteban Bolaños Guzmán, es tío de un Senador, este señor concursó para ser Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal del Combate Contra la Corrupción. 

La Secretaría Ejecutiva es el órgano técnico del sistema, entonces son ellos los que les pagan vía honorarios y siguen cobrando, el comité de participación ciudadana, el extinto comité sigue cobrando hasta la fecha y ellos no deberían estar cobrando, pero las personas que tienen control del sistema tratan de perpetuar sus intereses. 

Y bueno, renuncia uno de los Consejeros, es muy probable que nosotros tengamos que elegir un nuevo integrante, entonces, nos están metiendo el calambre, porque no quieren que elijamos. 

Hay noticias en el Congreso de que nos quieren desaparecer, nos quieren borrar a todo el Sistema. Hay una consigna por parte de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción para hacer otra vez una Reforma constitucional, proponer una nueva Ley Anticorrupción y bueno, desaparecer a esta comisión de la que formo parte, desaparecer al consejo de participación ciudadana y bueno, volver a emitir una nueva convocatoria, para buscar nuevos consejeros, integrantes del comité como le quieran llamar. 

La verdad es que hay un desmantelamiento de todas las instituciones anticorrupción del estado. El tema de anticorrupción es complejo, entonces se da esta persecución de los órganos ciudadanos porque hay muchos intereses de por medio.

Polígrafo: ¿Qué cree que intenten ocultar? 

JC: Mucho tiempo, Jorge Emilio Iruegas dijo que no tenía dientes para iniciar los procesos de investigación para actos de corrupción del gobierno actual, de gobiernos anteriores, contra servidores públicos, etc. y ahora sí tienes dinero para andar intimidado a los ciudadanos. 

Hay una red de corrupción dentro del propio sistema que también provee de recursos. Todos reciben su lana, y nadie quiere que se les acabe el negocio millonario, porque va a haber un relevo de gobernador, relevo de las instituciones y están bien preocupados, porque cómo le van a hacer para comprobar todo, cómo le van a hacer para ocultar todo lo que han hecho.

Yo creo que se metieron con los equivocados, porque nosotros tenemos de nuestro lado a los ciudadanos oaxaqueños y también a los medios de comunicación, si esto se pone feo, estamos pensando en tener la audiencia con el presidente de la República.

Hay muchas áreas de oportunidad para trasparentar en el estado y, precisamente, esas áreas son las mas opacas, las más oscuras. Tenemos todo el tema de obra pública, digamos todo el sector de obras públicas, todos ellos tienen la oportunidad de trasparentar, pero ellos también se han visto afectados por la corrupción. 

Tienen todo el ámbito de la burocracia como tal, trámites, gestiones, permisos, licencias, todos ellos también han visto afectados por la corrupción. 

Ahorita, por la pandemia, el sector salud se vio muy afectado por la corrupción, ahí tenemos los casos de la compra de materiales y equipos a sobrecosto. 

Yo creo que esas han sido las áreas que más corrupción han tenido. Son áreas de oportunidad para transparentar. El combate a la corrupción inicia con las personas y que traten de luchar contra la corrupción. 

Polígrafo: ¿Qué se necesita para que la lucha contra la corrupción funcione? 

JC: Te diré una cosa, los paisanos cuando cruzan la frontera se ponen el cinturón de seguridad, porque saben que ahí las instituciones sí funcionan. Y te multan, es una buena multa para que no lo vuelvan a hacer, y en México pues les vale un cacahuate, no hay un estado de derecho, entonces, los ciudadanos también tenemos el compromiso respecto de hacer algo o combatir la corrupción desde nuestras trincheras, desde nuestro trabajo, desde las oficinas, personas que nos rodean. En mi caso me toca desde la Comisión de selección, todavía alguien decía en redes sociales, es que ustedes son el primer eslabón, sí somos el primer eslabón y aquí me tienes. Le vamos a entrar porque creemos que Oaxaca se merece algo mejor, ya estamos hartos de vivir en un ambiente corrupto y por eso estamos promoviendo el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. 

