• La diputada Sodi Miranda (PRD) propone cambios a la ley en la materia
La diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) impulsa reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de garantizarles el derecho al acceso a los servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y a la capacitación de su uso.
Plantea establecer que son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación que les permitan acceder a un trabajo digno.
La iniciativa, que busca modificar los artículos 5 y 10 de dicha ley, y que fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, añade que gozarán de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo digno, así como a recibir protección de las disposiciones de tratados internacionales de los que el Estado forme parte.
Resalta que la mayoría de esta población se encuentra en situación de pobreza y con pocas oportunidades para satisfacer sus necesidades más básicas, las cuales se incrementan por las limitaciones sociales, de trabajo y de falta de capacitación para el manejo del uso de medios tecnológicos que les permitan desarrollarse dentro del ámbito laboral.
Menciona que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en su nueva edición (ENOE), durante el primer trimestre de 2021 la tasa de actividad económica en los adultos mayores fue de 29 por ciento. En los hombres (45 por ciento), esta tasa es casi tres veces mayor al de las mujeres (16 por ciento). La participación económica disminuye conforme avanza la edad.
Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geogafía, añade, las personas mayores de 60 años son consideradas personas frágiles que no cuentan con el desarrollo de habilidades, de aprendizaje y de adaptación, menos productivas e incapaces de resolver problemas que se generan en el entorno laboral y que no trabajan bien porque su aprendizaje no evoluciona ni se desarrolla, colocándolos en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
Destaca que, de acuerdo con las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población para 2030, el número de personas adultas mayores de 60 años o más se incrementará sustancialmente, lo que obliga a mejorar la capacidad institucional para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven, mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social, velar porque no experimenten discriminación en el trabajo, que no padezcan violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida.
Por ello, sostiene que se debe garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, sentar las bases y disposiciones para que las empresa públicas y privadas den cumplimiento irrestricto a los mismos y sean tomadas en cuenta en cualquier ámbito laboral.
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