Esa es la meta. Convivir en un lugar donde nadie te pida un moche, una lana, libre de nepotismo. 

Polígrafo: ¿Y el Consejo de Participación Ciudadana puede realmente hacer algo? 

-JC: La verdad es que el Consejo no tiene atribuciones como la Fiscalía anticorrupción, es más como la de un ciudadano vigilante, señalar. Es un medio para vincular a las autoridades, para decirle a la Fiscalía anticorrupción, ve a checar la obra, o dentro de tus atribuciones empieza los procesos de investigación y de responsabilidad administrativa pertinente. Incluso a los Poderes. 

Lo que se puede hacer es emitir recomendaciones, tipo CNDH, no pueden denunciar, un ciudadano sí, pero el Consejo no, porque la ley no lo faculta.

Pero ahorita como el Comité Coordinador tiene la consigna de no darle la presidencia al nuevo Consejo, pues ni siquiera está operando, es más, ni siquiera han sido públicas las sesiones del Comité Organizador. No hay nada, no hay una página donde puedas consultar quiénes son esas personas, dónde sesionan. Y con la consigna de que la presidencia del comité organizador no sea presidida por Sandra Maribel Méndez, que es la nueva presidenta del consejo, pues ahorita no están haciendo nada. 

Polígrafo: ¿Qué opción les queda? 

JC: Yo le llamaría cartas públicas, de empezar a decir aquí hay corrupción. Tienen el apoyo de la ciudadanía para denunciar, pero denuncias públicas, ya que legalmente no pueden hacer nada porque hay instituciones establecidas para ese propósito.

O un Parlamento abierto, con la Comisión, con los ciudadanos, con todos y yo sí estoy de acuerdo que la Ley te posibilite dos cosas: Uno, fiscalizar y sancionar al consejo de participación ciudadana, si no están haciendo su chamba, ni rindiendo cuentas, si caen en corrupción, pues que se les investigue, pero ahí tendríamos que cambiar la figura jurídica, ya no seria un Consejo de participación ciudadana, tendría que ser otra cosa. Porque por eso mismo no se ha investigado a Pablo Munguia a Adrián Córdoba, Reyna Santillán, por toda la corrupción y usurpación de funciones, porque ¿cómo sancionas a un órgano ciudadano?

Entrevista Sandra Maribel Mendez Cruz

Polígrafo: Presidenta, ¿Cuál considera es el problema de fondo? 

SM: Desgraciadamente nosotros no somos políticos, somos ciudadanos, bueno yo lo veo afortunadamente, ¿por qué? Porque no tenemos compromiso con ningún político, manejan mucho de que Morena nos puso. No es cierto, el diputado Fredy Delfín, cuando nos designan a los dos, tres días, cuando nos mandaron a llamar, fue muy claro, yo no tuve que ver nada en su designación, o sea que conmigo no tienen ningún compromiso, ni tiene que ver nada.

Nosotros participamos con base a una convocatoria, esa convocatoria, no la inventó el Consejo, el ahora Consejo, esa convocatoria fue formulada por los integrantes de la Comisión de Selección, esa Comisión la nombró el Congreso. 

Entonces, ¿quién es el responsable de esa situación? El Congreso, por no haber hecho las cosas bien, por permitir incurrir en omisión legislativa, si ellos, dentro de los 60 días que les marcó su propio decreto, hubieran publicado la ley, no hubiera estos problemas. Yo como el Comité lo entiendo, entiendo su postura, porque ellos están peleando sus ingresos, es la cruda realidad, están peleando sus ingresos, pero si nos podemos a analizar, ¿qué resultados han dado? 

Del Comité están saliendo muchos videos que pone en entredicho su designación transparente. Yo no prejuzgo, pero lo que se ve no se juzga, o sea, yo no creo que se hayan inventado esos audios.

Es muy simple, nosotros como Comité teníamos planeado empezar por la Secretaría, ¿qué has hecho?, ¿por qué?, porque tengo entendido que son casi 18 millones de pesos los que se reciben. ¿Cuántos años?, ¿Cuántos recursos? Resultados. Ya no estamos en el tiempo en que podemos seguir engañando a la ciudadanía, de que tengamos en la fila a gente que no trabaja y que nomás va a cobrar, porque nada más se va a sentar sin tener la capacidad de poder ejercer el cargo, o sea, yo no considero que sea malo que llegues a un cargo sin saber, aprendes, si tienes la intención aprendes, aprendes rápido, porque por la misma dinámica, por la actividad, pero hay gente que no da resultados.

Bolaños es quien se ha opuesto terriblemente al Consejo, nos ha dicho una N de cosas. Ya presentamos queja en Derechos humanos, ya promovimos amparo, ellos también promovieron amparo, pero nosotros tenemos una ventaja, yo lo veo con una ventaja, nosotros creemos en la ley, al creer y tener confianza en la ley, esto, ahorita está en los juzgados con el Poder Judicial.

Ellos tienen sus amparos y nosotros promovimos los nuestros porque desde que nos nombraron y tenemos el cargo, no nos han pagado, no hemos firmado contrato. Nosotros somos de honorarios y con recursos propios hemos subsistido, pidiendo prestado, porque la ley es muy clara y dice que para ser tú Consejero, no puedes trabajar, ni trabajos personales, ni nada, para que te dediques al Consejo.

Polígrafo: ¿Qué han podido hacer durante este tiempo? 

SM: Durante este tiempo que ha funcionado el Consejo, ya hicimos nuestro reglamento, estamos trabajando en la normatividad interna que nos dicta, hemos tenido reuniones con diferentes integrantes de la sociedad civil, con la Benito Juárez se firmó un convenio, estamos en vías con la URSE y estamos buscando un acercamiento, porque nosotros estamos previendo que debemos de manejar el combate a la corrupción al hacerles saber qué es, qué actos se pueden calificar como corruptos, qué acciones se pueden tomar. Si nosotros lo llevamos a nivel medio superior, los nuevos o futuros profesionistas, ya van a tener un conocimiento claro, porque, aunque no lo creas, hay chicos que no lo saben y lo vemos como algo cotidiano.

Si tú le dices a un chico, cuando el tránsito te para que le ofrezca un billete, eso es corrupción, pero si vamos a la realidad lo ven como algo normal, ya estamos normalizando la corrupción, eso no es correcto, porque nos está llevando a la descomposición social que actualmente atraviesa, no solo Oaxaca, desgraciadamente México está en un deshonroso lugar en materia de corrupción. Que no sé si la sociedad vislumbra todo lo que conlleva, porque ahorita te toca a ti un cacho de corrupción, mañana me toca a mí, cuando nos toca es cuando nos duele y estamos perdiendo eso, la empatía, la solidaridad y yo considero que ahorita es el momento. A lo mejor sueno muy utópica y soñadora y a lo mejor como me decía un amigo: el que no transa no avanza. Eso no es cierto, sí claro, vas más despacito, pero vas y vas con la cara limpia, con las manos limpia y como le comenté a un servidor público, yo tengo entendido que ya me revisaron, revisen todo. 

Polígrafo: ¿Cómo afecta el Veto del Gobernador? 

-SM: Hubo un veto por parte del gobernador, este veto nosotros lo analizamos y se ve claramente que fue ordenado, porque te manejan cuestiones de semántica que no son ciertas, sin bien es cierto que los que proyectaron la ley se excedieron, hubo excesos, sí. Y yo como le dije en su momento a la diputada Miriam (Vázquez Ruiz), que la felicitaba, porque considero que todos somos humanos y cometemos errores, lo importante es detectar esos errores y corregirlos, cuando ellos aceptan el veto total y como yo no puedo juzgar su trabajo, ellos sus razones tendrán, también les felicité, porque nos dan una oportunidad de corregir lo que sí está excedido, más no era ilegal, porque una cosa es ser ilegal y otra cosa es que se excedieran en unas cosas.

La ley la pasaron a Consejería, la Consejería analiza y es un derecho del gobernador, una facultad, de que cuando una ley, de acuerdo cuando sus asesores, consejeros no es la correcta, la veta. El veto puede ser total o parcial, aquí el veto fue total, lo que implica que se tiene que trabajar en una nueva ley secundaria.

-Polígrafo: ¿El Veto incluye al Consejo?

SM: No, es que el Consejo no surgió por una ley, surgió por una reforma constitucional y eso es la gran diferencia. Legalmente, nosotros como Consejo tenemos las facultades y nuestra existencia está regulada por el 120 constitucional, por lo cual el Comité está usurpando funciones.

El decreto fue muy claro, se extingue todo lo que suponga al presente, tú Comité te opones, tú, no la ley, porque se interpreta que ese Comité ahora es Consejo, porque nosotros surgimos de una reforma y nuestra existencia está prevista en el 120 constitucional que está vigente. 

La Constitución es la máxima ley y no puedo yo comprender por qué están dándole más valor a una ley secundaria que a la constitución, pero ahí es cuestión de interpretación y de como tú la interpretes a quien tiene el poder.

Me hicieron el comentario que el Congreso pretende reformar otra vez la Ley y digo, qué tristeza, entonces en la Constitución va a estar a modo de cada legislatura, ¿dónde está el respeto a su investidura y el respeto a la voluntad del pueblo?.

Yo en lo personal digo, no es a fuerza de que  esté el Consejo, a nosotros que nos digan, sabes qué eres ilegal, por esto, esto y esto, pero que nos lo razonen jurídicamente, porque ahorita lo que es un abuso del poder, algo que era legal lo volvieron político y en lo político nosotros no tenemos la fuerza que tiene  los otros, tenemos la razón, el derecho y por eso te repito, ¿quién va a decidir esto?, el Poder Judicial.

-Polígrafo: ¿Cuál ha sido la postura de la actual Legislatura? 

-SM: Desde que se conformó la Comisión de Vigilancia del Sistema de Combate a la Corrupción, hablé con la Diputada Miriam sobre la situación.

Nosotros ahorita ya trabajamos un proyecto de Ley pero necesitamos que nos escuchen. Ahorita se están buscando las reuniones, espero que nos escuchen, nos den un espacio.

Como ciudadanos no podemos dejarnos, no podemos ser apáticos, no podemos darnos por vencido. Lo oaxaqueños tiene un reconocimiento, de que generan cambios, de que no son dejados, que no son sumisos, quizás hemos sido en los últimos años. Ahorita la pandemia nos vino a encerrar en las casa, lo cual fue benéfico para la administración, desgraciadamente, y en todos los sentidos.

Y te lo juro así, yo no tengo intención de que a fuerzas me reconozcan, a fuerzas ni los zapatos entran, simplemente que hagan las cosas conforme lo marca la ley. Yo no llegué a imponerme con el consejo, ni a quitarle el lugar a nadie, el congreso fue quien abrió la puerta para participar en una convocatoria, actuamos conforme a derecho.

Y no te voy a mentir, hay días donde me frustro, me desespero, me canso. Dice una compañera que es madre soltera, tiene dos hijos, yo tengo que mantener a mis hijos, y tiene toda la razón, sabemos que aquí no tenemos horarios, que te vas al Congreso a las 10 de la mañana y vas saliendo a las cinco o seis de la tarde para que te reciban, lo sabemos, pero es muy triste ver que esta madre soltera, con dos hijos, tiene que buscar, porque no le quieren pagar lo que por derecho le corresponde, y lo entiendo, y me duele, ¿y qué podemos hacer? Nada. 

O sea, nos están ahorcando, nos están obligando a renunciar, pero no lo vamos a hacer, yo no lo voy a hacer, porque tengo un año y en ese año yo tengo la obligación moral de continuar y hasta que me toque.

A lo mejor yo sí soy muy ilusa, pero yo sí creo en el derecho, en la justicia pero a los servidores públicos se les olvida la esencia del servicio público, la ley de responsabilidades es muy clara y te dice qué características tiene el servicio público. 

Fragmento del Artículo “Oaxaca, sistema de corrupción”, publicado en la Revista Polígrafo.

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